Un ex alto cargo alega indefensi¨®n para interrumpir su declaraci¨®n ante Alaya

¡ª¡°Se llama al orden al letrado porque le est¨¢ tocando la chaqueta al imputado (...) Le pido que deje de interrumpir los interrogatorios y juegue limpio¡±, dijo la juez Alaya.

¡ª¡°No he interrumpido, no he tocado la chaqueta y no acepto que se me diga que juegue limpio¡±, replic¨® el abogado.

La tensi¨®n ha vuelto al juzgado sevillano del caso de los ERE hasta el punto de provocar la interrupci¨®n del interrogatorio al ex n¨²mero dos de Presidencia de la Junta de Andaluc¨ªa Antonio Lozano. El exviceconsejero, acusado de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, ha respondido a solo ocho preguntas de la magistrada antes de abandonar la sala porque consideraba que sus derechos y garant¨ªas no estaban siendo respetadas. Alaya le hab¨ªa acusado de hacer ¡°teatro¡±. El abogado de Lozano, Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano, ha protestado: ¡°Es la expresi¨®n m¨¢xima de la falta de respeto al que est¨¢ declarando¡±. A continuaci¨®n, el letrado ha abundado en su cr¨ªtica contra Alaya: ¡°La juez no quiere grabar los interrogatorios para que no se vea lo que pasa aqu¨ª dentro¡±.

Mohedano hab¨ªa solicitado sin ¨¦xito que se grabara la sesi¨®n, pero Alaya ha rechazado su petici¨®n: ¡°La grabaci¨®n aumentar¨ªa la expectaci¨®n medi¨¢tica que existe sobre el asunto al poder disponer los medios de comunicaci¨®n de la grabaci¨®n¡±, ha alegado la magistrada, que considera suficiente las actas del secretario del juzgado para dejar fe de lo declarado.

Durante el interrogatorio, Alaya ha ordenado al abogado que se separara de Lozano para no darle indicaciones, y el acusado ha protestado porque el acta no reflejaba de manera fiel sus declaraciones.

La juez acusa a Lozano, antiguo director general de Presupuestos del Ejecutivo aut¨®nomo, de tramitar 12 modificaciones presupuestarias para el fondo de los ERE mediante las transferencias de financiaci¨®n, una f¨®rmula que la juez estima que el Gobierno andaluz emple¨® para evitar los controles de la Intervenci¨®n General en la concesi¨®n de subvenciones. Alaya ha imputado al ex alto cargo el incumplimiento de la Ley General de Subvenciones y la Ley General de Hacienda P¨²blica al tramitar ayudas por una cuant¨ªa de 57 millones entre 2002 y 2009. ¡°El inculpado pretend¨ªa, en connivencia con otros, conseguir un sistema f¨¢cil para la concesi¨®n de ayudas sociolaborales, de forma que, bajo el argumento de la agilidad y la paz social, se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervenci¨®n y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminaci¨®n¡±, reza el acta de imputaci¨®n.

Alaya le ha achacado haber conocido el ¡°uso inadecuado¡± del fondo de los ERE porque participaba en una reuni¨®n anual de t¨¦cnicos previa a la elaboraci¨®n del anteproyecto del presupuesto de la Junta: ¡°Participar¨ªa activamente en alterar la realidad presupuestaria (...) simulando la existencia de unos gastos en la cuant¨ªa necesaria para equilibrar los ingresos recibidos mediante las transferencias de financiaci¨®n¡±.

La tesis incriminatoria de Alaya se resume en que tanto Lozano como otros altos cargos ¡ªen julio fueron imputados 20 de ellos, incluida la exministra Magdalena ?lvarez¡ª sab¨ªan que las transferencias de financiaci¨®n eran utilizadas para conceder subvenciones directas a empresarios y financiar los ERE, cuando la ley no contempla esta opci¨®n.

Antonio Lozano ha admitido que este mecanismo de pago no pod¨ªa destinarse a financiar operaciones con un fin concreto. Y ha alegado que su direcci¨®n general desconoc¨ªa la forma concreta en la que se realizaba la gesti¨®n del fondo, que correspond¨ªa a la direcci¨®n general de Trabajo. Cuando Alaya ha preguntado sobre el detalle de an¨¢lisis del fondo de los ERE, el ex alto cargo ha rechazado que lo conociera.

Sin embargo, la defensa de Lozano ha sido muy limitada, ya que solo ha respondido ocho preguntas. Lozano ha defendido la legalidad de los instrumentos de financiaci¨®n de los ERE, aprobados por el Parlamento andaluz.

Al final de la tensa y breve comparecencia, iniciada con 45 minutos de retraso, ni la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ni la Junta y UGT como acusaciones ha pedido medidas cautelares contra el n¨²mero dos de Presidencia hasta el pasado septiembre. El PP y la organizaci¨®n Manos Limpias han solicitado una fianza por responsabilidad civil de 76 millones (57 millones de las ayudas tramitadas m¨¢s un tercio que establece la ley). Alaya decidir¨¢ al respecto en las pr¨®ximas semanas.

La presidenta de la Junta, Susana D¨ªaz, ha rechazado pronunciarse sobre la comparecencia de Lozano: ¡°La justicia, a hacer su trabajo y el gobierno a gobernar¡±, ha zanjado. Mientras, el PP ha insistido en su estrategia de intentar minar al Ejecutivo con el caso de los ERE pese a que D¨ªaz ha prescindido de cargos relacionados con el caso. ¡°No pasar¨¢ un solo d¨ªa sin airear el vergonzoso caso, frente a la ley del silencio que quieren imponer la Junta y el PSOE¡±, ha comentado la secretaria popular de Territorio, Alicia Mart¨ªnez.