Anticorrupci¨®n estima que ?lvarez supo del ¡°uso perverso¡± del fondo de los ERE

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n avala la imputaci¨®n en el caso de los ERE de Magdalena ?lvarez, exministra socialista de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, porque estima que hay indicios de que puede encontrarse entre los ex altos cargos que conocieron el ¡°uso perverso¡± del fondo de los ERE y por tanto ¡°lo hicieron posible o sencillamente no lo evitaron¡±. Ese ¡°uso perverso¡± se refiere a la utilizaci¨®n inadecuada del mecanismo de pago del fondo, las controvertidas transferencias de financiaci¨®n empleadas por el Gobierno andaluz durante una d¨¦cada (2001-2010) y que evitaron los controles de la Intervenci¨®n General.

La acusaci¨®n contra ?lvarez no implica su conocimiento de ciertos gastos inadecuados de las subvenciones, pero la juez Mercedes Alaya s¨ª considera que permiti¨® un ¡°uso indebido¡± de fondos p¨²blicos, que devino en un ¡°dispendio¡± por parte de la Consejer¨ªa de Empleo andaluza gracias al sistema dise?ado.

Ahora el ministerio p¨²blico censura esta supuesta inacci¨®n de la exministra durante su etapa como consejera andaluza de Hacienda (1994-2004) y respalda su imputaci¨®n dictada por la magistrada el pasado julio. El fiscal se opone con su escrito al recurso de ?lvarez, que pretend¨ªa evitar su comparecencia como imputada el pr¨®ximo 8 de octubre.

Anticorrupci¨®n considera que est¨¢ justificado que ?lvarez comparezca ante Alaya como imputada ¡ªy no como testigo¡ª para aclarar si form¨® parte de los altos cargos que conocieron el uso indebido del fondo, dotado con 721 millones a lo largo de una d¨¦cada. A priori, el ministerio p¨²blico considera que hay razones para pensar que fue as¨ª, por eso desarrolla la tesis incriminatoria de Alaya por la que imput¨® a 20 altos y ex altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa.

¡°La f¨®rmula montada tiene una apariencia formal de legalidad pero una ¨²ltima finalidad fraudulenta, indiciariamente delictiva, que supera la categor¨ªa de infracci¨®n o irregularidad administrativa¡±, detalla Anticorrupci¨®n sobre los argumentos de la juez. El escrito del fiscal recuerda los ¡°hechos objetivos que parten del uso indebido de la figura de las transferencias de financiaci¨®n, engordadas mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, unido a la no consideraci¨®n como subvenciones de las ayudas sociolaborales, lo que facilitaba su no fiscalizaci¨®n¡±.

?lvarez aleg¨® que la juez decidi¨® su imputaci¨®n sin concretar qu¨¦ delitos le atribuye y sin que de los hechos que relataba pudiera deducirse ning¨²n indicio de delito. Esta situaci¨®n, seg¨²n la exministra, vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva. Pero ahora Anticorrupci¨®n recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, cuando proclama que la primera notificaci¨®n de su imputaci¨®n ¡°no constituye todav¨ªa un acto de imputaci¨®n judicial, aunque permita al querellado comenzar a defenderse en el proceso conforme al art¨ªculo 118¡±. La fiscal¨ªa opina que el imputado no necesita disponer de un ¡°pormenorizado relato de todos y cada uno de los hechos que se les atribuyen y que tienen relevancia penal¡± hasta el d¨ªa en que acuden ante la juez.

Anticorrupci¨®n ya impugn¨® el recurso de la Junta contra la imputaci¨®n de los 20 altos cargos, en el que el Ejecutivo acus¨® a Alaya cuestionar las leyes presupuestarias aprobadas por el Parlamento andaluz y ¡°subvertir el Estado democr¨¢tico¡±.

El fiscal explic¨® entonces la finalidad fraudulenta del fondo: el uso indebido de las transferencias de financiaci¨®n, las modificaciones presupuestarias, y la decisi¨®n de usar ayudas sociolaborales en vez de subvenciones excepcionales (con mayor control de la Intervenci¨®n) para pagar los ERE.

El apoyo de la fiscal¨ªa a Alaya sobre la imputaci¨®n de los 20 altos cargos contrasta con el recurso al auto que se?al¨® a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y cinco exconsejeros. Hace una semana el fiscal consider¨® que dicho auto no estaba suficientemente motivado. Y record¨® a Alaya que no exist¨ªa ninguna denuncia, querella o atestado policial que aporte ¡°relato de hechos e indicios de responsabilidad penal¡± sobre estos siete cargos aforados. Ello a pesar de que Gri?¨¢n sucedi¨® a ?lvarez al frente de las finanzas de la Junta entre 2004 y 2009.