Competencia desmonta el sindicato de intereses del puerto de Valencia

La Comisi¨®n Nacional de la Competencia, en una de sus ¨²ltimas decisiones como organismo aut¨®nomo, desmont¨® este mi¨¦rcoles el dudoso sistema en el que se ha basado el transporte de contenedores del puerto de Valencia en los ¨²ltimos a?os. Un negocio fabuloso dado que se trata del puerto de referencia del mediterr¨¢neo en tr¨¢fico de contenedores y el a?o pasado movi¨® 4,5 millones de unidades.

Competencia impuso 43 millones de euros de multa a las asociaciones empresariales y de aut¨®nomos del transporte, a la patronal del sector, a las asociaciones de consignatarios y transitarios, a las concesionarias de terminales e incluso a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), de la que dictamin¨® que hab¨ªa participado en la ¡°fijaci¨®n de precios y condiciones comerciales, la limitaci¨®n o control de flotas y el reparto del mercado¡±.

La Comisi¨®n Nacional de la Competencia (CNC) fue igual de severa con el papel jugado por la Consejer¨ªa de Infraestructuras y Transporte, a la que acus¨® de haber ¡°desempe?ado un papel activo en la organizaci¨®n y vigilancia de la adecuada ejecuci¨®n de un acuerdo de fijaci¨®n de precios, contribuyendo considerablemente a su mantenimiento en vigor y, por tanto, a restringir grave y prolongadamente la competencia en el mercado¡±.

Las multas resultaron especialmente abultadas para la asociaci¨®n de transitarios ATEIA-OLT (13,1 millones), la asociaci¨®n de Empresas de Log¨ªstica y Transporte de Contenedores (ELTC, con 12,69 millones) y la asociaci¨®n de transportistas aut¨®nomos Transconval (9,9 millones). Pero alcanz¨® a otras siete compa?¨ªas y asociaciones, y tambi¨¦n a la propia Autoridad Portuaria de Valencia ¡ªcuya c¨²pula est¨¢ siendo sometida paralelamente al escrutinio de la justicia por supuestas irregularidades¡ª, a la que impuso una m¨¢s simb¨®lica sanci¨®n de 100.000 euros.

La Autoridad Portuaria est¨¢ entre las sancionadas por repartir el mercado

Competencia resolvi¨® que todos ellos hab¨ªan venido ¡°distorsionado el normal funcionamiento de la oferta y la demanda de los servicios de transporte de contenedores de forma constante y reiterada¡±. Y ello mediante acuerdos ¡°para homogeneizar los precios del transporte por carretera¡±, la ¡°aplicaci¨®n de forma coordinada de los incrementos del IPC o del gas¨®leo¡±, as¨ª como de otras prestaciones, como las indemnizaciones por paradas. Para asegurar el cumplimiento de ese sistema, que el organismo consider¨® una ¡°infracci¨®n muy grave¡± de las normas de competencia, los ahora sancionados llevaron a cabo ¡°repartos del mercado y restricciones de la oferta mediante la limitaci¨®n de veh¨ªculos a los que se les permite entrar y prestar servicio en el puerto¡±.

A pesar de la dureza con la que Competencia juzg¨® el papel de la Consejer¨ªa de Infraestructuras en este sistema ahora declarado ilegal, el departamento de la Generalitat eludi¨® la sanci¨®n econ¨®mica. El motivo, se?al¨® una portavoz de la CNC, no fue que el organismo considerase su actuaci¨®n menos grave que la de otros actores, sino que la Audiencia Nacional ya anul¨® una de sus sanciones a una Administraci¨®n (respecto a la fijaci¨®n de precios de vino de Jerez) y en esta ocasi¨®n hab¨ªa optado por la ¡°prudencia¡± dado que el Tribunal Supremo a¨²n no se ha pronunciado al respecto fijando jurisprudencia.

El origen de la sanci¨®n se remonta a un acuerdo alcanzado en 2010 que cont¨® con el patrocinio de la Autoridad Portuaria y la Consejer¨ªa de Infraestructuras, dirigida entonces por Mario Flores, seg¨²n se?alaron ayer fuentes de las entidades sancionadas. El pacto, se justificaron, se adopt¨® para hacer frente al brusco encarecimiento del precio del combustible y para dar cierta seguridad a los operadores del transporte frente a sus clientes.

La consejer¨ªa neg¨® que hubiese pactado nada y limit¨® su actuaci¨®n a la convocatoria de una reuni¨®n. La Autoridad Portuaria, enmarc¨® la suya en el intento de propiciar ¡°el acercamiento¡± de los sectores portuarios ¡°ante un escenario de conflicto¡± que produc¨ªa un ¡°fuerte impacto negativo¡± en la actividad portuaria y el tejido productivo valenciano. Pese a subrayar que en ning¨²n caso limit¨® la libre competencia ni infringi¨® la ley, el puerto no aclar¨® si recurrir¨¢ la sanci¨®n.