Rafael Aznar, en el punto de mira

La sanci¨®n de la Comisi¨®n Nacional de la Competencia al puerto de Valencia supone una nueva vuelta de tuerca sobre la gesti¨®n del presidente de la Autoridad Portuaria (APV) de Valencia, Rafael Aznar, puesta en tela de juicio este verano por la Fiscal¨ªa de Valencia. Sobre Aznar pesa la acusaci¨®n de haber cometido presuntamente delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n a trav¨¦s de operaciones con la empresa, Valencia Plataforma Intermodal (VPI) participada por la APV y que pueden superar los 40 millones de euros. Adem¨¢s, junto a otros dos directivos de la APV, obtuvo retribuciones irregulares de esta misma empresa p¨²blica en concepto de dietas por valor de 77.000 euros, una pr¨¢ctica, trat¨¢ndose de sueldos p¨²blicos, contraria a Ley de Incompatibilidades.

La Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE) consign¨® en 2012 como an¨®malos estos pagos a los directivos, entre los que figuran el director de VPI, Juan Antonio Delgado, y el director de Infraestructuras, Ignacio Pascual. La interventora encargada de la fiscalizaci¨®n de las cuentas del puerto confirm¨® el martes al juez encargado del caso estas supuestas irregularidades, que comunic¨® a los directivos y que han ido reintegrando en una serie de plazos acordados. Estos pagos hab¨ªan sido aprobados por el consejo de administraci¨®n de la APV y declarados a la Agencia Tributaria.

La interventora, sin embargo, no elev¨® a la IGAE ning¨²n informe sobre estas irregularidades. Seg¨²n explic¨® al juez, consider¨® que no exist¨ªa delito ni ¡°perjuicio a las arcas p¨²blicas¡±, ya que los beneficiarios se comprometieron a reintegrar el dinero. La APV considera que la gesti¨®n realizada ha sido auditada todos los ejercicios por la IGAE sin que se haya detectado ¡°ninguna ilegalidad¡± y que la contabilidad ha sido revisada durante a?o y medio por el Tribunal de Cuentas con el mismo resultado.

En su declaraci¨®n, la inspectora consider¨® dudosos otros pagos realizados por la APV como el estudio del plan estrat¨¦gico del puerto. El juez ha encargado asimismo una auditoria a la IGAE sobre las cuentas de la fundaci¨®n Valencia Port, una entidad dedicada a la investigaci¨®n, formaci¨®n y cooperaci¨®n en la que colaboran varios directivos de la APV.

Las sospechas arrojadas sobre la gesti¨®n de Aznar han creado un profundo debate pol¨ªtico y empresarial por las repercusiones que puede tener sobre la infraestructura cuando los puertos que se disputan el mismo mercado est¨¢n muy centrados en la modernizaci¨®n de sus terminales. En los ¨²ltimos d¨ªas, el principal lobby empresarial valenciano, AVE, ha tenido que salir en defensa de Aznar, que es miembro de esta organizaci¨®n, para cerrar las fisuras.

Los recelos respecto a Aznar tambi¨¦n han hecho mella en Madrid. En Puertos del Estado no gustan l¨ªos judiciales y mucho menos cuando arrojan numerosas sospechas sobre la gesti¨®n. Pese a que el puerto de Valencia es de titularidad estatal, el nombramiento de su presidente corresponde al Gobierno de la comunidad aut¨®noma. La Generalitat tambi¨¦n ha mostrado su apoyo al presidente de la APV, aunque su acceso al cargo fue una decisi¨®n del anterior jefe del Consell, Francisco Camps. Pero a la Generalitat tampoco le gusta el clima de sospecha que envuelve el puerto. El hecho de que apenas quede a?o y medio hasta unas elecciones auton¨®micas con resultado incierto le complica mucho m¨¢s la b¨²squeda de una alternativa por su carga de interinidad.