Administraci¨®n de injusticia

En un pa¨ªs donde una juez puede escribir en la p¨¢gina cuatro de un auto que como tal ¡°no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputaci¨®n o inculpaci¨®n¡± y seis p¨¢ginas m¨¢s adelante que ¡°procede comunicar la existencia del presente procedimiento en calidad de imputados¡± a diversos aforados, sin que a ninguna autoridad judicial se le pase por la cabeza que eso pueda ser una prevaricaci¨®n, no cabe tener mucha confianza en la justicia.

Pero si hay algo que la carcome, adem¨¢s de este tipo de cosas, es la dilaci¨®n en la resoluci¨®n de los casos y, sobre todo, que la justicia se resuelva con la prescripci¨®n escandalosa de delitos flagrantes o cometidos por quien tiene influencia o relaciones privilegiadas con la magistratura o el poder pol¨ªtico o econ¨®mico, como tantas veces viene ocurriendo.

La necesidad de contemplar la prescripci¨®n de los delitos en el ordenamiento jur¨ªdico (aunque no de todos) es clara. En primer lugar, porque los efectos que se desea que tenga la declaraci¨®n de una responsabilidad var¨ªan con el tiempo y si la sentencia se produce con retraso se percibir¨¢ como injusta y su capacidad de prevenir conductas, de modificarlas o sancionarlas disminuir¨¢ o incluso puede llegar a ser nula. En segundo lugar, porque todos tenemos derecho a la seguridad jur¨ªdica y a ser juzgados con equidad. Es tambi¨¦n elemental que el paso del tiempo aumenta la incertidumbre de todo tipo y que el retraso en la sentencia puede producir una estigmatizaci¨®n exagerada o desproporcionada. Y, desde un punto de vista m¨¢s t¨¦cnico, porque el paso del tiempo puede hacer que sea m¨¢s dif¨ªcil obtener pruebas, lo que tambi¨¦n podr¨ªa poner en peligro el leg¨ªtimo derecho a la defensa.

Sin embargo, es evidente, que la prescripci¨®n produce, por el contrario, un efecto muy negativo cuando el mal funcionamiento de la administraci¨®n de justicia impide condenar las conductas que la sociedad quiere que sean sancionadas. Puede esto ocurrir por accidente o porque sea materialmente imposible que los jueces atiendan en su momento a todos los procesos que tienen que resolver, pero tambi¨¦n porque se produzca una dilaci¨®n deseada, urdida estrat¨¦gicamente para no condenar a delincuentes notables.

La soluci¨®n a estos efectos perversos no puede ser solamente la oferta que habitualmente se propone: aumento del gasto, de los efectivos humanos y de los recursos materiales, y mejor organizaci¨®n de la oficina judicial. Seguro que eso es imprescindible para evitar que en Espa?a siga habiendo decenas de miles de sentencias atascadas, pero no se puede olvidar que aqu¨ª tenemos un n¨²mero de jueces parecido al de Francia o Italia y peores rendimientos, y que se ha podido comprobar que en algunas etapas en que ha aumentado su n¨²mero ha disminuido el de sentencias por juez y elevado el coste por sentencia de nuestra administraci¨®n de justicia.

Tampoco es soluci¨®n la del actual Gobierno del PP, reducir el colapso judicial encareciendo la provisi¨®n del servicio p¨²blico, pues as¨ª solo se consigue una menor protecci¨®n de nuestros derechos.

Algunos expertos proponen que se deleguen algunas funciones de los jueces a otros ¨®rganos administrativos especializados o funcionarios p¨²blicos y que se reordene territorialmente la administraci¨®n judicial, los economistas que analizan este tipo de cuestiones recomiendan incentivar que muchos litigios se resuelvan en otros ¨¢mbitos extrajudiciales, y casi todos coinciden en mejorar nuestras leyes procesales que son encorsetadas y costosas.

Pero me temo que todo eso es insuficiente cuando hablamos de algo que no ocurre por casualidad ni por escasez de medios. Para evitar la ignominia y la repugnancia que provoca que reos con poder eviten ser condenados por prescripci¨®n de sus delitos es necesario el control social de la magistratura. Solo eso dar¨¢ fuerza para actuar con firmeza contra los jueces que lo propician y que prostituyen su oficio al ejercerlo como corruptos administradores de injusticia.

@juantorreslopez