Alaya archiva el caso de los hermanos de la ministra B¨¢?ez en Mercasevilla

Primer archivo de una causa por parte de la juez Mercedes Alaya en cuatro a?os. Desde que inici¨® la investigaci¨®n del caso Mercasevilla en 2009, la magistrada ha abierto una pieza tras otra en un esfuerzo tan ingente que estas causas han sufrido retrasos, dada su amplitud. La semana pasada la juez cambi¨® de rumbo moment¨¢neamente y decret¨® el archivo de la causa abierta contra Nicol¨¢s y eduardo B¨¢?ez, hermanos de la ministra de Empleo y responsables de la empresa onubense Construcciones Juan de Robles.

El carpetazo beneficia asimismo a otros cuatro constructores a los que Alaya acus¨® de ama?ar el concurso p¨²blico de suelos y presentar ofertas ficticias para que finalmente lo ganara la constructora malague?a Sando. ¡°Concurrieron al concurso con la presunta aviesa intenci¨®n de fijar artificialmente un precio favorable a esta ¨²ltima [Sando] a fin de que se adjudicara el referido concurso¡±, expone Alaya en su auto del pasado 8 de octubre.

El archivo responde? a que ni PP ni PSOE seguieron con el caso como acusaci¨®n

El motivo del archivo es parad¨®jico, ya que las acusaciones, entre ellas el PP y el PSOE, ten¨ªan en su mano intentar proseguir con la causa. Pero ninguna de las partes hizo uso de sus competencias tras estimar la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que los delitos de esta pieza hab¨ªan prescrito.

La causa se abri¨® el pasado abril. Despu¨¦s de la declaraci¨®n de los empresarios, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n alert¨® en julio de las prescripciones de los delitos de maquinaci¨®n, fraude y exacciones ilegales por parte de los empresarios que pujaron en el concurso. La juez admiti¨® la prescripci¨®n de estos dos delitos, pero pregunt¨® al fiscal si tambi¨¦n consideraba que la prevaricaci¨®n hab¨ªa prescrito. Despu¨¦s de la respuesta afirmativa del ministerio p¨²blico la semana pasada respecto a la prevaricaci¨®n, la juez pregunt¨® a las acusaciones.

La magistrada carga con dureza contra el fiscal y le achaca el cierre

Y ninguna de ellas vio motivo para acusar a los seis empresarios. El PP (en representaci¨®n de su presidente, Juan Ignacio Zoido) no se pronunci¨® al respecto, pero tampoco el PSOE, ni el Partido Andalucista ni la Asociaci¨®n de Mayoristas de Mercasevilla vieron que los delitos pod¨ªan ser perseguidos. A estas acusaciones populares se sumaba la acusaci¨®n particular ejercida por la empresa municipal Mercasevilla (dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP), que tampoco present¨® escrito alguno. Por tanto, la juez ha archivado la causa ya que esta se ha quedado hu¨¦rfana de acusaciones y est¨¢ obligada por ley a dar carpetazo al asunto.

En solo tres p¨¢ginas de auto, Alaya carga con dureza contra el fiscal, en un paso m¨¢s de su enfrentamiento soterrado. Una semana despu¨¦s de que Anticorrupci¨®n criticara que la instrucci¨®n le ocultara datos, la juez ha respondido con aspereza.

La instructora recuerda que la fiscal¨ªa solicit¨® la imputaci¨®n de los empresarios en abril, para despu¨¦s pedir su archivo durante el verano por prescripci¨®n. ¡°Ha debido tratarse sin duda de un error de c¨®mputo por parte del Ministerio Fiscal (pues tales il¨ªcitos estaban prescritos desde el inicio de las actuaciones), justificado seguramente por la asistencia por su parte a varias macrocausas¡±. Pero a continuaci¨®n, le ha hace un agrio reproche: el ¡°error¡± ha provocado ¡°cierto retraso¡± en las actuaciones; ¡°un esfuerzo in¨²til¡± ya que se le tom¨® declaraci¨®n a seis imputados; y finalmente ¡°un incidente que no es de agrado en una instrucci¨®n judicial tan medida y cuidada como ¨¦sta, encaminada a la incoaci¨®n de sumario¡±. A esta ¨²ltima raz¨®n, la juez a?ade otra p¨ªldora: ¡°Como bien sabe el Ministerio Fiscal, cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente y a todo lo anterior hay que a?adirle las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusi¨®n medi¨¢tica¡±.

Junto a los hermanos B¨¢?ez, el archivo beneficia a los constructores Eugenio S¨¢nchez, B¨¢rbara Guti¨¦rrez, Ignacio Bay¨®n y Antonio Vicente S¨¢nchez. Alaya declara extinguida su responsabilidad criminal y cabe deducir que incluye en la lista de imputados beneficiados por el archivo al empresario Jos¨¦ Romero de Prasa, ya que le pregunta por si se desiste del recurso que interpuso. La ¨²nica excepci¨®n es el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet ya que Alaya estima que pudo haber prevaricado al considerarle funcionario.