El juez advierte que los imputados en G¨¹rtel afrontan serias penas de c¨¢rcel

Son adjudicaciones de baja cuant¨ªa. Algunas apenas superan los 24.000 euros. Pero pueden conllevar penas de hasta ocho a?os de prisi¨®n para quienes se las concedieron a ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama G¨¹rtel, seg¨²n advierte en un reciente auto el juez Jos¨¦ Ceres. La cuesti¨®n tiene trascendencia porque por esa contrataci¨®n irregular, que se repiti¨® a lo largo y ancho de la Generalitat durante la etapa del expresidente Francisco Camps, hay decenas de imputados. Entre ellos dos exconsejeros ¡ªAlicia de Miguel y Manuel Cervera¡ª y el actual alcalde de Castell¨®n, Alfonso Bataller.

El magistrado no hab¨ªa concretado hasta ahora en ninguna resoluci¨®n qu¨¦ consecuencias penales pod¨ªan tener la aparente ¡ªy masiva¡ª contrataci¨®n desde numerosos departamentos del Gobierno valenciano con las empresas de la trama G¨¹rtel infringiendo, seg¨²n abundantes indicios, las leyes que velan por la imparcialidad de la Administraci¨®n ante las empresas. El juez las concreta en una resoluci¨®n en la que rechaza retirar las imputaciones de dos implicados: Paula de Cubas, que ha sido jefa de prensa de distintos consejeros, y Juan Miguel Bellver, ex director de la empresa p¨²blica Vaersa.

Los razonamientos jur¨ªdicos que emplea el magistrado son extensibles, sin embargo, a la mayor¨ªa de imputados. El juez instructor considera que los contratos, que entre otros elementos irregulares fueron troceados para poder conced¨¦rselas as¨ª a dedo a la red corrupta, presentan indicios ¡°no solamente de tr¨¢fico de influencias, sino tambi¨¦n y en su caso de un delito de prevaricaci¨®n y de falsedad en documento oficial¡±.

El alcalde de Castell¨®n es uno de los imputados en esta pieza separada

Sumados, los tres delitos que el juez apunta un a?o despu¨¦s de hacerse cargo de esta parte de la investigaci¨®n de G¨¹rtel, una de las seis piezas separadas que se instruyen en Valencia, pueden acarrear penas de hasta ocho a?os de prisi¨®n e inhabilitaciones para cargo o empleo p¨²blico de m¨¢s de una d¨¦cada.

La investigaci¨®n iniciada en la Audiencia Nacional se centr¨® en 76 contratos, aunque durante la instrucci¨®n se han descubierto algunos m¨¢s. Los mismos fueron adjudicados directamente a Orange Market, la empresa que organizaba los actos y las campa?as electorales del PP, y otras empresas de la trama desde Presidencia de la Generalitat, Vicepresidencia, Consejer¨ªa de Justicia, Territorio, Infraestructuras, Turismo, Educaci¨®n y Cultura, Bienestar Social, Sanidad y diversas empresas, fundaciones y otras entidades de la Generalitat. En total superaban los 1,3 millones de euros.

Adjudicaciones de mayor cuant¨ªa, como fue el dise?o y montaje del pabell¨®n valenciano en la feria Fitur, por cinco millones, han sido investigadas en otra pieza separada cuyo juicio se espera para los pr¨®ximos meses.

Los exconsejeros De Miguel y Cervera tambi¨¦n est¨¢n implicados

El juez Ceres desvela en su ¨²ltimo auto algunas de las trampas en las que la Generalitat incurri¨® supuestamente para beneficiar a las empresas de la red. ¡°Puede inferirse la existencia de presuntas anomal¨ªas reiteradas y relevantes en el procedimiento de contrataci¨®n realizado con Orange Market relativas a la selecci¨®n de las empresas, a las ofertas realizadas y a su debido registro, a la inexistencia de actas de apertura de las ofertas, a su publicidad y transparencia, a la inexistencia del pliego de cl¨¢usulas administrativas, inespecificaci¨®n en el informe t¨¦cnico de los criterios de adjudicaci¨®n y falta de experiencia profesional de la adjudicataria¡±.

Y menciona ejemplos palmarios concretos. Como el hecho de que en la contrataci¨®n de la empresa p¨²blica Vaersa a Orange Market para la elaboraci¨®n de un v¨ªdeo se pretendi¨® disimular la concesi¨®n ilegal ¡°simulando la inexistente invitaci¨®n¡± a otras dos empresas en una fecha posterior a la que, seg¨²n el mismo expediente, ya se hab¨ªa adjudicado.