Comienza el macrojuicio por la adjudicaci¨®n de la mina de Aznalc¨®llar, diez a?os despu¨¦s de su concesi¨®n

Una d¨¦cada despu¨¦s de la adjudicaci¨®n del concurso para la reapertura de la mina de Aznalc¨®llar, este lunes ha comenzado en la Audiencia de Sevilla el macrojuicio por las supuestas irregularidades en esa adjudicaci¨®n, que fue a parar a la agrupaci¨®n empresarial Minorbis-Grupo M¨¦xico. En el procedimiento est¨¢n acusadas 16 personas, entre ellas el ex altos cargos de la Junta, todos los funcionarios y t¨¦cnicos que intervinieron en la mesa de contrataci¨®n y los responsables de la empresa andaluza Magtel, que ten¨ªa participaciones en el conglomerado adjudicatario, a quienes se les imputan presuntos delitos de tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y fraude.

Como todo lo que rodea a este yacimiento sevillano este procedimiento est¨¢ plagado de recursos y giros inusuales y rocambolescos en el procedimiento, como la petici¨®n de la Fiscal¨ªa, hasta en siete ocasiones, de que se archivara la causa por no apreciar indicios de delito y o el sobreseimiento provisional, por dos veces, de la jueza instructora, que fue reabierto por la magistrada Mercedes Alaya, la instructora del caso de los ERE. La acusaci¨®n particular est¨¢ ejercida por Emerita Resources, la empresa que perdi¨® el concurso; Ecologistas en Acci¨®n, que, adem¨¢s de los delitos imputados solicita la adopci¨®n de medidas cautelares para la suspensi¨®n del procedimiento administrativo para la autorizaci¨®n final de la explotaci¨®n del complejo minero por parte de Minera Los Frailes ¡ªla sociedad instrumental de Minorbis-Grupo M¨¦xico¡ª, y que la Junta de Andaluc¨ªa est¨¢ a punto de conceder. Por su parte, Andaluc¨ªa Mining, que tambi¨¦n ejerce la acusaci¨®n particular, solicita que se declare a este grupo y a la administraci¨®n andaluza responsables civiles subsidiarios, cifrando los da?os y perjuicios en casi 7,2 millones de euros.

Este lunes ha sido el turno de las defensas en una sesi¨®n inaugural que junto con la de ma?ana martes se dedicar¨¢ a las cuestiones preliminares. Esta ma?ana los distintos abogados, tanto de los ex altos cargos como de los t¨¦cnicos imputados, como los de la Junta, y las empresas mineras que se encuentran en calidad de responsables civiles subsidiarias han hecho hincapi¨¦ en la falta de solvencia t¨¦cnica de Emerita para desarrollar la explotaci¨®n, en el caso de que prosperara su demanda, y se han apoyado en la falta de indicios delictivos que distintas instituciones han ido confirmando en estos a?os. ¡°Se trata de cuestiones t¨¦cnicas, pero estamos persuadidos de que las acusaciones no van a prosperar¡±, explica uno de los letrados de las defensas, que pide anonimato y que llama la atenci¨®n sobre las siete ocasiones en las que en estos 10 a?os la Fiscal¨ªa ha pedido el archivo de la causa.

Y es que el ministerio p¨²blico ha pedido la libre absoluci¨®n de todos los encausados al entender que no hay indicios de delitos en ninguno de ellos, unas conclusiones que vienen avaladas por el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que, despu¨¦s de analizar miles de correos y documentos intervenidos durante la investigaci¨®n, concluy¨® que no hab¨ªa pruebas de irregularidad de car¨¢cter penal o administrativo, ni de tr¨¢fico de influencias o concurso ama?ado. Tampoco la intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado apreci¨® irregularidades, respaldando la legalidad de la adjudicaci¨®n.

La jueza que instru¨ªa la causa acord¨® el sobreseimiento provisional el 6 de noviembre de 2015 y el 11 de marzo de 2019, pero la Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia de Sevilla, donde era ponente la jueza Alaya, estim¨® los recursos de Emerita. En noviembre de 2021, se dict¨® apertura de juicio oral contra los 16 investigados. Y es al proceder dela jueza Alaya al que han apelado varias de las defensas de los acusados para pedir la nulidad de sus decisiones por entender que esta se hab¨ªa ¡°extralimitado¡± en sus funciones, yendo m¨¢s all¨¢ de su funci¨®n de control de la legalidad para hacer de instructora.

El martes es el turno de la Fiscal¨ªa, que volver¨¢ a pedir la absoluci¨®n de los 16 encausados ¡ªentre los que se encuentra el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fern¨¢ndez, y la ex directora general de Minas Mar¨ªa Jos¨¦ Asensio, que se ha acogido a su derecho a comparecer una vez hayan declarado todos los testigos y peritos¡ª y de las acusaciones particulares. Por parte de la empresa denunciante, su CEO, Juan Luis Pozo, ha indicado a este diario desde Canad¨¢, su ¡°confianza absoluta en la justicia¡± y ha cuestionado el actual proyecto de la compa?¨ªa adjudicataria que incluye verter en el Guadalquivir los lodos que se almacenan en las cortas de la mina una vez depurados. ¡°Es algo absolutamente inadecuado¡±, ha asegurado.

Suspensi¨®n de proceso para la explotaci¨®n de la mina

Esos vertidos son los que est¨¢n en el punto de mira de los ecologistas para quienes lo esencial en este proceso es que se obligue a la Junta a suspender la tramitaci¨®n de la autorizaci¨®n del proyecto de explotaci¨®n del complejo minero de Aznalc¨®llar, que est¨¢ en su fase final y que la administraci¨®n est¨¢ tramitando de manera paralela a este juicio. Este ¨²ltimo paso se est¨¢ demorando m¨¢s de all¨¢ de los plazos marcados por la propia Consejer¨ªa de Industria, Energ¨ªa y Minas, responsable de este tr¨¢mite ¡ª¨²ltimo trimestre de 2024, principios de 2025¡ª, la raz¨®n, de acuerdo con fuentes de ese departamento consultadas por este diario, es que la administraci¨®n debe contestar de manera individualizada a las alegaciones que presentan los grupos ecologistas, lo que est¨¢ dilatando el procedimiento.

Fue la Junta la que decidi¨® continuar con la tramitaci¨®n administrativa del proyecto, sin esperar a la resoluci¨®n del juicio por la concesi¨®n de la explotaci¨®n, al entender que se trataban de procedimientos ¡°independientes y diferentes¡±, y evitar, as¨ª, que se retrasara un proyecto que el Gobierno de Juan Manuel Moreno considera estrat¨¦gico para el desarrollo econ¨®mico de una comarca, que no ha parado de perder poblaci¨®n desde el desastre natural de 1998. La administraci¨®n andaluza, tambi¨¦n consider¨® los perjuicios que una dilataci¨®n ocasionar¨ªa a la adjudicataria que en este tiempo ha asumido una inversi¨®n de 50 millones de euros.

Los ecologistas se han opuesto desde el primer momento a la reapertura de la explotaci¨®n del yacimiento, que en 1998 provoc¨® un desastre natural cuando se rompi¨® la balsa de residuos de la mina derramando siete millones de toneladas de residuos t¨®xicos al r¨ªo Guadiamar. Los conservacionistas alertan de que, aunque el nuevo proyecto prev¨¦ la depuraci¨®n de las aguas almacenadas en la corta de Aznalc¨®llar, lo que se vierta al Guadalquivir dejar¨¢ metales pesados en el estuario que afectar¨¢n a la flora, fauna y cultivos de la zona y reclaman, adem¨¢s, un plan de emergencia exterior, obligado para modelizar y preparar la respuesta ante posibles accidentes o cat¨¢strofes, que la Junta preve¨ªa en un primer momento, pero que ha descartado.

Los actuales propietarios de la mina y la Junta de Andaluc¨ªa insisten en desvincular el proyecto actual del anterior, asegurando que esta explotaci¨®n es subterr¨¢nea, que goza de todas las garant¨ªas de seguridad y medioambientales. Una vez que se d¨¦ v¨ªa libre al proyecto de explotaci¨®n, comenzar¨ªa la fase de preapertura de la mina de tres a?os de duraci¨®n, que contempla la construcci¨®n de una depuradora y de un t¨²nel para transportar el agua, adem¨¢s de las galer¨ªas subterr¨¢neas del complejo, para seguir con el vaciado del agua almacenada en la corta Los Frailes, donde se ubicar¨¢ la mina, y la extracci¨®n de parte de la de la vecina corta de Aznalc¨®llar, que es la que cuenta con mayores residuos contaminantes. A partir de aqu¨ª, a finales de 2027 o principios de 2028, comenzar¨ªa la actividad minera como tal durante los siguientes 17 a?os para la extracci¨®n de cobre, zinc y plomo, especialmente.