El fiscal del ¡®caso Palau¡¯ pide c¨¢rcel para el extesorero de Converg¨¨ncia

El fiscal del caso Palau ha pedido siete a?os y medio de c¨¢rcel para el ex tesorero de Converg¨¨ncia Democr¨¤tica de Catalunya (CDC), Daniel Os¨¢car, por haber recibido parte del dinero que Ferrovial dio al partido nacionalista a cambio de la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica. En su escrito, el fiscal le acusa de tr¨¢fico de influencias y blanqueo y exige que pague una multa de 20 millones. Anticorrupci¨®n tambi¨¦n pide un a?o y medio de prisi¨®n (y otros 10 millones de multa) para quien fue un ¡°destacado militante y parlamentario¡± de la formaci¨®n, Jaume Camps, por tr¨¢fico de influencias.

Concluida la investigaci¨®n sobre el expolio del Palau de la M¨²sica, el fiscal Emilio S¨¢nchez Ulled dirige la acusaci¨®n contra 17 personas. Para quienes fueron m¨¢ximos responsables de la instituci¨®n musical catalana ¡ªF¨¨lix Millet y su mano derecha, Jordi Montull¡ª solicita 27 a?os y medio de c¨¢rcel por malversaci¨®n, apropiaci¨®n indebida, tr¨¢fico de influencias, blanqueo, falsificaci¨®n y fraude fiscal. La hija de Montull, Gemma, afronta una petici¨®n de 26.

El fiscal concluye que Converg¨¨ncia recibi¨® 6,6 millones en comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de adjudicarle obras de gran envergadura (la Ciudad de la Justicia, la l¨ªnea 9 del metro) durante el ¨²ltimo Gobierno de Jordi Pujol. La fiscal¨ªa pide el decomiso de esa cantidad. La constructora camufl¨® las comisiones ¡ªel 4% del importe de la obra adjudicada¡ª como donaciones al Palau. Mientras, Millet y Montull se llevaban su parte como intermediarios.

El ¡°acuerdo criminal¡± entre CDC y Ferrovial dur¨® de 1999 a 2009. En su gestaci¨®n participaron el extesorero Carles Torrent (fallecido en 2005) y Camps, que ahora es alto cargo en dos empresas del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por CiU. El exdiputado ¡°aunaba los elementos¡± para ejercer de ¡°enlace¡± de la trama, ya que no solo ten¨ªa un papel destacado en CDC sino que ¡°prestaba servicios profesionales¡± a Ferrovial. El sistema fue ¡°continuado y perfeccionado¡± por Os¨¢car.

La investigaci¨®n del caso Palau no ha podido llegar m¨¢s arriba para aclarar la ¡°trama delictiva¡± ligada a la ¡°financiaci¨®n ilegal¡± de CDC. Pero el fiscal est¨¢ convencido de que los acusados ¡°debieron contar como m¨ªnimo con el asentimiento de altos responsables del partido pol¨ªtico¡±. Esos ¡°altos responsables¡± ejercieron su ¡°ascendente¡± sobre ciertos cargos p¨²blicos, que deb¨ªan ¡°asegurar el flujo de adjudicaciones¡± a Ferrovial. El apoyo econ¨®mico al partido fue el ¡°peaje¡± que la constructora tuvo que pagar ¡°para participar con ¨¦xito en el mercado de la obra p¨²blica en Catalu?a¡±. Para los dos directivos de la compa?¨ªa acusados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, el fiscal pide cuatro a?os y medio de prisi¨®n por tr¨¢fico de influencias.

Los investigadores admiten que no hay irregularidades en los concursos p¨²blicos, pero defienden que eso no cambia nada. E insisten en que los fondos il¨ªcitos llegaron a CDC por tres v¨ªas: 3,7 millones a trav¨¦s de dinero en efectivo entregado a los extesoreros; el resto, mediante facturas falsas de empresas y convenios de colaboraci¨®n ¡°aparentes¡± con la Fundaci¨®n Trias Fargas, rebautizada como CatDem tras el esc¨¢ndalo, que estall¨® en 2009.

?C¨®mo lograron Millet y Montull perpetrar un expolio tan profundo (24 millones de euros), durante tanto tiempo y sin que nadie les frenara? A juicio del fiscal, los hechos no pueden entenderse sin atender a ¡°elementos sociol¨®gicos o, si se quiere, psicol¨®gicos¡±. En concreto, S¨¢nchez Ulled denuncia la existencia de un ¡°c¨ªrculo sociopol¨ªtico ensimismado¡±, en el que ¡°intereses compartidos de todo tipo convergieron en una conveniente ceguera frente a cualquier asomo de irregularidad¡±. El da?o hecho a la instituci¨®n musical catalana por excelencia ¡°va m¨¢s all¨¢¡±, sigue el escrito, de los fondos p¨²blicos y privados de los que Millet se apropi¨®. De ah¨ª, razona, la ¡°c¨®lera ciudadana¡± que suscit¨® el caso.

El fiscal se permite incluso una aproximaci¨®n a las figuras de Millet y Montull. Estos y ¡°sus compinches¡±, relata, ¡°explotaron h¨¢bilmente¡± el prestigio acumulado a lo largo de la historia por el Orfe¨® ¡ªla instituci¨®n centenaria del coro¡ª para ¡°enmascarar sus il¨ªcitos manejos, incluso los m¨¢s turbios¡±. S¨¢nchez Ulled atribuye al expresidente del Palau una ¡°notable destreza¡± para imprimir a su conducta ¡°un enga?oso marchamo de respetabilidad¡± con el que logr¨® eludir ¡°cualquier tipo de control efectivo sobre su gesti¨®n¡±.

El escrito de acusaci¨®n, de unas 150 p¨¢ginas, se dirige contra 17 personas

En esa sensaci¨®n de impunidad de la que goz¨® durante a?os influy¨® su ¡°activo papel en el fasto social¡±, as¨ª como su ¡°proximidad a los c¨ªrculos de poder vinculados a CDC¡±. Millet contaba con un ¡°tejido de relaciones¡± en el que se le recib¨ªa como a ¡°uno de los suyos¡±.

Pese a la compleja estructura jur¨ªdica del Palau ¡ªcon organismos privados y p¨²blicos, divisi¨®n de funciones y de fondos¡ª, Millet manten¨ªa, de hecho, un poder omn¨ªmodo sobre todas esas instituciones. Ese poder les permiti¨® a ¨¦l y a Montull ¡ªa quien el fiscal llama ¡°edec¨¢n¡±¡ª una ¡°absoluta libertad de movimientos¡± y la capacidad de ¡°disimular¡± sus trapicheos. Millet, insiste, dominaba la instituci¨®n de forma ¡°jer¨¢rquica y carism¨¢tica¡±.

Los investigadores admiten que no hay irregularidades en los concursos de adjudicaci¨®n de las obras bajo sospecha, pero defienden que ese hecho no impide que existiera el ¡°acuerdo criminal¡± entre CDC y Ferrovial

Millet tambi¨¦n fue clave en la trama de las comisiones ilegales de Ferrovial, ya que ¡°facilit¨® el contacto¡± entre Ferrovial y CDC, ¡°medi¨® en el c¨¢lculo¡± de las comisiones ¡ªel 2,5% iba para el partido y el 1,5 restante, para ¨¦l mismo y para Montull¡ª y prest¨® la estructura jur¨ªdica y financiera del Palau para que el acuerdo criminal saliera adelante.

El desv¨ªo de fondos cont¨® igualmente con la ¡°complicidad¡± de la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano, para la que solicita ocho a?os y medio de prisi¨®n. Millet, Montull y Garicano deben devolver al Palau 18 millones correspondientes a ¡°retiradas il¨ªcitas en efectivo¡±. La mitad de ese dinero (cobrado en bancos en cheques al portador) ¡°ha desaparecido sin dejar rastro alguno¡±. El fiscal reprocha a los bancos que, ¡°de forma sorprendente¡±, no hayan conservado la documentaci¨®n sobre esas retiradas de efectivo.