Fabra, ni idea del protocolo

Tiene poca importancia saber qui¨¦n ha tomado la decisi¨®n de cerrar RTVV: Moncloa (y antes de las elecciones auton¨®micas) como me aseguraban ya hace unos meses colegas de Madrid), o el Consell.

Pongamos que ha sido el t¨¢ndem de dinamiteros Fabra-Ciscar y que el calent¨®n provocado por la sentencia del TSJ no les ha permitido ponderar, con cuidado, decisi¨®n tan bravucona. Ni a ellos ni a las mesnadas de expertos, juristas y dem¨¢s personal cualificado que -se supone- les asisten. Aunque en diversos ¨¢mbitos no lo parezca, Espa?a sigue siendo un estado miembro de la UE, y sus ciudadanos ¨Cy sobre todo los gobernantes- est¨¢n sujetos al cumplimiento de la legislaci¨®n de la Uni¨®n. Y esa legislaci¨®n ¨Cmucha y muy diversa- permite constatar que cerrar un medio de radiodifusi¨®n p¨²blico no es tan sencillo. Es m¨¢s, los estados miembros est¨¢n obligados al mantenimiento de ese servicio p¨²blico.

Queda meridianamente claro en el Tratado de Amsterdam, mediante el que se modificaron el Tratado de la Uni¨®n Europea y los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas. Se trata del protocolo sobre el sistema de radiodifusi¨®n p¨²blica de los estados miembros. Habitualmente conocido como el Protocolo de Amsterdam y en donde ¡°las altas partes contratantes consideran que el sistema de radiodifusi¨®n p¨²blica de los estados miembros est¨¢ directamente relacionado con las necesidades democr¨¢ticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicaci¨®n¡±.

El Protocolo confirma ¨Cla Comisi¨®n Europea lo recuerda, entre otras, en su comunicaci¨®n sobre ayudas estatales a los medios p¨²blicos de radiodifusi¨®n del 27/10/2009- que ¡°los Estados Miembros consideran que es preciso mantener el servicio p¨²blico de radiodifusi¨®n como un medio para garantizar la cobertura de una serie de ¨¢mbitos y satisfacer las necesidades y los objetivos de inter¨¦s p¨²blico que, de lo contrario, no necesariamente resultar¨ªan satisfechos en grado optimo¡±.

En la misma comunicaci¨®n, el ejecutivo de la UE recuerda el derecho comunitario en la materia, el cual especifica que ¡°los servicios p¨²blicos de radiodifusi¨®n, a pesar de tener una importancia econ¨®mica evidente, no son comparables con los servicios p¨²blicos de ning¨²n otro sector econ¨®mico. No existe ning¨²n otro (¡­) que tenga un acceso tan amplio a la poblaci¨®n, le proporcione tal cantidad de informaciones y contenidos, trasmita las opiniones individuales y la opini¨®n p¨²blica y influya tanto en las mismas¡±. El derecho comunitario considera-entre otros aspectos- que ¡°la radiodifusi¨®n p¨²blica es la principal fuente de informaci¨®n para una parte no menospreciable de la poblaci¨®n¡± y que ¡°garantiza a todos los ciudadanos un grado equitativo de participaci¨®n en la vida p¨²blica¡±.

La Comisi¨®n Europea recuerda a los estados miembros ¨C y la Generalitat forma parte del estado espa?ol- la importancia de salvaguardar la radiodifusi¨®n publica y su independencia ¡°en consonancia con el principio general de libertad de expresi¨®n contemplado en el art¨ªculo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y en el art¨ªculo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuya observancia est¨¢ garantizada por los Tribunales Europeos¡±.

La Resoluci¨®n del Consejo Europeo sobre la radiodifusi¨®n p¨²blica destaca ¡°la importancia de la radiodifusi¨®n publica para la vida social, democr¨¢tica y cultural en la Uni¨®n¡± y recuerda a los estados miembros que ¡°un acceso amplio de los ciudadanos a los distintos canales y servicios, sin discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades, constituye una condici¨®n necesaria para cumplir el cometido especifico de los servicios p¨²blicos de radiodifusi¨®n¡±

La importancia del mantenimiento del sector audiovisual p¨²blico forma parte del acervo de la Convenci¨®n de la Unesco de 2005 sobre la Protecci¨®n de las Diversidades Culturales, asumida tambi¨¦n por el derecho de la UE. Medidas (de obligado cumplimiento para los estados miembros) que exigen ¡°la promoci¨®n del servicio p¨²blico de radiodifusi¨®n¡±. Valores del audiovisual p¨²blico reconocidos igualmente por el Consejo de Europa, que exige a sus estados miembros ¡°garantizar los medios de comunicaci¨®n de servicio p¨²blico (¡­) de forma transparente y responsable¡±. Y por ser muy reciente y clara, el Consell deber¨ªa echar un vistazo a la resoluci¨®n del Parlamento Europeo del 21 de mayo de 2013 (¡­normas para la libertad de los medios de comunicaci¨®n en la UE), que exige a los estados miembros¡± una financiaci¨®n apropiada, proporcionada y estable para los medios de comunicaci¨®n de servicio p¨²blico con el fin de garantizar su independencia econ¨®mica y pol¨ªtica¡±.

El inmenso entramado legislativo de la UE nos ofrece estos (y no son los ¨²nicos) ejemplos sobre la obligaci¨®n de preservar el sector audiovisual p¨²blico que tienen los estados miembros. Y el Consell est¨¢ obligado a aplicar esa legislaci¨®n, porque obligado est¨¢ el Gobierno central y su presidente Mariano Rajoy. No existe una sola l¨ªnea en todo el Derecho comunitario que posibilite legalmente a un gobierno el cierre de un medio de comunicaci¨®n p¨²blico. Como tampoco para un hospital, o una escuela p¨²blicos. Y esto deber¨ªan tenerlo en cuenta los dinamiteros del sector publico que est¨¢n al frente de la Generalitat des de 1995.

La bravuconada de Fabra de cerrar RTVV puede acabar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Aunque sospecho que lo sabr¨¢n -porque es de imaginar que alguien del entorno de Fabra debe haberse le¨ªdo el texto-, recordemos el art¨ªculo 56 de la Ley Org¨¢nica 1/2006, que reforma la Ley Org¨¢nica 5/1982 (Estatuto de Autonom¨ªa de la Comunidad Valenciana) que determina que ¡°la Generalitat podr¨¢ regular, crear y MANTENER televisi¨®n, radio y dem¨¢s medios de comunicaci¨®n social, de car¨¢cter p¨²blico, para el cumplimiento de sus fines¡±. La Ley Org¨¢nica, reguladora de nuestro Estatuto no faculta en absoluto al Consell ni a la Generalitat para decidir el cierre de ning¨²n medio de comunicaci¨®n p¨²blico.

Un ¨²ltimo pero necesario apunte. Hace casi dos a?os ¨Cel 17 de enero de 2012- centenares de trabajadores de RTVV enviamos (por registro oficial PROP) al presidente Fabra un breve pero detallado informe de la dram¨¢tica situaci¨®n en RTVV. M¨¢s all¨¢ de hacerle saber que ten¨ªamos alternativas al ¡°violento simplismo de tirar a la calle a centenares de trabajadores en su inmensa mayor¨ªa altamente cualificados¡±; que era posible refundar RTVV ¡° y al mismo tiempo dinamizar y dar vida a una industria audiovisual diferente¡±, que tuviese poco que ver con todo ese entramado delictivo que ha saqueado RTVV a lo largo de los ¨²ltimos a?os; mas all¨¢, dec¨ªa, le ped¨ªamos al presidente Fabra que exigiera ¡°responsabilidades, todas, incluidas las que posibilitan las leyes¡± a todos los m¨¢ximos responsables de la bancarrota, de la nefasta y en ciertos casos delictiva gesti¨®n llevada a cabo en RTVV.

Y le facilit¨¢bamos los nombres: Jos¨¦ Vicente Villaescusa, Pedro Garc¨ªa y Jos¨¦ L¨®pez Jaraba como directores generales, y Jes¨²s S¨¢nchez Carrascosa, Jose Forner, Genoveva Reig, Jos¨¦ Llorca, Anxo Quintanilla, Lola Johnson y Luis Redondo como directores de TVV, y Anacleto Rodr¨ªguez, Jes¨²s Wolstein, Javier Gomar, Llu¨ªs Motes y Nuria Romeral, directores de la radio auton¨®mica. Representantes de los trabajadores ¡°desafectados¡±, estamentos universitarios y un acreditado bufete de abogados trabajamos desde hace meses para llevar ante la justicia a los responsables directos del saqueo de RTVV. Tambi¨¦n a los m¨¢ximos responsables pol¨ªticos. Eduardo Zaplana, Jos¨¦ Luis Olivas, Francisco Camps. A esa lista habr¨¢ que a?adir el nombre de Alberto Fabra Part.

Josep L¨®pez es periodista y extrabajador de RTVV