Alaya ampl¨ªa su investigaci¨®n a todas las consejer¨ªas de la Junta de Andaluc¨ªa

La juez Mercedes Alaya ha ampliado su investigaci¨®n en el caso ERE a todas las consejer¨ªas de la Junta, m¨¢s all¨¢ de los departamentos de Empleo e Innovaci¨®n, que hasta ahora han centrado sus pesquisas. El salto de Alaya supone cuestionar gran parte de la pol¨ªtica de ayudas a empresas del Gobierno andaluz durante una d¨¦cada (2001-2011), al margen del fondo para empresas en crisis que la Consejer¨ªa de Empleo dot¨® con 721 millones, foco principal de la instrucci¨®n judicial.

La tesis de Alaya es la siguiente: las ayudas de Empleo que pag¨® la agencia Idea conllevaron irregularidades en la financiaci¨®n y el procedimiento empleados, considerados ¡°inadecuados¡± por la Intervenci¨®n General y la C¨¢mara de Cuentas. Por tanto, es preciso averiguar si 36 subvenciones que Idea abon¨® por orden del resto de consejer¨ªas, implicaron tambi¨¦n dichas irregularidades. Para determinar este extremo, la magistrada ha exigido a la Junta que le entregue a la Guardia Civil toda la documentaci¨®n relacionada con dichas ayudas, as¨ª como los avales y pr¨¦stamos concedidos por ¡°cualquiera de las consejer¨ªas de la Junta¡±, seg¨²n un auto dictado el mi¨¦rcoles.

Hace dos a?os Alaya ya ampli¨® su investigaci¨®n a otras dos consejer¨ªas, Turismo y Agricultura y Pesca, para saber si hab¨ªan concedido ayudas a empresas a trav¨¦s de transferencias de financiaci¨®n por el Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa (antigua denominaci¨®n de Idea). Sin embargo, ahora la juez ampl¨ªa a todas las consejer¨ªas de los Gobiernos de los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n desde 2001.

En el verano de 2012 la presidenta de la Junta, Susana D¨ªaz, era consejera de la Presidencia y acus¨® a Alaya de dirigir una ¡°causa general¡± contra el Gobierno andaluz cuando trascendi¨® un informe policial sobre que el Consejo de Gobierno particip¨® del sistema de ayudas al aprobar cada a?o las modificaciones presupuestarias. ¡°Estamos hablando de una causa general contra la Junta, un proceso inquisitorial con fines partidarios¡±, critic¨® D¨ªaz. Este viernes, sin embargo, prim¨® el silencio. La nueva estrategia de la Junta pasa ahora por un escrupuloso respeto a las decisiones de Alaya y ning¨²n miembro del Ejecutivo aut¨®nomo se pronunci¨® al respecto.

Sin embargo, fuentes del caso censuraron la magnitud de esta nueva v¨ªa de indagaci¨®n: ¡°Es grav¨ªsimo. Descubrir presuntas irregularidades en uno de los cientos de programas presupuestarios de la Junta no confiere patente de corso para sospechar que cualquiera pueda haber cometido delitos y acometer una investigaci¨®n general¡±.

La juez centra sus sospechas en 36 ayudas a empresas, pero todo apunta a que el listado de firmas ser¨¢ mucho m¨¢s numeroso tras el env¨ªo de documentaci¨®n de la Junta. Entre las firmas destacan ANovo Comlink y Pickman La Cartuja. La Guardia Civil estima que dados ciertos indicios, ¡°resulta l¨®gico pensar¡± que los criterios ¡°arbitrarios e irregulares¡± aplicados por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero para dar ayudas pudieron aplicarse desde el resto de consejer¨ªas. Los agentes subrayan que han detectado empresas con pagos para un aval de salvamento y ayudas de restructuraci¨®n concedidas al mismo tiempo. ¡°Una inyecci¨®n continuada y sistem¨¢tica de fondos p¨²blicos (...) que pudiera estar basada en la aplicaci¨®n de criterios arbitrarios e irregulares¡±, argumentan los investigadores sobre esta dualidad.

Los investigadores cuestionan la orden de Innovaci¨®n de 2008 que regula el programa de ayudas a empresas viables con dificultades, pero sobre todo piden solicitudes, tramitaciones, an¨¢lisis, control de las justificaciones, pagos, revocaciones y reintegros de estas 36 subvenciones concedidas por todas las consejer¨ªas. Idea inyectaba cada a?o en el mercado ayudas por 900 millones, y entre 2008 y 2009 concedi¨® avales por 55 millones, lo que da una idea de la descomunal dimensi¨®n de la investigaci¨®n que pretende abarcar la Guardia Civil.