? Por qu¨¦ se produce el cierre de Canal 9?

Cuando el pasado d¨ªa 5 se dio publicidad al anuncio del Consell del pr¨®ximo cierre de Canal 9, a muchos nos produjo una mezcla de sorpresa e incredulidad. ?C¨®mo es posible que se vaya a cerrar la radiotelevisi¨®n p¨²blica auton¨®mica? No puede ser. Es cierto que la empresa padec¨ªa un d¨¦ficit cr¨®nico, por lo que estaba incursa en un proceso de reconversi¨®n laboral dr¨¢stico, y que algunos de sus recientes, que no ¨²ltimos, gestores se hallan afectados por procesos penales de diferente naturaleza.

Pero cuando la noticia se confirm¨® y reiter¨® por fuentes autorizadas, se pas¨® de la sorpresa a la estupefacci¨®n y a la asimilaci¨®n de las circunstancias que se han dado a conocer con un ritmo vertiginoso en la ¨²ltima semana en torno a esta noticia. Caben muchos enfoques en el an¨¢lisis de esta situaci¨®n seg¨²n la perspectiva personal de cada uno. Paso a exponer resumidamente el m¨ªo.

RTVV arrastra diversas deficiencias funcionales que se han ido incrementando a lo largo de sus veinticuatro a?os de existencia. En el plano del cumplimiento de la legalidad (Constituci¨®n, Estatuto de Autonom¨ªa, Ley General de la Comunicaci¨®n Audiovisual, Ley de creaci¨®n de RTVV¡­ ) por lo que respecta a los contenidos informativos. Principios generales y derechos fundamentales, como el del pluralismo informativo, el derecho de acceso de los grupos pol¨ªticos y sociales representativos a las pantallas y micr¨®fonos de las entidades p¨²blicas de radiotelevisi¨®n, o el principio de veracidad de la informaci¨®n han sido vulnerados reiteradamente sin que se adoptaran medidas para evitarlo.

Tambi¨¦n ha habido deficiencias en el plano de la gesti¨®n econ¨®mica asumiendo compromisos y gastos por encima de las posibilidades del medio, que han llevado a generar un d¨¦ficit acumulado a lo largo de los a?os hasta llegar a la cifra actual de unos 1.300 millones de euros, que al final tendremos que pagar los contribuyentes. O en el plano administrativo y laboral, con los sistemas de acceso al trabajo y de promoci¨®n y movilidad dentro de la empresa, que han permitido acumular una plantilla desproporcionada para los requerimientos del medio. Todo ello sin perjuicio de determinados comportamientos individuales de acoso laboral, o de enriquecimiento personal a costa del erario p¨²blico, algunos de los cuales est¨¢n en estos momentos pendientes de resoluci¨®n judicial.

Todos estos actuaciones irregulares son conocidas por la opini¨®n p¨²blica y merecen la reprobaci¨®n de sus autores as¨ª como de los que han permitido que sucedieran pudiendo evitarlas, independientemente de la sanci¨®n jur¨ªdica que los tribunales decidan aplicar en cada caso. Por lo tanto, la sorpresa no ha estado tanto en la crisis estallada a ra¨ªz del ERE recientemente adoptado, como en la soluci¨®n aplicada por el Consell del cierre de la empresa, medida que parece precipitada e irreflexiva, ya que olvida aspectos jur¨ªdicos y extrajur¨ªdicos importantes.

Entre los aspectos jur¨ªdicos cabe se?alar que, aunque la Constituci¨®n no obliga a tener medios p¨²blicos auton¨®micos, esta Comunidad ha decidido tenerlos mediante la creaci¨®n por la Ley de 4 de julio de 1984 de una entidad de titularidad p¨²blica y, por tanto, acogida al sistema m¨¢s estricto del servicio p¨²blico comunicativo, que establece como prioridades de su actividad el principio de universalidad de sus destinatarios, el pluralismo ideol¨®gico, la atenci¨®n a las necesidades comunicativas de los diferentes sectores de la sociedad, la independencia del poder pol¨ªtico, la transparencia en la gesti¨®n, la protecci¨®n y fomento de la lengua y cultura propias y el respeto a los derechos de las personas, entre otros.

Como indica la Ley por la que se aprob¨® el Estatuto de R¨¤dio Televisi¨® Valenciana, la creaci¨®n de ¨¦sta ¡°supuso un hito significativo en el desarrollo de la realidad cultural, econ¨®mica y social de la Comunidad Valenciana, as¨ª como un motor de desarrollo de la industria audiovisual valenciana¡±.

En efecto, la radiotelevisi¨®n auton¨®mica, independientemente de sus evidentes y notorios defectos, se ha convertido en un referente de la vertebraci¨®n de la sociedad valenciana y en un instrumento insustituible de fomento y normalizaci¨®n de la cultura y la lengua propias de la Comunidad. Por lo tanto, su amputaci¨®n de nuestro sistema institucional no puede ser tratada desde una perspectiva meramente economicista. Es cierto que estos principios configuradores del servicio p¨²blico de comunicaci¨®n audiovisual han brillado por su ausencia en muchas ocasiones en la radiotelevisi¨®n auton¨®mica valenciana. Pero es dif¨ªcil imaginar que puedan cumplirse mejor mediante su gesti¨®n por empresas privadas.

En mi opini¨®n, la soluci¨®n no est¨¢ en cerrar la entidad gestora actual, sino en corregir sus defectos mediante la adopci¨®n de las modificaciones legales pertinentes y el establecimiento de los controles sociales y jur¨ªdicos necesarios para que los incumplimientos y desmanes producidos hasta ahora no puedan volver a producirse y, si se producen, comporten las responsabilidades correspondientes.

Lamento concluir que ello requiere una actitud dialogante y de b¨²squeda de consenso entre los responsables gubernativos y las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas, que hasta ahora no se ha dado. No menos importante es la actitud vigilante de la ciudadan¨ªa para hacer o¨ªr su voz cuando se observe laxitud en la denuncia de hechos y comportamientos contrarios a los intereses leg¨ªtimos y a los derechos de los ciudadanos porque la defensa del inter¨¦s p¨²blico es cosa de todos.

Antonio Vall¨¦s es profesor em¨¦rito de la Universidad CEU Cardenal Herrera