La juez de Lara acusa de corrupci¨®n a tres alcaldes y cinco exalcaldes

La juez de Lugo Pilar de Lara, que investiga el llamado caso Pok¨¦mon, por presunta corrupci¨®n en la concesi¨®n de contratos municipales, ha ratificado las acusaciones contra tres alcaldes, los de Santiago, Lugo y O Carballi?o (Ourense) y cinco exalcaldes, as¨ª como contra tres concejales de la capital de Galicia, un exedil de ese Ayuntamiento y otro antiguo miembro de la Corporaci¨®n de Lugo. La mayor¨ªa de los delitos que investiga la juez, centrados en Galicia, aunque con ramificaciones en Asturias y Catalu?a, salpica a cargos p¨²blicos de PP y PSOE, pero tambi¨¦n est¨¢n imputados un exalcalde de CiU y un antiguo concejal del BNG. La juez adem¨¢s sospecha que los dos principales partidos de Santiago -el Ayuntamiento con m¨¢s imputados- pudieron haberse financiado ilegalmente.

La confirmaci¨®n de los cargos en un caso que lleva 14 meses bajo secreto de sumario y acumula 88 imputados est¨¢ recogida en un auto dictado por la juez para dividir la laber¨ªntica instrucci¨®n de las diligencias entre nueve piezas. De Lara basa sus acusaciones en los datos obtenidos de intervenciones telef¨®nicas, registros en oficinas p¨²blicas y domicilios privados, an¨¢lisis de expedientes oficiales y las declaraciones prestadas a lo largo de la instrucci¨®n.

La magistrada advierte que su escrito no equivale a la ¡°imputaci¨®n formal¡± previa a la celebraci¨®n del juicio, ya que su prop¨®sito es reorganizar el sumario para facilitar la investigaci¨®n, pero reitera las sospechas contra todos los cargos p¨²blicos citados y contra los m¨¢ximos responsables de la empresa Vendex, concesionaria de diversos servicios en ayuntamientos gallegos, y de Aquagest, que gestiona el abastecimiento de aguas en Santiago y Ourense. Entre los imputados tambi¨¦n hay diversos funcionarios municipales, como el antiguo jefe de la polic¨ªa local ourensana Abelardo Ulloa.

En la mayor parte de los casos la juez no individualiza sus acusaciones, pero los posibles delitos descubiertos en su investigaci¨®n abarcan la mitad del C¨®digo Penal: cohecho, falsedad documental, malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, blanqueo de dinero, negociaciones prohibidas a funcionarios, delitos electorales¡­ Los tres alcaldes imputados son dos del PP, los de Santiago, ?ngel Curr¨¢s, y O Carballi?o (Ourense), Argimiro Marnotes, y otro socialista, el de Lugo, Xos¨¦ L¨®pez Orozco.

Adem¨¢s la juez mantiene las acusaciones contra tres exregidores que dimitieron de sus cargos por este caso, el socialista Francisco Rodr¨ªguez (Ourense), el popular Adolfo Gacio (de la localidad coru?esa de Boqueix¨®n) y el convergente Robert Fauria (del pueblo gerundense de Sant Hilari). Al mismo tiempo, est¨¢n encausados los que fueron alcaldes por el PP de Santiago, Gerardo Conde Roa -dimiti¨® antes de conocerse estos hechos tras descubrirse que defraud¨® 290.000 euros a Hacienda- y de Pravia (Asturias), Juan Carlos Guerrero, aunque este ¨²ltimo en relaci¨®n con hechos cometidos en el municipio de Cangas de Narcea. Por las ramificaciones asturianas del caso figura entre los imputados el que fuera vicesecretario del PP en el Principado Joaqu¨ªn Fern¨¢ndez D¨ªaz.

De entre los antiguos concejales el que acumula m¨¢s cargos es el socialista Francisco Fern¨¢ndez Li?ares, el que fuera mano derecha del alcalde de Lugo. A Li?ares se le acusa de manejos corruptos en la adjudicaci¨®n del servicio de gr¨²a del Ayuntamiento de Lugo, cuando era edil, y en los contratos que reparti¨® desde la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica Mi?o-Sil, de la que fue presidente con posterioridad. Es precisamente la concesi¨®n del servicio de gr¨²a y otros contratos al grupo Vendex lo que mantiene las imputaciones contra el alcalde de Lugo, que est¨¢ incluido en dos de las piezas separadas por la juez.

Pero sin duda el Ayuntamiento m¨¢s sacudido por el sumario es el de Santiago. Los supuestos ama?os de contratos a cambio de favores a las empresas del grupo Vendex y a Aquagest colocan bajo sospecha de la juez al actual alcalde, su antecesor, dos concejales del grupo de gobierno del PP, otro exedil popular que dimiti¨® por este caso y adem¨¢s al concejal socialista Bernardino Rama. Este ¨²ltimo fue secretario local del PSdeG y hombre fuerte del gobierno que dirigi¨® hasta 2011 el alcalde socialista Xos¨¦ S¨¢nchez Bugallo.

Pero adem¨¢s la juez sospecha que los dos principales partidos de Santiago se financiaron de forma ilegal. En el caso de los socialistas, la juez apunta a que la imprenta La Ib¨¦rica de la capital de Galicia, ¡°en connivencia con otras empresas, entre ellas, Aquagest¡±, ¡°habr¨ªa elaborado¡± para el PSOE local ¡°facturas falsas por un elevado importe de dinero, lo que podr¨ªa constituir un delito de falsedad documental, y delito electoral¡±. En el caso del PP, la juez investiga ¡°posible irregularidades¡± en su financiaci¨®n ¡°mediante la aportaci¨®n de dinero por empresas adjudicatarias de obras y servicios en el Ayuntamiento¡±.

En la capital de Galicia, De Lara sospecha de actuaciones corruptas relacionadas con la adjudicaci¨®n de los contratos de gesti¨®n de las multas de tr¨¢fico y de suministro de autobuses urbanos. La magistrada indaga posibles tratos de favor a empresas a cambio de regalos, viajes, el pago de actos del Ayuntamiento o la contrataci¨®n de trabajadores enchufados.