El caso de las facturas de la UGT pone a prueba el acuerdo de concertaci¨®n

La dimisi¨®n de Francisco Fern¨¢ndez Sevilla como secretario general de UGT de Andaluc¨ªa por el uso de dinero p¨²blico para fines particulares del sindicato va a poner a prueba el acuerdo concertaci¨®n. El que est¨¢ en vigor se firm¨® en noviembre de 2009 y ahora toca negociar uno nuevo. Al contrario que en otras ocasiones, nadie todav¨ªa ha movido ficha, ni desde el Gobierno, ni desde las centrales UGT y Comisiones Obreras, ni desde la Confederaci¨®n de Empresarios de Andaluc¨ªa (CEA), los cuatro protagonistas exclusivos desde que se sell¨® por primera vez en 1993. No hay fecha, por ahora, para iniciar las conversaciones.

Nadie pone en duda la legitimidad de UGT para volver a sentarse en la mesa de la concertaci¨®n, pero hasta que no elija a una nueva direcci¨®n y designe otro interlocutor, en un proceso que puede alargarse m¨¢s all¨¢ de enero, va a ser muy dif¨ªcil retomar la normalidad. Los acuerdos de concertaci¨®n han garantizado, en cierto modo, la paz social en la comunidad, gobernada desde las primeras elecciones auton¨®micas de 1982 por el PSOE. El ¨²ltimo pacto firmado por los agentes sociales y el Gobierno ha movilizado 19.825 millones de euros.

A pocos se les escapa que la movilizaci¨®n sindical contra las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy tras las elecciones de noviembre de 2011 fue clave para que la izquierda en su conjunto frustrara una victoria por mayor¨ªa absoluta del PP que pronosticaban todas las encuestas en Andaluc¨ªa. Pero el caso de las facturas irregulares de la UGT ha enfriado las relaciones entre los dos sindicatos mayoritarios, aunque mantengan la unidad de acci¨®n, y tambi¨¦n la desconfianza se ha ido abriendo paso en el Gobierno que preside la socialista Susana D¨ªaz.

Que se sepa hasta ahora, la UGT ha devuelto 25.000 euros por usar subvenciones p¨²blicas para pagar una comida en la Feria de Abril de Sevilla y adecuar un pabell¨®n deportivo para una reuni¨®n sindical. La Junta de Andaluc¨ªa est¨¢ analizando 30 expedientes y sospecha que en 17 de ellos, que suman ayudas por 7,5 millones de euros, pueden existir irregularidades. S¨ª tiene claro que tendr¨¢ que devolver 1,8 millones en el caso de los dos primeros investigados.

Seg¨²n fuentes del Gobierno, el octavo Acuerdo de Concertaci¨®n Social tendr¨¢ perfiles distintos a los hasta ahora negociados, dado que la propia presidenta de la Junta defendi¨® en su discurso de investidura poner en marcha un nuevo modelo productivo y primar los incentivos a la subvenci¨®n, un camino que ya inici¨® ex expresidente Manuel Chaves con Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n como consejero de Econom¨ªa,

El Gobierno andaluz mantiene que el caso de la UGT "no tiene nada que ver con la concertaci¨®n", afirma el consejero de la Presidencia, Manuel Jim¨¦nez Barrios. Este defiende que el pacto entre los agentes sociales y la Junta ha contribuido a "la cohesi¨®n territorial" y que lo ocurrido "no puede poner en cuesti¨®n" este instrumento, aunque s¨ª apuesta por "extraer conclusiones para tomar un nuevo impulso". Del mismo modo, el secretario de Organizaci¨®n del PSOE, Juan Cornero, cree que este caso "no debe afecta a la concertaci¨®n" y asegura que el papel de la UGT en defensa de los derechos de los trabajadores "no puede estar en cuesti¨®n por hechos que hay que clarificar y depurar responsabilidades".

Tambi¨¦n el coordinador de IU, Antonio Ma¨ªllo, distingue entre "la situaci¨®n dif¨ªcil" por la que atraviesa UGT del objetivo pol¨ªtico de alcanzar un pacto con los agentes sociales, con un "modelo diferente" al de hasta ahora, que ¨¦l considera agotado. IU apuesta por la entrada en el pacto de la econom¨ªa social.

El Partido Popular reclama bajar el bal¨®n al suelo. "Hay que ser prudente", sostiene el secretario general del PP, Jos¨¦ Luis Sanz. "No es el momento de poner encima de la mesa otro acuerdo de concertaci¨®n hasta saber hasta d¨®nde ha llegado todo esto. La Junta de Andaluc¨ªa tiene que dar muchas explicaciones de por qu¨¦ han fallado los controles del dinero", precisa. Sanz se pregunta si "el control del dinero solo ha fallado en UGT o si tambi¨¦n ha ocurrido con Comisiones Obreras y la CEA". En su opini¨®n, en este caso hay dos responsables, el que recibe el dinero y el que lo da "y no lo controla", en alusi¨®n a la Junta. Para Sanz, el debate de la concertaci¨®n "tiene que quedar totalmente aplazado, hasta que no se sepa toda la verdad".

Francisco Carbonero, secretario general de CC OO, considera "imprescindible" m¨¢s que nunca el papel de los sindicatos y asegura que la investigaci¨®n a la UGT no debe afectar al acuerdo de concertaci¨®n. "Ser¨ªa un gran error pensar que las situaciones que puedan pasar organizaciones sindicales, empresariales o el propio Gobierno puedan afectar a la b¨²squeda de acuerdos y de consensos", subraya.

Hasta ahora, CC OO no se ha visto salpicada por irregularidades, mientras que la CEA est¨¢ siendo investigada por el Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Sevilla, que ha admitido a una denuncia presentada por seis constructores contra el presidente de la patronal, Santiago Herrero, al que acusan, junto a otros siete directivos, de una estafa de 591.000 euros en un proyecto de VPO.

Los tres fijos de la foto de la concertaci¨®n con el Gobierno andaluz (UGT, CC OO y CEA) han acometido despidos y reducciones salariales en sus plantillas debido a la ca¨ªda de ingresos para cursos de formaci¨®n que pagaba la Junta y tambi¨¦n de las cuotas de afiliaciones.