Nuevos documentos de Brugal revelan la connivencia entre Castedo y Ortiz

¡°Los intereses econ¨®micos de Enrique Ortiz determinaron las decisiones pol¨ªticas y urban¨ªsticas en Alicante¡±, seg¨²n concluy¨® el abogado de Esquerra Unida (EU), Jos¨¦ Luis Romero, personado en el caso Brugal, y que aport¨® 13 nuevos documentos al juez que avalar¨ªan la tesis de la polic¨ªa, y demostrar¨ªan ¡°el pelotazo urban¨ªstico¡± del Plan Rabassa, seg¨²n dijo el concejal de Esquerra Unida en Alicante, Miguel ?ngel Pav¨®n.

El titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 6 de Alicante, Juan Carlos Cer¨®n, acept¨® toda documentaci¨®n y acord¨® incorporarla al sumario de la pieza separada del caso Brugal sobre las presuntas irregularidades en la tramitaci¨®n del Plan Rabassa que arranc¨® tras la denuncia de EU, presentada en octubre de 2012, por supuesta prevaricaci¨®n, cohecho y tr¨¢fico de influencias contra, entre otros, el exalcalde, Luis D¨ªaz Alperi, la actual regidora y anterior concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz.

Los nuevos documentos privados firmados por Ortiz, principal imputado en Brugal, y los responsables de Ikea desvelan que, en un primer momento, se pretend¨ªa ubicar la gran superficie en una parcela propiedad de una mercantil del empresario en el PAU 1, a cambio de m¨¢s de 35,1 millones de euros.

En otro informe, se observa que posteriormente se decidi¨® que Ikea fuera a terrenos de Ortiz en Rabassa con una operaci¨®n inicial de 66,9 millones de euros. A cambio, Ortiz se compromet¨ªa a firmar un convenio con el Ayuntamiento y a conseguir informes t¨¦cnicos municipales para modificar el PGOU para permitir implantar Ikea y un centro comercial.

Tambi¨¦n se brindaba a suscribir un convenio con la Generalitat y a la tramitaci¨®n del PGOU revisado, con la modificaci¨®n necesaria del proyecto de urbanizaci¨®n del plan parcial. Otro documento aportado al juzgado es una cl¨¢usula adicional al contrato anterior, con fecha junio de 2008, por la Ortiz se reserva una parcela para instalar una estaci¨®n de servicio y un parque comercial junto a Ikea.

La propia alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, envi¨® en abril de 2009 una carta a los responsables de Ikea manifestando el ¡°inter¨¦s¡± del Ayuntamiento en la puesta en marcha de la multinacional sueca, y reconociendo que es ¡°consciente¡± de las necesidades urban¨ªsticas. EU tambi¨¦n ha conseguido el borrador de convenio entre el Ayuntamiento, Viviendas Sociales del Mediterr¨¢neo, SL, la empresa de Ortiz, e Ikea para construir un centro c¨ªvico las Lagunas de Rabassa con fecha 13 de julio de 2009.

El promotor tambi¨¦n eleva una consulta, el 2 de noviembre de 2009, al Ayuntamiento para aplicar un coeficiente corrector de edificabilidad del 0,7 para uso terciario del centro c¨ªvico, y un nuevo contrato promesa de compraventa, el 3 de julio de 2009, de los terrenos de Rabassa, propiedad de Deproinmed, SL, a Ikea por 97 millones, una vez incorporados los requerimientos de la multinacional.

Todos esos documentos privados, seg¨²n destac¨® el abogado Romero, son previos a los acuerdos adoptados en el mismo sentido por el Consistorio, lo que demostrar¨ªa que ¡°el urbanismo de la ciudad est¨¢ vinculado a satisfacci¨®n del amigo personal de la alcaldesa Sonia Castedo: Enrique Ortiz¡±. Por su lado, Pav¨®n destac¨® que entre el primer contrato para llevar Ikea al PAU 1 y el ¨²ltimo que conocen para Rabassa hay ¡°una diferencia o plusval¨ªa de 62 millones. Los contratos privados de Ortiz con Ikea anticipan y parecen predeterminar el urbanismo de la ciudad¡±, asegur¨® el edil.

Para EU, todas esas condiciones urban¨ªsticas elevar¨ªan el valor del suelo en Rabassa en beneficio de Ortiz y podr¨ªan hacer que la instalaci¨®n de Ikea en la ciudad le saliera casi gratis a la multinacional, ya que a su vez ingresar¨ªa mucho dinero por la venta de terreno en el macrocentro comercial para tiendas y otras grandes cadenas.

El abogado de EU insisti¨® en que estos informes ¡°confirman que las decisiones institucionales van detr¨¢s de los acuerdos adoptados por Ortiz y su socio; que el ayuntamiento no act¨²a por el inter¨¦s general sino para implementar esos intereses econ¨®micos¡±.

Ante esta situaci¨®n, la diputada Esther L¨®pez, presentar¨¢ una proposici¨®n no de ley para instar a la consejer¨ªa de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para que no autorice la Actuaci¨®n Territorial Estrat¨¦gica (ATE) para posibilitar la implantaci¨®n de Ikea y el macrocentro comercial anexo. EU considera que la referida ATE est¨¢ ¡°viciada¡± por las presuntas ilegalidades que investiga el juez en esta supuesta ¡°trama de corrupci¨®n a favor de Ortiz¡±.

El juez acaba de recibir los informes policiales pedidos y est¨¢ a la espera, tras requerirlo por segunda vez, de recibir la documentaci¨®n del caso procedente del juzgado de Orihuela