Recursos para quien perdi¨® la ca?a

Una ley que permite expropiar viviendas a los bancos que planeen el desahucio de familias en riesgo de exclusi¨®n, un decreto para garantizar tres comidas diarias a los escolares, el anuncio de otro para asegurar un suministro m¨ªnimo de electricidad y agua y un programa para que los inquilinos de viviendas sociales que no puedan pagar el alquiler compensen parte de sus deudas con trabajos para su comunidad. Si el ¨¦xito de un Gobierno se midiera por el impacto medi¨¢tico de sus incitativas, la Junta de Andaluc¨ªa lo tendr¨ªa garantizado con las ¨²ltimas medidas sociales de la coalici¨®n que forman PSOE e IU.

Pero, entre elogios y cr¨ªticas, se ha abierto un debate: lo que para unos son pol¨ªticas progresistas, para otros son iniciativas de beneficencia; lo que unos aplauden como una respuesta imaginativa ante situaciones de emergencia, otros reprueban como remiendos con m¨¢s impacto medi¨¢tico que social. En medio, alg¨²n observador mitad esc¨¦ptico, mitad expectante, como el polit¨®logo y analista pol¨ªtico Eduardo San Jos¨¦. ¡°Un Gobierno de izquierdas tiene que remover conciencias con pol¨ªticas sociales, pero si no se les da dotaci¨®n econ¨®mica se pueden convertir en brindis al sol¡±, advierte.

El polit¨®logo considera que medidas como las puestas en marcha por el Gobierno andaluz son v¨¢lidas ante ¡°situaciones extraordinarias¡±, sin embargo, para que realmente tuvieran calado, deber¨ªan ser reguladas como derechos. ¡°Pero dudo que eso sea econ¨®micamente sostenible, por lo que deduzco que pueden ser medidas impactantes pero con poco recorrido¡±, afirma San Jos¨¦. Con todo, admite que PSOE e IU consiguen transmitir una idea clara: ¡°Somos izquierda y hacemos propuestas de izquierdas¡±.

Los dos partidos que forman la coalici¨®n de Gobierno hacen suyo este mensaje y defienden sus medidas como una reacci¨®n ¡°valiente¡± para afrontar las consecuencias de la crisis para las familias andaluzas. La consejera de Bienestar Social, Mar¨ªa Jos¨¦ S¨¢nchez Rubio (PSOE), defiende estas iniciativas como complemento del sistema consolidado de servicios sociales. Niega que sean medidas de beneficencia. ¡°Sirven para atajar unas situaciones de emergencia en un momento coyuntural. Y eso tambi¨¦n es una obligaci¨®n de los poderes p¨²blicos¡±, afirma.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cort¨¦s (IU), a?ade otra raz¨®n para instaurar estos programas: la justicia social. ¡°Los Gobiernos nos debemos al cumplimiento de normas esenciales, como la Constituci¨®n, el Estatuto de Autonom¨ªa o la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos. Queremos defender derechos que estaban siendo sistem¨¢ticamente pisoteados¡±, afirma Cort¨¦s, sorprendida por las cr¨ªticas que est¨¢n recibiendo desde algunos sectores las ¨²ltimas iniciativas de la Junta, similares a otras que funcionan en muchos pa¨ªses europeos. En Francia o Reino Unido, por ejemplo, las autoridades pueden ¡°incautar¡± viviendas deshabitadas. ¡°No hemos inventado la p¨®lvora¡±, se?ala la consejera de Fomento.

Los dos grupos que forman el Gobierno andaluz reivindican sus propuestas como una respuesta a las otras decretadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. ¡°Nos vemos obligados a poner en marcha estas medidas porque hay una necesidad urgente derivada de pol¨ªticas que van en el sentido contrario y que han dejado en desamparo a muchas familias. Lo que intentamos es luchar contra pol¨ªticas salvajes¡±, afirma el portavoz parlamentario de IU, Jos¨¦ Antonio Castro.

Pero la oposici¨®n pol¨ªtica y muchas voces sociales sostienen que la Junta ya ten¨ªa instrumentos para conseguir los mismos resultados que se persiguen con estas iniciativas. Es lo que defiende, por ejemplo, el movimiento Marea Naranja en Granada, formado por ciudadanos y profesionales en defensa del Estado de bienestar. ¡°El sistema cuenta con recursos, programas y prestaciones b¨¢sicas que, parad¨®jicamente, se est¨¢n viendo afectados por los recortes de las Administraciones¡±, advierte un portavoz de esta asociaci¨®n. ¡°?Para qu¨¦ inventarse nuevas medidas? ?No ser¨¢ m¨¢s rentable reforzar las que ya existen o desarrollar las no ejecutadas, como las medidas de formaci¨®n y contrataci¨®n contempladas en el Programa de Solidaridad?¡±.

En esta necesidad de cumplir con los programas y derechos vigentes antes de implantar otros nuevos coincide tambi¨¦n el Partido Popular. Lo contrario, advierte la parlamentaria Rosario Soto, es ¡°pura demagogia y m¨¢s pancarta¡±. Soto se?ala, sobre todo, los retrasos en los pagos del Ingreso M¨ªnimo de Solidaridad, el llamado salario social, para el que los ciudadanos tienen que esperar meses entre que se le concede y empiezan a cobrarlo. ¡°Primero que cumplan con eso y luego, si queda dinero, que pongan nuevas medidas¡±, afirma Soto, que es de la opini¨®n de que para las familias es mejor recibir una ayuda (como el salario social ya existente o la prometida renta b¨¢sica) y ¡°autogestionar¡± sus ingresos.

La renta b¨¢sica es la gran promesa pendiente. Ah¨ª coinciden todos. IU llevar¨¢ al pr¨®ximo pleno la creaci¨®n de un grupo de trabajo para poner en marcha este salario m¨ªnimo, aunque el Gobierno prev¨¦ que no entrar¨¢ en vigor hasta 2015. Seg¨²n el Ejecutivo andaluz, no hay tiempo antes porque hay que estudiar la normativa estatal y europea y se quiere escuchar la opini¨®n de los agentes sociales. Pero adem¨¢s de faltar tiempo, probablemente falta dinero, ya que la renta b¨¢sica requiere una liquidez mensual dif¨ªcil de garantizar hoy. ¡°Cualquier Gobierno que quiera ser un verdadero Estado del Bienestar deber¨ªa garantizar una renta b¨¢sica. Pero, con las circunstancias actuales, es imposible que nadie lo haga. La realidad es que solo los pa¨ªses ricos tienen una buena renta b¨¢sica¡±, advierte el polit¨®logo Eduardo San Jos¨¦ que, con todo, aplaude que la Junta persiga esta ¡°utop¨ªa¡±. ¡°Tienen que hacerlo. Hace unas d¨¦cadas era ut¨®pico mucho de lo que hoy consideramos b¨¢sico. Un Gobierno de izquierdas tiene que intentar poner en marcha una renta b¨¢sica el problema es: ?c¨®mo se financia?¡±.

La duda que expresa San Jos¨¦ ser¨¢ una de las inc¨®gnitas que tendr¨¢n que despejar los grupos pol¨ªticos el a?o que viene, aunque el secretario general de CC OO de Andaluc¨ªa, Francisco Carbonero, cree que ¡°reordenando y concentrando los esfuerzos¡± que ahora se dispersan entre distintos programas bastar¨ªa para garantizar una renta m¨ªnima. ¡°En Andaluc¨ªa se est¨¢n promoviendo medidas demasiado cortoplacistas. Cualquier iniciativa que palie dificultades nos parece positiva, pero hay que avanzar hacia derechos que aborden problemas estructurales, no situaciones puntuales¡±, se?ala. Su opini¨®n la comparte el exdefensor del Pueblo andaluz, Jos¨¦ Chamizo, que lleva a?os reivindicando una ley de Inclusi¨®n, cuyo borrador lleg¨® a redactarse en la anterior legislatura y que deb¨ªa regular la renta b¨¢sica. ¡°Todo lo dem¨¢s son parches. La excusa para parar la ley de Inclusi¨®n fue que era cara. Pero resulta que ahora se sacan del bolsillo otras medidas¡±, lamenta.

Como Carbonero, el exdefensor aboga por instaurar derechos e integrar estas pol¨ªticas en una sola norma. ¡°Ahora est¨¢ todo deslavazado, parecen brotes¡±, afirma Chamizo, que aunque defiende la renta b¨¢sica aboga por ¡°huir de la paga¡±. ¡°Es bueno responsabilizar a las personas a las que se va a ayudar. Si recibes 400 euros debes ofrecer a la sociedad al menos una hora de trabajo diario. Ellos, los afectados, lo reclaman, quieren dignificar la ayuda que reciben¡±, asegura.

Esta idea de resarcir con el esfuerzo personal el apoyo institucional es el eje del alquiler compensado, la ¨²ltima medida anunciada por la Consejer¨ªa de Fomento y Vivienda. La propuesta no ha gustado al l¨ªder andaluz de CC OO, que rechaza ¡°cambiar empleo por trabajos sociales¡±, ni al PP, para quien es una iniciativa ¡°electoralista y de efecto muy limitado¡±, seg¨²n la parlamentaria Alicia Mart¨ªnez.

La consejera Elena Cort¨¦s, sin embargo, asegura que son los propios inquilinos de viviendas sociales atrapados en deudas los que han reclamado una f¨®rmula que les permita contribuir con su trabajo. ¡°Es una propuesta que sale de abajo, de escuchar a la gente¡±, afirma. Frente a los reproches por parecer pol¨ªtica de beneficencia que han tenido algunas iniciativas de la Junta, el alquiler compensado es ¡°lo opuesto a la caridad¡±, afirma Cort¨¦s. El Gobierno andaluz, de todas formas, no reniega de las ayudas de emergencia. ¡°Nos gustar¨ªa dar la ca?a y no el pescado. Pero a muchas personas les han quitado la ca?a, el cebo y les han atado las manos. No podemos dejarles tirados¡±, afirma el portavoz de IU, Jos¨¦ Antonio Castro.