Imputado el exconsejero Nadal por una operaci¨®n urban¨ªstica del Incas¨°l
Un juez investiga tambi¨¦n al exdirector del organismo p¨²blico y al de Urbanismo por el pago de 7,5 millones en una permuta de terrenos en Santa Cristina d¡¯Aro
Un juez de Barcelona investiga al exconsejero socialista Joaquim Nadal por las presuntas irregularidades de una operaci¨®n urban¨ªstica en Santa Cristina d¡¯Aro (Baix Empord¨¤). Nadal prest¨® declaraci¨®n ayer por la tarde, en calidad de imputado, en dependencias de la Guardia Civil ¡ªque ejerce como polic¨ªa judicial¡ª sobre un acuerdo firmado en 2006 entre el? el Instituto Catal¨¢n del Suelo (Incas¨°l), el ayuntamiento de la localidad y la promotora de un pol¨ªgono industrial. En ese convenio, la Generalitat pag¨® 7,5 millones por la compra de unos terrenos, una suma que est¨¢ en el centro de las pesquisas.
El caso arranc¨® hace m¨¢s de un a?o a ra¨ªz de la denuncia del empresario promotor del pol¨ªgono, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, que est¨¢ bajo secreto de sumario. Cuando se firm¨® el acuerdo, Nadal ejerc¨ªa como consejero de Pol¨ªtica Territorial y Obras P¨²blicas y como presidente del Consejo de Administraci¨®n del Incas¨°l. Adem¨¢s del dirigente socialista, ayer tambi¨¦n declararon como imputados ante la Guardia Civil el ex director general de Urbanismo y el exdirector del Incas¨°l. Adem¨¢s, est¨¢n siendo investigados otros cargos del Ayuntamiento de Santa Cristina d¡¯Aro, que entonces estaba dirigido por el tambi¨¦n socialista Ricard Herrero, seg¨²n fuentes judiciales. Durante la investigaci¨®n, la Guardia Civil ha solicitado abundante documentaci¨®n tanto al Incas¨°l como al consistorio.
El origen de la causa judicial est¨¢, supuestamente, en unos terrenos en la zona de Solius (en Santa Cristina) destinados a transformarse en un pol¨ªgono industrial. La oposici¨®n vecinal y ecologista ¡ªa trav¨¦s de la plataforma Salvem Solius¡ª exigi¨®, sin embargo, que se paralizara el proyecto por el inter¨¦s paisaj¨ªstico y ambiental del valle. La Generalitat atendi¨® las protestas. Y en 2006, las tres partes ¡ªIncas¨°l, ayuntamiento y la promotora del pol¨ªgono¡ª firmaron un convenio que satisfizo a todos.
Para proteger el valle de Solius ¡ªmediante un cambio de calificaci¨®n urban¨ªstica que lo convertir¨ªa en espacio verde y para equipamientos¡ª la Generalitat compr¨® el 50% del terreno (el de mayor valor paisaj¨ªstico) a la promotora, que ten¨ªa todos los permisos para impulsar la zona. Adem¨¢s de esos 7,5 millones de euros, compens¨® a la empresa con una permuta de terrenos ¡ªel sector Bernades¡ª donde se podr¨ªan instalar empresas. Llort justific¨® entonces el pago como una ¡°inversi¨®n¡±. Un a?o m¨¢s tarde, la comisi¨®n de Urbanismo de Girona dio el visto bueno a la modificaci¨®n urban¨ªstica para Santa Cristina d¡¯Aro.
Los nuevos terrenos industriales del sector Bernades resultaron ¡°inundables¡±, como en realidad ¡°ya advert¨ªan los informes t¨¦cnicos¡±, seg¨²n fuentes de la defensa del Incas¨°l. Para solucionar los ¡°problemas de humedades¡±, seg¨²n las mismas fuentes, la promotora ten¨ªa que afrontar una inversi¨®n mayor de la prevista. Adem¨¢s, los informes encargados por el organismo p¨²blico advirtieron de que el nuevo pol¨ªgono, debido a la crisis, no era econ¨®micamente viable. El pol¨ªgono no lleg¨® a desarrollarse. El empresario se sinti¨® perjudicado y acab¨® presentando una querella en los juzgados. La Guardia Civil tir¨® del hilo y sostiene que el pago de los 7,5 millones por parte del Incas¨°l fue desproporcionado, una tesis que contradice la defensa de Nadal y el resto de cargos implicados.
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