Alaya se?ala otra vez a Chaves y Gri?¨¢n

Del despacho de la juez Mercedes Alaya han salido hoy las tres noticias protagonistas de la actualidad andaluza: tras enviar a prisi¨®n de madrugada a tres de los cinco detenidos en la Operaci¨®n Madeja acusados de sobornos, la Guardia Civil acordon¨® y registr¨® la sede del sindicato UGT bajo su supervisi¨®n y difundi¨® un auto en el que se?ala de nuevo a la anterior c¨²pula del Gobierno andaluz. Todo en 24 horas fren¨¦ticas.

La magistrada ha vuelto a se?alar a los expresidentes de la Junta de Andaluc¨ªa Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, as¨ª como a cinco exconsejeros socialistas, por su supuesta participaci¨®n en el fraude de los ERE. Hace una semana la Audiencia de Sevilla tumb¨® por falta de motivaci¨®n el primer auto en el que Alaya comunic¨® a estos siete cargos aforados que ten¨ªa indicios de delito contra ellos, en una especie de ¡°preimputaci¨®n¡±, seg¨²n defini¨® la Audiencia. Alaya ha respondido a los jueces en un auto de 28 p¨¢ginas para precisar en qu¨¦ consisten sus sospechas, al amparo del art¨ªculo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que como instructora no puede imputar a cargos aforados.

Alaya considera que la c¨²pula del Ejecutivo aut¨®nomo conoci¨® y particip¨® en la elaboraci¨®n del sistema de ayudas sociolaborales que mantuvo la Junta entre 2000 y 2010 y que considera ilegal, un proceso que tilda de ¡°inid¨®neo¡±. Alaya afirma que las transferencias de financiaci¨®n, el instrumento presupuestario para pagar el fondo de los ERE, que ascendi¨® a 700 millones en una d¨¦cada, no se pod¨ªan utilizar para abonar las ayudas a extrabajadores y empresas. Esta figura permit¨ªa dar el dinero de las ayudas de forma ¨¢gil, pero sorteaba los controles de la Intervenci¨®n de la Junta.

Alaya considera que el procedimiento instaurado fue fruto de una decisi¨®n pol¨ªtica de la que eran conocedores los expresidentes Gri?¨¢n, Chaves y los exconsejeros Carmen Mart¨ªnez Aguayo, Antonio ?vila, Manuel Recio, Jos¨¦ Antonio Viera y Francisco Vallejo, aforados en Cortes o en el Parlamento andaluz. Y la juez subraya que explica su tesis ¡°a modo de descripci¨®n, sin efectuar el menor juicio de inferencia (...) De forma absolutamente descriptiva y as¨¦ptica¡±.

La magistrada se remonta al inicio del sistema por el que en 2000 el Ejecutivo aut¨®nomo sustituy¨® las subvenciones excepcionales por las ayudas sociolaborales. Y se apoya en el informe de los auditores de la C¨¢mara de Cuentas que cuestionaba el ¡°uso inadecuado¡± de las transferencias de financiaci¨®n por contravenir la Ley General de Hacienda P¨²blica de Andaluc¨ªa y la Ley General de Subvenciones. Adem¨¢s, Alaya recuerda asimismo las cr¨ªticas de la Intervenci¨®n General de la Junta que censur¨® sin vetar el fondo. Frente a sus tesis incriminatorias, la Junta ha defendido la legalidad del procedimiento, ya que, entre otras cuestiones, fue aprobado a?o tras a?o por el Parlamento al estar integrado en la Ley de Presupuestos.

La juez imputa al expresidente Manuel Chaves haber aprobado como presidente del Consejo de Gobierno, formado asimismo por el resto de consejeros, modificaciones presupuestarias por 93 millones solo entre 2000 y 2001 para aumentar el fondo de los ERE. El auto hace un recorrido por diferentes declaraciones de t¨¦cnicos de la Consejer¨ªa de Hacienda, de la Intervenci¨®n General y de los exconsejeros Antonio Fern¨¢ndez y Magdalena ?lvarez, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, para sostener su gen¨¦rica imputaci¨®n.

La juez recuerda la declaraci¨®n judicial de Fern¨¢ndez sobre el conocimiento del sistema de ayudas que ten¨ªan Chaves y el resto de los miembros del Consejo de Gobierno. ¡°Un consejero nunca act¨²a en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta¡±, incidi¨® Fern¨¢ndez.

Sobre el papel de Gri?¨¢n durante su etapa como consejero de Hacienda, el ex interventor general Manuel G¨®mez puntualiz¨®: ¡°Es impensable que el Consejero no conociera que se hab¨ªa generado un d¨¦ficit de 93 millones y posteriormente de 95 millones, provocado por uno solo, el director general de Trabajo [Javier Guerrero]; era absolutamente notorio, sobre todo para el responsable de los fondos de la Junta¡±.