El TSJ mantiene la imputaci¨®n de Sonia Castedo en el ¡®caso Brugal¡¯
La alcaldesa pidi¨® otra vez el archivo de la causa y anular todas las escuchas
El magistrado que instruye el caso Brugaldesmonta, por cuarta vez consecutiva en un a?o, las tesis de la defensa de Sonia Castedo, y lejos de desimputarla confirma esta condici¨®n y valida el proceso judicial y las pruebas aportadas.
El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que investiga el presunto ama?o del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Alicante mantiene sus sospechas de que la alcaldesa del PP maniobr¨® para supuestamente beneficiar al constructor Enrique Ortiz en un multimillonario pelotazo urban¨ªstico.
El magistrado, Juan Climent, desmonta en su ¨²ltima providencia ¡ªrazonamiento judicial¡ª fechada el pasado 17 de diciembre, la tesis de la defensa de Castedo. El juez ratifica su imputaci¨®n por cohecho, tr¨¢fico de influencias y revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada. Y rechaza archivar la causa contra la regidora que se instruye desde octubre de 2012 en el TSJ y que salpica, adem¨¢s, a su antecesor en el cargo, Luis D¨ªaz Alperi, tambi¨¦n en Brugal.
El magistrado recuerda que la causa sigue su tr¨¢mite procesal
"No hay lugar, por el momento, a las peticiones de archivo de las actuaciones o al levantamiento de la imputaci¨®n", concluye el instructor sobre la l¨ªnea argumental esgrimida por la defensa de la regidora. El juez, mientras contin¨²a la instrucci¨®n de la causa, no tiene previsto adoptar ninguna decisi¨®n m¨¢s. El magistrado rechaza tambi¨¦n anular los pinchazos policiales grabados entre mayo de 2008 y junio de 2010, durante la recta final de la tramitaci¨®n del PGOU y que est¨¢n bajo sospecha. Conversaciones donde Ortiz llamaba a Castedo "la t¨ªa m¨¢s grande que he visto en mi vida" y que son utilizados por el fiscal para intentar demostrar la buena relaci¨®n entre alcaldesa y este constructor que controla el 70% del suelo urbanizable de Alicante, y es uno de los principales contratistas del Ayuntamiento.
Fuentes pr¨®ximas a Castedo quitaron ayer hierro al pronunciamiento judicial. "Era de esperar" zanj¨® un portavoz de la regidora popular. Su abogado anunci¨® un recurso. "Desde hace meses sab¨ªamos que el juez se negar¨ªa a aceptar nuestras peticiones", explica el catedr¨¢tico de la Universidad de Alicante, Jos¨¦ Mar¨ªa Asencio, que sostiene que el instructor "no concreta en su providencia las imputaciones". Y anuncia nuevos episodios de una ofensiva legal que se niega a desvelar. Asencio fue el autor de un denso escrito de 119 p¨¢ginas que la defensa remiti¨® en octubre al TSJ para pedir al juez que levantara la imputaci¨®n y se archivaran las diligencias. En este documento solicitaba que se concretaran los delitos atribuidos a la regidora ¡ªque acostumbra a decir en entrevistas que desconoce qu¨¦ delitos le imputan¡ª en la venta de un coche Mini o los viajes a Andorra que, seg¨²n la investigaci¨®n, regal¨® Ortiz a la regidora y a su familia.
El abogado de Castedo cuestionaba en su recurso la instrucci¨®n del caso por tratarse de "imputaciones abstractas" y denunciaba el inter¨¦s de las acusaciones particulares ¡ªPSPV y EU¡ª de mantener candente el proceso con fines pol¨ªticos. La defensa alud¨ªa a la instrucci¨®n practicada en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Alicante.
El caso Brugal, que seg¨²n la polic¨ªa comport¨® un pelotazo de 120 millones de euros, revela una presunta red de influencias entre el Ayuntamiento del PP y el constructor Ortiz. El contenido del sumario desvela la proximidad entre los pol¨ªticos y algunos empresarios. En una de esas conversaciones interceptadas por la Polic¨ªa de orden del juez, por ejemplo, Castedo dice a Ortiz: "Te hemos apa?ado tambi¨¦n lo que hay en el APA 9, Lomas del Garbinet, y tambi¨¦n lo del Rico P¨¦rez".
Las ramas del caso Brugal que lleva un juzgado de Orihuela han vuelto a cambiar de magistrado despu¨¦s de que la jueza de carrera que llevaba el peso de la investigaci¨®n haya conseguido el traslado a Alicante. Se trata de la Juez de Adscripci¨®n Territorial (JAT) Ana Bel¨¦n Cordero, que fue enviada a Orihuela a principios de 2012 por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), Pilar de la Oliva, por un tiempo indefinido y ¨²nicamente vinculado a que se aliviara la carga de trabajo del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3. La juez titular asumir¨¢ el caso para evitar m¨¢s demoras.
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