EU pide a Fabra la suspensi¨®n cautelar de la ATE de Ikea en Rabassa
Una mercantil participada por Enrique Ortiz, imputado en Brugal, promueve este proyecto
Esquerra Unida ha pedido este viernes al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la suspensi¨®n cautelar de la tramitaci¨®n de la Actuaci¨®n Territorial Estrat¨¦gica (ATE) promovida para la implantaci¨®n de Ikea en la zona de Rabassa en Alicante, seg¨²n ha informado el partido en un comunicado.
En un escrito, firmado por el concejal Miguel Angel Pav¨®n y por la diputada auton¨®mica Ester L¨®pez, la formaci¨®n de izquierdas argumenta que la ATE est¨¢ promovida por la mercantil Alicante Avanza (Grupo Urbanika), participada por el empresario Enrique Ortiz, "sobre terrenos de suelo no urbanizable" vinculados al Plan Rabassa mientras se desarrollan las diligencias previas de investigaci¨®n penal 1468/2008 seguidas ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Alicante y, en su caso, el posterior procedimiento penal que puedan originar".
EU ha solicitado la suspensi¨®n de la declaraci¨®n de ATE para "someter a participaci¨®n p¨²blica la versi¨®n preliminar" de la actuaci¨®n estrat¨¦gica.
DESLEGITIMACION
A juicio de Pav¨®n y L¨®pez Barcel¨®, el proceso puede quedar "deslegitimado" por el "presunto ama?o del Plan Rabassa" en favor de los intereses de Enrique Ortiz y sus "vinculaciones" con la ubicaci¨®n sobre terrenos del Plan de la macrosuperficie comercial de 300.000 m2 "que tambi¨¦n promueve Enrique Ortiz a trav¨¦s de la ATE presentada por Alicante Avanza".
EU ha recordado que "se trata de cuestiones que est¨¢n siendo investigadas" en el marco de las "diligencias previas 1468/2008 --pieza separada del caso Brugal--", en las que la formaci¨®n est¨¢ personada como acusaci¨®n popular.
Estas se reabrieron por una denuncia de la formaci¨®n de izquierdas en la que se apunta "la posible comisi¨®n de varios delitos --prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias y cohecho--, por parte de distintos cargos y responsables p¨²blicos municipales, auton¨®micos y estatales, entre ellos la alcaldesa Sonia Castedo, el exalcalde Luis D¨ªaz Alperi y la exsecretaria auton¨®mica de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente y Territorio Mar¨ªa Angeles Ure?a, t¨¦cnicos municipales y el propio Enrique Ortiz".
"Los presuntos il¨ªcitos penales investigados, en caso de confirmarse mediante sentencia judicial firme, conllevar¨ªan de forma autom¨¢tica la anulaci¨®n de la ATE, por lo que la aplicaci¨®n de un elemental criterio de cautela jur¨ªdica conllevar¨ªa la suspensi¨®n inmediata de su tramitaci¨®n mientras se desarrollan las actuales diligencias previas y el posible procedimiento penal que puedan originar", han concluido la diputada y el concejal de EU.
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