La UE ultima una multa ¡®disuasoria¡¯ de 50 millones a las instituciones vascas

No ha habido ni clemencia ni sensibilidad a los argumentos de las Diputaciones. La t¨¢ctica dilatoria que utilizaron las tres de manera colegiada para prolongar los procedimientos judiciales con el convencimiento de que finalmente alg¨²n tribunal les dar¨ªa la raz¨®n en el controvertido asunto de las vacaciones fiscales, est¨¢ a punto de fracasar. Primero los espa?oles y despu¨¦s los tribunales europeos han coincidido de forma sistem¨¢tica en que la capacidad normativa tributaria de Euskadi tiene un l¨ªmite, las normas del mercado y de la competencia comunitaria.

La abogada general de la UE, Eleanor Sharpston ha propuesto este jueves al Tribunal de Justicia que imponga a Espa?a ¡ªel pago corresponde a las instituciones forales y al Gobierno vasco¡ª una multa de 50 millones de euros, 14 menos de lo propuesto por la Comisi¨®n, por no recuperar a tiempo una serie de ayudas fiscales ilegales concedidas en Euskadi en la d¨¦cada de los noventa a m¨¢s de 300 empresas y por importe de 322 millones.

La multa es una recomendaci¨®n a la corte de Luxemburgo, pero en el 80% de las ocasiones, estas se recogen en las sentencias definitivas. Sharpston reconoce que se trata de la propuesta de multa m¨¢s elevada de las que ha impuesto el tribunal a tanto alzado ¡ªtambi¨¦n las ayudas ilegales concedidas lo fueron¡ª, pero argumenta que es as¨ª primero por la gravedad de unas medidas que pudieron afectar al mercado, y sobre todo por el incumplimiento sistem¨¢tico de las instituciones forales vascas de las sentencias del tribunal.

¡°Tanto la cuant¨ªa de las ayudas de que se trata como la demora en su recuperaci¨®n son considerables, y parece que las autoridades espa?olas han dedicado una gran cantidad de tiempo y de energ¨ªa a intentar aminorar las cantidades que deb¨ªan recuperarse, a menudo, aportando detalles excesivos que entra?aban m¨¢s dilaciones¡±, argumenta. La abogada, que no habl¨® de obstrucci¨®n, pero si sugiri¨® la puesta en marcha de maniobras para retrasar el procedimiento, explica que en 2001, la comisi¨®n sancion¨® como ilegales las medidas y hasta octubre de 2013 no se acab¨® con la recuperaci¨®n del dinero.

Las vacaciones fiscales en este caso se refer¨ªan a los cr¨¦ditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros, y las exenciones fiscales temporales para reducir el impuesto de sociedades a las empresas de nueva creaci¨®n durante los cuatro primeros a?os en los que obtuvieran beneficios. El r¨¦gimen fue derogado, pero las ayudas han tardado 12 a?os en recuperarse.

En noviembre de 2003, al estimar que Espa?a no hab¨ªa recuperado el dinero, la Comisi¨®n interpuso seis recursos por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia. Mediante la sentencia de 14 de diciembre de 2006, el Tribunal de Justicia declar¨® que Espa?a no hab¨ªa adoptado las medidas necesarias para recuperar las ayudas y orden¨® su recuperaci¨®n. Pero no fue suficiente. En abril de 2011, considerando que Espa?a segu¨ªa sin recuperarlas, la Comisi¨®n solicit¨® al Tribunal de Justicia que impusiera a dicho Estado miembro una multa de 64.543.000 euros.

En concreto la propuesta de sanci¨®n fue de 25.817,4 euros diarios desde 2006, lo que elevaba la cifra total hasta los 64 millones. La que decae es la multa de 236.044,8 euros diarios que propuso para el caso de que las instituciones siguieran sin recuperar el dinero. Ese fue el momento en el que las tres diputaciones se pusieron las pilas y empezaron a dar los primeros pasos serios para cumplir las sentencias comunitarias. De hecho, el 86% de los fondos se recuper¨® a partir de esa fecha. Bizkaia y Gipuzkoa fueron las primeras en poner fin a ese proceso, pero todav¨ªa el pasado a?o, ?lava segu¨ªa en plena faena de recuperaci¨®n de los fondos.

La abogada de la UE, no obstante, rebaj¨® ayer la cantidad total a recuperar, desde los 358 millones de euros que la Comisi¨®n fij¨® en sus documentos hasta los 322,3 millones de euros totales. A la Diputaci¨®n alavesa le corresponden 212,4, el 65,89% del total, a la de Bizkaia 68,7 millones, el 21,31% del total, y a la de Gipuzkoa 41,2 millones, el 12,80%.

La decisi¨®n de bajar las cantidades da en parte la raz¨®n a las instituciones forales que redujeron inicialmente la cantidad a recuperar al aplicar con car¨¢cter retroactivo determinadas deducciones fiscales establecidas por la normativa tributaria. Frente al criterio de la Comisi¨®n que estim¨® que ?lava deb¨ªa de recuperar tambi¨¦n el importe de esas deducciones, la abogada general se?al¨® que no se ha afirmado que formaran parte de alguno de los reg¨ªmenes considerados ayudas de Estado ilegales.

Pese a todo concluye que el asunto es ¡°de tal gravedad como para afectar al comercio entre los Estados miembros durante un per¨ªodo de tiempo considerable¡±. Al tratarse de una multa directa de la Uni¨®n, al Reino de Espa?a, todav¨ªa no est¨¢ dise?ado el mecanismo para imputar esa cantidad a las Diputaciones y el Gobierno vasco. Si finalmente la corte europea impone la multa, la Comisi¨®n Europea exigir¨¢ el pago a la Administraci¨®n del Estado, sin importarle a qui¨¦n se lo imputa esta despu¨¦s. De hacerlo v¨ªa Cupo se convertir¨¢ en una parte m¨¢s del conflicto abierto entre la administraci¨®n central y la vasca cuyas discrepancias ascienden ya 798 millones de euros.

El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha dicho que, pese a la cuant¨ªa la multa es una ¡°cuesti¨®n menor¡±, ya que lo importante es la capacidad fiscal de las Diputaciones forales, que el Tribunal de Luxemburgo no cuestiona. La Diputaci¨®n de Gipuzkoa respondi¨® en una nota que ¡°infravalorar¡± las conclusiones de la abogada general es ¡°un acto de irresponsabilidad¡±.