La juez Alaya cita a declarar al exdelegado Rivas tres a?os despu¨¦s

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, ha citado a declarar al exdelegado de la Consejer¨ªa de Empleo de la Junta de Andaluc¨ªa Antonio Rivas el pr¨®ximo 7 de febrero, tres a?os despu¨¦s de que le comunicara su imputaci¨®n a principios de 2011. El retraso de la causa de los ERE fraudulentos se debe a su complejidad y volumen, que supera ya los 140 imputados, pero pocas veces una comparecencia se ha dilatado de manera tan grave desde que se inici¨® la instrucci¨®n en enero de 2011. Entonces la magistrada defini¨® a Rivas como el ¡°portillo de entrada¡± de las subvenciones irregulares que se tramitaban en la Consejer¨ªa de Empleo.

La juez Alaya imput¨® al ex alto cargo socialista por la autorizaci¨®n que firm¨® para el ERE de la empresa p¨²blica Mercasevilla, en el que se hallaron varios intrusos (personas ajenas a la sociedad), de cuya inclusi¨®n en el ERE la magistrada le supone conocedor. Adem¨¢s, Alaya le achaca haber favorecido la consecuci¨®n de una p¨®liza destinada a un cu?ado y tres vecinos de su localidad natal, Camas (Sevilla). Rivas ha alegado en un escrito que las acusaciones de la juez ¡°no est¨¢n probadas, ni acreditadas, ni siquiera indiciariamente¡±, y tild¨® las imputaciones de Alaya de ¡°meras conjeturas o suposiciones¡±.

La ley establece que el juez instructor debe llamar al imputado en cuanto sea posible, para evitar demoras innecesarias que perjudiquen sus derechos. La declaraci¨®n de Rivas ya fue suspendida hace un a?o y medio porque la juez entendi¨® que hab¨ªa surgido nuevos indicios que contribu¨ªan a las imputaciones contra el exdelegado, despu¨¦s de recibir el informe sobre la Direcci¨®n General de Trabajo que hab¨ªa elaborado la Guardia Civil.

El pasado septiembre la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n alert¨® a la juez de que deb¨ªa acelerar la declaraci¨®n de 24 personas, entre ellas Rivas. Entonces, el fiscal advirti¨® a Alaya de que las declaraciones de los imputados eran necesarias ¡°no solo ya para poder avanzar en la instrucci¨®n de la causa y garantizar adecuadamente los derechos¡± de los implicados, sino tambi¨¦n para poder adoptar las medidas cautelares ¡°que permitan el mayor reintegro posible de los fondos presuntamente malversados¡±.

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) confirm¨® la condena a Rivas de 21 meses de inhabilitaci¨®n y multa de 600.000 euros por un delito de cohecho al pedir una comisi¨®n ilegal de 450.000 euros a los dos empresarios del grupo La Raza.

El consejero de Justicia, Emilio Llera, censur¨® que ¡°no es normal¡± la demora de tres a?os para que Rivas vaya a declarar: ¡°Hay muchas personas imputadas durante muchos meses que no han prestado declaraci¨®n, y el art¨ªculo 387 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que toda persona imputada deber¨¢ ser citada inmediatamente para ser o¨ªda a no ser que proceda su detenci¨®n, y eso lo sabemos todos los que somos del gremio¡±, manifest¨® Llera, exfiscal hasta ser nombrado consejero.

Por otra parte, la juez Alaya ha citado el pr¨®ximo 25 de febrero a los cuatro peritos de la Intervenci¨®n General del Estado para que confirmen su voluminoso informe de m¨¢s de 8.000 folios sobre el caso, una argumentaci¨®n b¨¢sica sobre la que Alaya basa gran parte de su acusaci¨®n contra la c¨²pula de la Junta por supuestamente haber dise?ado el sistema para pagar los expedientes de regulaci¨®n de empleo, conscientes de su irregularidad.