Imputado el director de un colegio por rechazar al hijo de una pareja gay

Un juez de Sevilla ha imputado al director de un colegio privado de Castilleja de la Cuesta por un delito ¡°contra los derechos fundamentales y las libertades p¨²blicas garantizadas por la Constituci¨®n¡± por negarse a escolarizar al hijo de una pareja gay. Seg¨²n el magistrado, el director y la responsable de admisi¨®n del centro ¡ªque tambi¨¦n est¨¢ imputada¡ª rechazaron la solicitud debido, supuestamente, a que el ni?o ¡°pertenec¨ªa a una familia homoparental¡±. Carlos Mah¨®n, titular del Juzgado de Instrucci¨®n 2 de Sevilla, ha estado investigando durante algo m¨¢s de un a?o el caso. Esta semana ha comunicado a las partes que ha decidido la apertura de un procedimiento abreviado al entender que ¡°existen motivos suficientes¡± para deducir, aunque ¡°sea de manera indiciaria¡±, que se ha cometido un delito contra los derechos fundamentales y las libertades p¨²blicas.

Este caso se remonta a principios de 2012. Ricardo Lucas e Iv¨¢n Vallejo ¡ªque tuvieron a su primer hijo gracias a un complicado proceso de gestaci¨®n subrogada¡ª empezaron los tr¨¢mites para escolarizar al menor. Se fijaron en un nuevo y peque?o centro de Castilleja de la Cuesta, el Yago School. Adem¨¢s de ser biling¨¹e, a esta pareja le gust¨® que entre los principios rectores de este centro privado figurara ¡°animar a los alumnos a cooperar con los otros, ser sensibles a las necesidades de los dem¨¢s y respetar otras culturas, religiones y modos de vida¡±. ¡°Era solo marketing¡±, lamenta ahora Ricardo Lucas.

La responsable de admisi¨®n tambi¨¦n ha sido acusada por el magistrado

Cuando la pareja se puso en contacto a trav¨¦s del correo electr¨®nico con el centro para pedir informaci¨®n, se les comunic¨® que no hab¨ªa plazas. En los primeros e-mail se identificaron claramente como ¡°una familia homoparental¡±. La sorpresa lleg¨® a mediados de febrero de 2012. El marido de Ricardo telefone¨® al centro, sin identificarse, para preguntar si hab¨ªa vacantes. Seg¨²n su versi¨®n, se les dijo que s¨ª y concert¨® una cita. All¨ª acudi¨®. Cuando le coment¨® a la directora de admisi¨®n quien era y que antes se le hab¨ªan comunicado que no dispon¨ªan de plazas, esta responsable, que ahora est¨¢ imputada, le se?al¨® que todo hab¨ªa sido un error administrativo y que s¨ª ten¨ªan vacantes, siempre seg¨²n la versi¨®n de los padres. La sorpresa final lleg¨® unos d¨ªas despu¨¦s: el centro les llam¨® para retractarse otra vez y anunciarles que todas las plazas estaban comprometidas. Este peri¨®dico ha intentado recabar la opini¨®n de Ram¨®n R., director del centro, y Maravillas R., responsable de admisi¨®n, pero no han querido ofrecer su versi¨®n. Los dos imputados pueden recurrir ante el juez y la Audiencia Provincial el auto del juez de apertura de procedimiento abreviado. A ambos se les ha tomado declaraci¨®n durante la instrucci¨®n judicial. Adem¨¢s, la pareja denunciante ha aportado los correos electr¨®nicos que se cruzaron con los responsables del centro educativo.

Yago School afirm¨® que ya no quedaban plazas, pero recibi¨® reservas posteriores

Yolanda Herv¨¢s, la abogada que ha defendido los intereses de la pareja, apunta a otras dos aportaciones fundamentales durante la fase de instrucci¨®n. Por un lado, la Consejer¨ªa de Educaci¨®n ha remitido al juzgado el expediente administrativo que se abri¨® contra el centro. Ese expediente est¨¢ en suspenso desde diciembre de 2012. Como es habitual en este tipo de casos, cuando se abre una investigaci¨®n judicial la v¨ªa administrativa queda paralizada. Pero en el informe remitido al juzgado por la consejer¨ªa se detalla que la Inspecci¨®n educativa, tras analizar el caso y recabar la informaci¨®n, concluy¨® que el menor no hab¨ªa ¡°tenido igualdad de trato¡± con respecto a otros ni?os que s¨ª fueron escolarizados en ese centro. Adem¨¢s, en el informe de la Inspecci¨®n se apunta que el colegio no hab¨ªa cumplido con ¡°sus propios criterios de admisi¨®n¡±. Cuando el caso se conoci¨® ¡ªlos padres colgaron una denuncia en la web actuable.es¡ª, la Administraci¨®n andaluza decidi¨® abrir la investigaci¨®n que ahora se ha incluido en la causa.

Herv¨¢s apunta a otra prueba clave en la instrucci¨®n: el Banco Santander ha facilitado los movimientos de la cuenta del colegio. La letrada asegura que hay ingresos de reserva de matr¨ªcula en fechas posteriores a que el centro comunicara a la pareja que no ten¨ªa vacantes. La fiscal¨ªa tendr¨¢ que pronunciarse ahora sobre si cree necesario que se celebre un juicio oral o si debe archivar este caso.

Herv¨¢s sostiene que pr¨¢cticamente no existe jurisprudencia de casos de presunta discriminaci¨®n similares a este. Lo que s¨ª existen, se?ala la letrada, son otras demandas contra el centro.

Otra familia de Sevilla present¨® hace algo m¨¢s de un mes una demanda contra el Yago School por haber expulsado a sus dos hijos del colegio. Esta familia tambi¨¦n ha demandado al centro por vulneraci¨®n de derechos fundamentales.

En este caso los hijos, un ni?o y una ni?a, ya estaban estudiando en el colegio. La menor iba a participar en un viaje al extranjero organizado por el centro. Pero, al poco tiempo, la ni?a se arrepinti¨® y la madre se lo comunic¨® al colegio. Sin embargo, la direcci¨®n del Yago School exigi¨® a la familia el pago de una supuesta deuda contra¨ªda por haber anulado ese viaje, algo que rechazaban los progenitores. Finalmente, los dos menores fueron expulsados por esta ¡°desavenencia¡±, seg¨²n la versi¨®n de la familia.