La Junta paga la dependencia y deja sin coartada al alcalde de Ja¨¦n
El conflicto llega a los tribunales para dirimir qui¨¦n debe prestar el servicio
La ¨²ltima semana se han cumplido dos meses desde que el alcalde de Ja¨¦n, Jos¨¦ Enrique Fern¨¢ndez de Moya (PP), consumara su amenaza y convirtiera a su Ayuntamiento en el primero del pa¨ªs en renunciar a la ayuda a domicilio, la principal prestaci¨®n incluida en el cat¨¢logo de la Ley de la Dependencia. El Consistorio jiennense rompi¨® unilateralmente el convenio que ten¨ªa suscrito con la Junta bajo el argumento de la elevada deuda que manten¨ªa la Administraci¨®n andaluza.
Coincidiendo con los dos meses de conflicto, que no de vac¨ªo en el servicio que sigue prestando por su cuenta la empresa concesionaria, la Junta ha saldado la deuda que manten¨ªa con el Ayuntamiento jiennense al transferir la semana pasada los ¨²ltimos 319.000 euros que deb¨ªa, sobre los dos millones que se reclamaban en un principio. De este modo, la Administraci¨®n andaluza desbarata la coartada principal que utiliz¨® Fern¨¢ndez de Moya para denunciar el convenio y abandonar la gesti¨®n de la ayuda a domicilio el pasado 3 de diciembre. ¡°El Ayuntamiento tiene que normalizar ya la situaci¨®n, las personas dependientes est¨¢n por encima de cualquier inter¨¦s partidista¡±, se?ala Mar¨ªa ?ngeles Jim¨¦nez, delegada territorial de Igualdad, Salud y Pol¨ªticas Sociales.
Usuarios sin atenci¨®n y despidos en la concesionaria
La decisi¨®n sin precedentes del Ayuntamiento de Ja¨¦n de no gestionar la ayuda a domicilio de la dependencia empieza a cobrarse ya los primeros afectados. Al menos una decena de grandes dependientes, a los que ya se valor¨® y se les reconoci¨® la prestaci¨®n, no cuentan con atenci¨®n alguna porque el patronato de Asuntos Sociales no ha tramitado el alta correspondiente, seg¨²n Miguel ?ngel Cazalilla, responsable de Dependencia de UGT en Ja¨¦n. Son los principales perjudicados, pero no los ¨²nicos. La participaci¨®n municipal tras abandonar el servicio se limita a la recepci¨®n de documentaci¨®n y la elaboraci¨®n del Programa Individualizado de Atenci¨®n (PIA), pero luego las altas no se tramitan. De este modo, las personas que interrumpen transitoriamente el servicio, bien por alguna hospitalizaci¨®n o por cambio temporal de residencia, encuentran luego dificultades para retomarlo. Tampoco existe reposici¨®n de las bajas por fallecimiento o por extinci¨®n del servicio. Por tanto, se da por seguro que la cifra de 422 dependientes incluidos inicialmente en el convenio entre Junta y Ayuntamiento se ha reducido notablemente.
Otros ancianos quieren incorporarse al servicio pero son conscientes de que no es el mejor momento por los recortes. Es el casos, por ejemplo, de Manuel Ortega que, con 86 a?os, tiene a su cargo a su esposa, de 81 a?os, enferma de Alzheimer, y a su hijo, de 43, con s¨ªndrome Down. Ellos s¨ª tienen cuidadora, pero solo durante dos horas diarias. O Tom¨¢s Beltr¨¢n, de 92 a?os, al que le resulta insuficiente las dos horas diarias que una cuidadora atiende a su esposa, de 90 a?os. ¡°Claro que necesitamos m¨¢s atenci¨®n, pero con el foll¨®n que tienen los pol¨ªticos...¡±, se lamenta.
El principal reflejo de que la ayuda a domicilio no se presta con regularidad es que la plantilla de la empresa concesionaria ha pasado en los dos ¨²ltimos meses de 200 a 160 cuidadoras. Y al 30% de las que quedan se le han reducido las horas de trabajo a menos de la mitad de una jornada laboral. ¡°Las que quedamos seguimos con una gran incertidumbre porque cada vez se nos reducen m¨¢s las horas porque no hay altas nuevas¡±, admite Mari Carmen Garc¨ªa, presidenta del comit¨¦ de empresa. A la merma de la plantilla tambi¨¦n ha contribuido el hecho de que la Junta de Andaluc¨ªa no haya prorrogado a¨²n el decreto contra la exclusi¨®n social que expir¨® el 31 de diciembre y con el que se hicieron varias contrataciones para la dependencia.
En los ¨²ltimos d¨ªas se advierte un mayor acercamiento entre el Ayuntamiento y la Junta. La concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, ha mostrado su disposici¨®n a ¡°sentarse¡± a dialogar con la Junta. Eso s¨ª, un di¨¢logo condicionado a la ¨²ltima propuesta de convenio planteada por el alcalde y que pasa por el compromiso de la Junta de abonar los pagos de la dependencia en un plazo m¨¢ximo de 60 d¨ªas y, de no ser as¨ª, obligarle a pagar los intereses de demora.
Aunque el Gobierno andaluz no se ha pronunciado a¨²n sobre esta propuesta, hay otro aspecto que separa a las dos instituciones: la competencia de la gesti¨®n del servicio. El alcalde reitera una y otra vez que se trata de una tarea ¡°exclusiva¡± de la Junta, mientras que la Administraci¨®n auton¨®mica se remite a la Ley de Servicios Sociales Comunitarios para recordar que la gesti¨®n compete a los Ayuntamientos. Tambi¨¦n la Fiscal¨ªa de Ja¨¦n, que inst¨® a la Junta a normalizar los pagos, afirm¨® que se trata de una responsabilidad municipal.
Y ese escollo es el que parece abocado a resolverse en los tribunales. Tras fracasar las negociaciones previas, la Consejer¨ªa de Igualdad, Salud y Pol¨ªticas Sociales interpuso un recurso contencioso-administrativo al constatar que la dejaci¨®n de funciones del Ayuntamiento estaba afectando a las personas dependientes. Pero como el contencioso sobre el fondo del asunto puede alargarse en el tiempo, la Junta ha pedido al juez que decrete medidas cautelares y ordene la restituci¨®n de la gesti¨®n municipal de la ayuda a domicilio. Y ese fallo es el que aguarda ahora la Junta.
El alcalde jiennense hace, sin embargo, una interpretaci¨®n muy distinta del momento judicial. El Ayuntamiento present¨® la semana pasada las pertinentes alegaciones al auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Ja¨¦n, que le inst¨® a pronunciarse antes de resolver sobre la petici¨®n de la Junta de medidas cautelares. Y en esas alegaciones, el Consistorio insiste en que ¡°la Junta tiene la competencia exclusiva en materia de dependencia¡±, puesto que hay que diferenciar la ayuda a domicilio municipal (que s¨ª presta el Ayuntamiento con normalidad a 179 usuarios) y la prestaci¨®n del servicio de dependencia (por el que hay afectados m¨¢s de 400 usuarios). Adem¨¢s, el alcalde recuerda que el Ayuntamiento denunci¨® en tiempo y forma el convenio y, sin embargo, la Junta no impugn¨® esa denuncia.
As¨ª las cosas, la ayuda a domicilio incluida en la Ley de Dependencia se sigue prestando gracias a la paciencia y profesionalidad de las trabajadoras y la empresa concesionaria, Multiservicios Jabalcuz, a pesar de que el Ayuntamiento le adeuda m¨¢s de un mill¨®n y medio de euros. ¡°Estamos dispuestos a seguir con el servicio y ser solidarios con los usuarios¡±, apunta Rafael Cabrera, responsable de la concesionaria, que critica el enfrentamiento pol¨ªtico: ¡°Primero deben ser las personas y despu¨¦s las otras cosas, pero parece que estamos dejando atr¨¢s a las personas¡±. Cabrera, que solo adeuda la n¨®mina de enero a las cuidadoras, pide a ambas partes que lleguen a un r¨¢pido acuerdo.
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