Seguridad privada, inseguridades p¨²blicas

Hace unas semanas se anunciaba en el Congreso la aprobaci¨®n del nuevo proyecto de ley de seguridad privada, que pretende superar las ¡°lagunas y carencias¡± de aquella y ¡°permitir seguir evolucionando¡± al sector de la seguridad privada. Ayer mismo el PP present¨® unas enmiendas a su propia ley que anulan algunos de sus art¨ªculos m¨¢s controvertidos, como la posibilidad de que los vigilantes de seguridad privada patrullen por espacios p¨²blicos, pero el resto del texto sigue mereciendo un debate profundo sobre las prioridades p¨²blicas y la eficiencia en la administraci¨®n de recursos.

El Gobierno deja claro hasta en la exposici¨®n de motivos que uno de los objetivos de este cambio legislativo tiene que ver con la creaci¨®n de nuevos ¨¢mbitos de mercado para la industria de la seguridad privada. Esto no es malo en s¨ª mismo: Espa?a tiene objetivamente un problema de absorci¨®n de la mano de obra de baja cualificaci¨®n que dej¨® atr¨¢s la burbuja inmobiliaria, y la seguridad perimetral de edificios o el control de accesos puede ser un espacio en el que recolocar a una parte de estas personas.

No obstante, una parte importante de la ley se apoya en dos premisas que son, como m¨ªnimo, matizables: por una parte, que el hecho de que en Espa?a haya menos vigilantes de seguridad por habitante que en Europa demuestra que se debe crear el espacio para aumentar esas cifras, y que por lo tanto es pertinente la intervenci¨®n del Estado para alentar esa progresi¨®n; por otra, que la externalizaci¨®n de la seguridad se traduce de forma inmediata en ahorro para las arcas p¨²blicas.

?A qu¨¦ estrategia de ahorro responde aumentar el porcentaje de vigilantes privados si no hay d¨¦ficit de agentes de seguridad?

El primer argumento ignora que aunque es cierto que en Espa?a hay menos vigilantes privados que en el resto de Europa, tenemos muchos m¨¢s agentes p¨²blicos. As¨ª, al sumar agentes p¨²blicos y privados, el resultado es de 1 agente de seguridad por cada 114 habitantes, muy por encima de la relaci¨®n 1/390 de Italia o 1/246 de Suecia. ?Tenemos pues en Espa?a un problema de falta de agentes? Las cifras dicen que no.

El segundo argumento, el de los costes, ignora lo que los sindicatos del sector est¨¢n gritando en las calles: que para que un vigilante de seguridad privado sea m¨¢s barato que un agente de las fuerzas de seguridad del Estado es imprescindible saltarse el convenio vigente. En realidad, seg¨²n denuncia el propio sector, la administraci¨®n p¨²blica ha desatado este a?o una espiral a la baja, publicando contratos bajo coste y obligando as¨ª a las empresas a exprimir a los de siempre: los de abajo.

Al final, el nuevo proyecto de ley parece favorecer justo aquello que quiere combatir: la ineficacia y el endeudamiento de las arcas p¨²blicas. Un pa¨ªs que cuenta con m¨¢s agentes de seguridad, p¨²blicos y privados, que sus vecinos, requiere que la inversi¨®n se centre en la optimizaci¨®n de los recursos existentes. Generar artificialmente (desde el BOE) una demanda de servicios que pueden cubrirse con personal existente dif¨ªcilmente puede presentarse como una medida eficiente.

?A qu¨¦ estrategia de ahorro responde aumentar el porcentaje de vigilantes de seguridad privada si no hay d¨¦ficit de agentes? Si faltan agentes privados y sobran agentes p¨²blicos, ?la clave de la optimizaci¨®n y la racionalizaci¨®n no deber¨ªa residir en la mejor organizaci¨®n de los recursos disponibles? ?Qu¨¦ fue, por ejemplo, de la figura del auxiliar de polic¨ªa, contemplada en la legislaci¨®n estatal y auton¨®mica y olvidada por los que dicen no tener m¨¢s remedio que contratar personal mal formado y mal pagado?

Al final, el nuevo proyecto de ley parece favorecer justo aquello que quiere combatir: la ineficacia y el endeudamiento de las arcas p¨²blicas

La ruta abierta por el proyecto de ley de seguridad privada, adem¨¢s, esconde dos grandes peligros que deben tenerse en cuenta. Por un lado, la creaci¨®n de una nueva burbuja vinculada a la seguridad privada, alimentada en parte por fondos p¨²blicos. Bill Gates acaba de entrar en el capital de una importante empresa espa?ola de seguridad privada, y mientras el sector dice aguantar unas p¨¦rdidas de 20% desde el inicio de la crisis, las escuelas de formaci¨®n de vigilantes privados aumentaron un 16% solo entre 2011 y 2012. Muchos parecen ser los que esperan que el BOE les d¨¦ de comer.

El otro riesgo es el de los costes. En EE UU, donde la privatizaci¨®n de la seguridad est¨¢ m¨¢s avanzada, los estudios arrojan una conclusi¨®n un¨¢nime: a mayor privatizaci¨®n, menor ahorro. Es decir, externalizar una funci¨®n concreta puede reducir costes, pero cuando se externalizan unidades de gesti¨®n (c¨¢rceles, comisar¨ªas, etc.) los costes se disparan y superan, por mucho, los p¨²blicos. ?No podemos aprender de los que erraron antes que nosotros?

Finalmente, cualquier reforma del ¨¢mbito de la seguridad en Espa?a deber¨ªa partir de un hecho incontestable: las cifras de delincuencia son en nuestro pa¨ªs mucho m¨¢s bajas que la media europea, y con la crisis se han reducido a¨²n m¨¢s. Si no tenemos problemas de inseguridad y s¨ª tenemos problemas de paro y precariedad, ?por qu¨¦ hacemos leyes que promueven la precariedad e ignoran las causas no delictivas de la inseguridad? Imagino que los diputados del PP, PNV y CiU, que votaron a favor del proyecto de ley, tendr¨¢n alguna respuesta.

Gemma Galdon Clavell es doctora en pol¨ªticas p¨²blicas.