Alaya embarga el restaurante R¨ªo Grande para cubrir la fianza de su propietaria
La juez acusa a la due?a de ser responsable de la prima abonada por la Junta para el ERE
La magistrada que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha decretado el embargo del restaurante R¨ªo Grande de Sevilla para cubrir la fianza de responsabilidad civil impuesta a su due?a Carmen Garc¨ªa, imputada en el caso, informa Efe. En un decreto de su secretaria, el Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla recuerda que la propietaria del restaurante, ubicado en la calle Betis de la capital, incluy¨® dos intrusos (personas ajenas a las compa?¨ªas beneficiadas) en el ERE de su empresa, en el que se prejubilaron 13 personas.
Mercedes Alaya impuso una fianza civil a Carmen Garc¨ªa de 1.990.689 euros al hacerla responsable del total de la prima abonada por la Junta para el expediente de regulaci¨®n de empleo y no solo de la inclusi¨®n de los dos intrusos. Entre ellos, se encontraba Carmen Fontela, quien supuestamente percibi¨® una p¨®liza de 140.000 euros. Esta orden se conoce un d¨ªa despu¨¦s de que la juez decretara tambi¨¦n el embargo de un inmueble de Comisiones Obreras para cubrir los 471.352 euros de la fianza impuesta al ex secretario general de la Federaci¨®n de Industrias en Andaluc¨ªa Manuel Roberto Carmona Soto y de dos veh¨ªculos de Juan Lanzas, el exsindicalista considerado como conseguidor de los ERE, cuya fianza asciende a 38.074.630 euros.
Otros bienes
Ante la falta de designaci¨®n de bienes por Carmen Garc¨ªa para hacer frente a dicha cantidad, el juzgado ha acordado el embargo del solar de la d¨¢rsena del puerto de Sevilla donde se ubica el local y otra finca situada en la calle Betis. Todo ello, seg¨²n el juzgado, ¡°sin perjuicio de que por la imputada se puedan designar nuevos bienes sobre los que trabar embargo¡±. Adem¨¢s, se ha embargado un apartamento propiedad de la empresaria en Ar¨¦valo (?vila).
El restaurante R¨ªo Grande y el domicilio de Carmen Garc¨ªa fueron dos de los puntos registrados el pasado octubre en el marco de la segunda fase de la Operaci¨®n Heracles, que investiga el destino final del dinero pagado por la Junta en sobrecomisiones a los intermediarios de los ERE. La juez Alaya acusa tanto al restaurante como a la empresa Nexprom de haber financiado el entramado empresarial creado por Juan Lanzas, que amas¨® hasta 13 millones procedentes de las sobrecomisiones, seg¨²n la investigaci¨®n.
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