Feij¨®o exige ahora el cese de cargos del PP con medidas cautelares

Desayunarse cada ma?ana con un nuevo sumario ¡ª y su correspondiente raci¨®n de cargos p¨²blicos imputados¡ª en las portadas se ha convertido ya en rutina para los partidos gallegos. A unos meses de las elecciones europeas, la sucesi¨®n de tramas que tiene atenazados a los gobiernos (y en algunos casos tambi¨¦n a la oposici¨®n) de las ciudades (Lugo, Santiago, A Coru?a y Ourense, por la Pok¨¦mon: Pontevedra y Vigo, en el caso Patos) se hace insoportable y abona la sospecha general sobre la pol¨ªtica. Los sumarios al descubierto y los pinchazos telef¨®nicos han embadurnado las siglas de PP y PSOE y amenazan la reelecci¨®n de algunos de sus alcaldes m¨¢s poderosos. ?ngel Curr¨¢s, el de la capital de Galicia, pende de un hilo con diez de sus trece ediles imputados en distintas causas. En ese contexto, ayer AGE demand¨® al presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, durante la sesi¨®n de control al Gobierno que abandere un pacto entre partidos contra la corrupci¨®n y se expulse a los cargos p¨²blicos ¡°imputados o procesados¡±.

?El presidente admiti¨® que siente ¡°tristeza al leer los medios de comunicaci¨®n¡± y acto seguido hizo una reivindicaci¨®n de la pol¨ªtica. Asegur¨® que en Galicia hay 4.100 cargos p¨²blicos, de los que el 2% est¨¢n imputados. ¡°Me gustar¨ªa que no hubiese ese 2%¡±, admiti¨®, pero tambi¨¦n asegur¨® que ¡°la mayor¨ªa de pol¨ªticos de todos los partidos son honrados¡±. Extendi¨® esa afirmaci¨®n esa afirmaci¨®n a los sindicatos. Y estableci¨® una nueva l¨ªnea roja como presidente de la Xunta y tambi¨¦n del PP gallego: los cargos p¨²blicos a los que un juez imponga medidas cautelares tendr¨¢n que dimitir.

El anuncio obligar¨ªa a destituir a los alcaldes y concejales del PP involucrados en la Operaci¨®n Orquesta que indaga sobre una red de ama?os de contratos en la Costa da Morte. Tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n y cohecho son los delitos que se imputan a los regidores Jos¨¦ Manuel Traba (Fisterra) y Jos¨¦ Manuel Santos (Mazaricos), ambos del Partido Popular, detenidos por esta causa y en libertad provisional desde febrero de 2011. Tienen la obligaci¨®n de presentarse ante el juzgado cada 15 d¨ªas, al igual que los tres ediles del mismo partido ¡ªdos de Fisterra y uno de Mazaricos¡ª tambi¨¦n procesados por tr¨¢fico de influencias en esta causa.

El PP gallego ignora adem¨¢s la Ley Electoral al mantener como concejal del gobierno municipal de Oza-Cesuras, pese a haber sido condenado a seis meses de inhabilitaci¨®n, al que fue alcalde durante tres d¨¦cadas de Oza dos R¨ªos Ram¨®n Pe¨®n. La normativa electoral, desde enero de 2011, obliga a declarar incompatible y destituir a todo edil que es condenado por sentencia "aunque no sea firme" por cometer un delito contra la Administraci¨®n p¨²blica. Pe¨®n, suegro del actual alcalde, fue condenado por negarse a ejecutar una orden judicial de derribo de una edificaci¨®n ilegal, informa Paola Obelleiro.

Feij¨®o no avanz¨® ning¨²n plazo para hacer cumplir sus instrucciones y neg¨®, al igual que han hecho otros partidos (en la respuesta a AGE cit¨® unas declaraciones del exl¨ªder de IU Gaspar Llamazares en el mismo sentido) que por el mero hecho de ser investigado un pol¨ªtico deba tirar la toalla. Esa misma vara de medir es tambi¨¦n la que ha elegido el l¨ªder del PSdeG, Jos¨¦ Ram¨®n G¨®mez Besteiro, quien ha apelado a la presunci¨®n de inocencia y evitado dejar caer al alcalde de Lugo, Xos¨¦ Clemente L¨®pez Orozco, y al hombre fuerte del partido en Santiago, Bernardino Rama, ambos imputados en la trama Pok¨¦mon, al igual que el concejal en A Coru?a Jos¨¦ Nogueira.

Besteiro ha defendido esta semana sacar a los cargos pol¨ªticos de las mesas de contrataci¨®n que adjudiquen contratos o concesiones p¨²blicas. Y la Xunta le ha respondido a trav¨¦s de su vicepresidente, Alfonso Rueda, que su propuesta abunda en la desconfianza hacia la pol¨ªtica.