La borrasca de la corrupci¨®n

El viernes 21 de febrero el Gobierno aprob¨® dos anteproyectos de ley: el de control de la actividad econ¨®mico-financiera de los partidos y el de la regulaci¨®n del ejercicio del alto cargo de la Administraci¨®n General del Estado. Pasada una semana, y pese a haber entrado ya en Congreso, se desconoce su articulado. Por el momento, deberemos contentarnos con el destilado propagand¨ªstico gubernamental. Parece recurrirse a lo de siempre: al pensamiento m¨¢gico-legal, en cuya virtud una ley lo arregla todo. De medios y voluntad, ni se habla. Ya se sabe: si se quieren resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. La pregunta entonces es: ?se quiere lo que se dice querer?

Como recientemente puso de manifiesto el CIS, los espa?oles consideran el paro, la corrupci¨®n y la pol¨ªtica y los pol¨ªticos como los tres problemas m¨¢s importantes. Pero el debate del estado de la naci¨®n no fue generoso con estas cuestiones: algo mencion¨® el presidente sobre corrupci¨®n; el l¨ªder de la oposici¨®n lo hizo una sola vez y para crear¡­ una comisi¨®n. Dos menciones hizo el primero a la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos; ninguna el segundo.

Desde mi punto de vista, el quid de este apenas bisbiseo sobre la corrupci¨®n no se debe tanto a obviar el cansino ¡°y t¨² m¨¢s¡±, sino a pautas muy arraigadas en el quehacer pol¨ªtico. Son otros los indicativos que determinan la ¡ªme temo que solo nominal¡ª regeneraci¨®n democr¨¢tica. En primer lugar, para nada se ha hablado del gran mal de la democracia espa?ola visiblemente esclerotizada. Este mal es la vigente ley electoral. De un lado, su cariz falsamente proporcional ¡ªpara el Congreso¡ª y falsamente mayoritario ¡ªpara el Senado¡ª; de otro, el parasitismo de las c¨²spides partidarias hacen del diputado y senador un aprietabotones. Es una exageraci¨®n, pero no est¨¢ lejos de la realidad. Sin una ley electoral que permita que el votante se identifique son su representante, ninguna renovaci¨®n es posible. Los partidos en Espa?a, como maquinaria de poder, tienen amordazada la vida realmente democr¨¢tica.

La regeneraci¨®n debe seguir, de haber voluntad, por la financiaci¨®n de dichas maquinarias. Al margen de medidas elementales ¡ªverg¨¹enza da ponerlas en papel, como prohibir la condonaci¨®n de cr¨¦ditos bancarios¡ª, las fundaciones de los partidos siguen campando por sus respetos; incluso alg¨²n partido regional las ha extraterritorializado, y no parece que para facilitar su ya de por s¨ª vaporoso control. En este contexto, un Tribunal de Cuentas, que, como ha declarado no hace mucho el Tribunal Supremo, incumple su propia ley org¨¢nica y tiene m¨¢s personal eventual que de plantilla, no es el mejor guardi¨¢n. A ello se a?ade su exasperante lentitud; en muchos casos, cuando emite su dictamen, las eventuales responsabilidades ya han prescrito. Habr¨¢ que ver qu¨¦ dir¨¢n las nuevas leyes al respecto.

A d¨ªa de hoy, el partido que sustenta el Gobierno tiene todos, absolutamente todos los ¨®rganos de control, constitucionalmente independientes, copados

Otro mal lacerante para una vida democr¨¢tica real y sana es la independencia de los organismos de control y que en el ¨¢mbito de sus competencias no tenga m¨¢s l¨ªmite que la ley. Pues de eso, nada. A d¨ªa de hoy, el partido que sustenta el Gobierno tiene todos, absolutamente todos los ¨®rganos de control, constitucionalmente independientes, copados, tanto por simpatizantes y ex militantes como por militantes que se jactan sin arrobo de tal militancia en funciones de control. Desde el Tribunal Constitucional hasta la Defensora del Pueblo, pasando, otra vez, por el Tribunal de Cuentas, ese es el degradado panorama.

El ¨²nico mecanismo de control que no se puede, a su vez, controlar pol¨ªticamente, el Poder Judicial, es objeto de acoso y derribo: desde la instauraci¨®n de tasas que impiden un acceso real a la tutela judicial efectiva, hasta la reducci¨®n de efectivos judiciales y del ministerio fiscal, y de medios de apoyo, a lo que hay que a?adir la carencia de una polic¨ªa judicial aut¨¦ntica que incluya t¨¦cnicos avezados en la averiguaci¨®n de delitos econ¨®micos y de corrupci¨®n. Se dir¨¢ que existe apoyo administrativo; cierto, pero este ni es org¨¢nico ni depende de los jueces: los funcionarios son removidos en funci¨®n de, acaso, intereses leg¨ªtimos, y as¨ª se crea el insoportable retraso en la Administraci¨®n de Justicia.

Siendo todo lo dicho de no poca importancia, persiste una ominosa realidad: la falta de reacci¨®n de los partidos ante la corrupci¨®n. Por un lado, puertas giratorias incluidas, existe una necesaria promiscuidad con el sector privado ¡ªsin ¨¦l no habr¨ªa corrupci¨®n¡ª. Por otro, una tardanza en la depuraci¨®n de la corrupci¨®n pol¨ªtica y partidaria cuando es denunciada¡­ por los medios. La resistencia a asumir responsabilidades de acci¨®n y de omisi¨®n resulta lacerante. Cuando al final se admite, en general tras la imputaci¨®n judicial, el presunto corrupto es apartado de la funci¨®n partidaria y es enviado no a su casa, sino a un cargo p¨²blico, de representaci¨®n normalmente, para as¨ª conservar una remuneraci¨®n p¨²blica y un aforamiento que, hoy, por suerte, no sirve de nada. As¨ª, para nuestra desgracia, est¨¢n las cosas. No se atisba en el horizonte que la borrasca de la corrupci¨®n y la ineficiencia vayan a dar paso a una cierta bonanza democr¨¢tica.

Joan J. Queralt es catedr¨¢tico de Derecho Penal de la UB