Las cl¨ªnicas de Pascual reclaman a Salud 45 millones por la atenci¨®n a pacientes

La empresa Pascual, que gestiona seis hospitales con servicios concertados en Andaluc¨ªa, ha presentado una reclamaci¨®n ante la Consejer¨ªa de Salud en la que exige el pago de 45.604.617,67 euros en concepto de servicios sanitarios prestados por encima del acuerdo firmado con la administraci¨®n. Esta demanda se produce despu¨¦s de que la Junta haya decidido de forma unilateral prorrogar el concierto con esta compa?¨ªa reduciendo un 5% su aportaci¨®n econ¨®mica, tras fracasar varios intentos de consenso entre ambas partes. El Gobierno andaluz circunscribe esta petici¨®n en una ¡°estrategia de presi¨®n¡± de la empresa y niega los datos aportados por Pascual en su reclamaci¨®n.

La compa?¨ªa sanitaria present¨® su exigencia de dinero en un escrito de 10 p¨¢ginas a la Direcci¨®n General de Planificaci¨®n y Ordenaci¨®n Farmac¨¦utica de la Consejer¨ªa de Salud con fecha de entrada el 5 de marzo. Est¨¢ firmado por el abogado Jes¨²s Manuel Ortega Lim¨®n, en representaci¨®n de la sociedad an¨®nima Jos¨¦ Manuel Pascual Pascual, responsable de los hospitales de San Rafael (C¨¢diz), Sanl¨²car, El Puerto y Villamart¨ªn, en la provincia gaditana; el Blanca Paloma, en Huelva, y el Doctor Pascual, de M¨¢laga. La empresa recuerda que desde el 1 de noviembre de 2011 y hasta el 31 de enero de 2014 estuvieron en vigor los dos contratos firmados con la Junta de Andaluc¨ªa para que estos centros sanitarios prestasen servicios p¨²blicos previamente pagados por Salud. Seg¨²n este escrito, la Junta se comprometi¨® a pagar 229.023.808,02 euros, a cambio de que Pascual ofreciese 1.205.231,94 unidades de producto concertado (medici¨®n de consultas, estancias o intervenciones quir¨²rgicas).

Ese contrato se redujo en C¨¢diz y M¨¢laga un 3¡¯05% de forma unilateral por la Junta de Andaluc¨ªa. Se redujo el dinero y tambi¨¦n esas unidades de producto concertado, aunque Pascual mantiene recurrido en el contencioso administrativo esa medida. Con todos estos datos, la empresa ha hecho c¨¢lculos y cree que durante este per¨ªodo ha excedido en 235.321,26 unidades de producto concertado sobre lo contratado inicialmente por la Junta. Lo justifica con la presentaci¨®n de facturas mensuales. Pascual argumenta en su escrito que trat¨® de advertir de esta situaci¨®n con la petici¨®n de convocatoria de las comisiones de seguimiento de los conciertos para cerrar las liquidaciones anuales, pero la Junta no atendi¨® esta solicitud. De ah¨ª que ahora reclame estas cantidades, m¨¢s de 45 millones de euros, por el exceso de servicios prestados.

Pascual se aferra a que el pliego de condiciones del contrato recog¨ªa que estos conciertos ¡°obedecen a la insuficiencia de medios propios para atender la demanda de salud de la poblaci¨®n y para garantizar los plazos de respuesta marcados por la Junta de Andaluc¨ªa¡±. En virtud de esta cl¨¢usula, Pascual acept¨® m¨¢s pacientes de los que determinaba su contrato y, como no hubo forma de advertirlo en las comisiones de seguimiento, debe ser ahora cuando pague.

El escrito llega despu¨¦s de que la consejera de Salud, Mar¨ªa Jos¨¦ S¨¢nchez, confirmase en C¨¢diz que no hubo acuerdo con la empresa para renovar el acuerdo, de forma que ¡°por inter¨¦s p¨²blico¡±, la Junta opt¨® por prorrogarlo un a?o m¨¢s, aunque reduciendo un 5% las cantidades econ¨®micas aportadas. La decisi¨®n no ha sido asumida por la empresa que, como respuesta, presentaba esta reclamaci¨®n econ¨®mica. Tampoco ha sido bien vista por los trabajadores. Creen que esta decisi¨®n unilateral pone en peligro el mantenimiento de, al menos, 300 puestos de trabajo. Pero el comit¨¦ interempresas no culpa al empresario, sino a la Junta. Contra ella est¨¢ convocada una manifestaci¨®n este viernes en El Puerto de Santa Mar¨ªa. Partidos pol¨ªticos como PP y PA, y autoridades como el alcalde de esta localidad y el subdelegado del Gobierno han apoyado esta movilizaci¨®n que anima a participar en contra del cierre de hospitales. El delegado de la Junta en C¨¢diz, Fernando L¨®pez Gil, cree que todo forma parte de una estrategia de presi¨®n de la empresa y recuerda que litigios econ¨®micos anteriores con esta misma empresa han sido vencidos en los tribunales. El vicepresidente Diego Valderas anim¨® a los empleados a manifestarse no contra la Junta sino contra el due?o de la empresa.