Orden en el mapa de causas de UGT

Durante tres meses la Guardia Civil ha peinado con lupa la contabilidad interna y facturas del sindicato UGT para ver el alcance de las irregularidades en el uso indebido de las ayudas para cursos de formaci¨®n de la Junta. Ahora la cuesti¨®n espinosa es si varios jueces (o uno solo) encauzar¨¢n esa informaci¨®n incautada en las sedes de la organizaci¨®n el pasado diciembre para traducirla en imputaciones contra los supuestos responsables.

Se trata de poner orden en la investigaci¨®n que afecta a UGT Andaluc¨ªa, envuelta en un esc¨¢ndalo de malgasto de fondos p¨²blicos que la justicia intenta depurar. Y ahora el mapa de causas se est¨¢ redise?ando tras la decisi¨®n de la Audiencia de Sevilla la semana pasada. Los jueces decidieron apartar a la juez Mercedes Alaya del grueso de la investigaci¨®n sobre las facturas falsas y le obligaron a devolver todas las denuncias presentadas a diferentes juzgados.

?Qu¨¦ esgrimen los jueces? Pues entienden que la pieza secreta que Alaya abri¨® en septiembre, sobre varias empresas vinculadas al exsindicalista Juan Lanzas y que apuntan a una financiaci¨®n irregular del sindicato a partir de cursos de formaci¨®n, no est¨¢ conectada con las comisiones que UGT cobr¨® de los ERE. Es decir, para evitar nulidades por el juez predeterminado por ley, dado que la pieza abierta por el testimonio de Juan Lanzas no est¨¢ vinculada con la gran causa de los ERE [iniciada hace tres a?os], los jueces que remitieron a Alaya en oto?o las denuncias sobre diversas facturas deb¨ªan hab¨¦rselas remitido al Juzgado de Instrucci¨®n 9, cuyo titular Juan Jes¨²s Garc¨ªa V¨¦lez, recibi¨® la primera denuncia en agosto.

El quid de la cuesti¨®n es que Garc¨ªa V¨¦lez asumir¨¢ desde ahora el grueso de las supuestas irregularidades detectadas. De hecho, ayer mismo Alaya reparti¨® entre los juzgados todas las denuncias y Garc¨ªa V¨¦lez recibi¨® el contenido de esa primera denuncia que recay¨® en su juzgado ya en agosto. Y tambi¨¦n la denuncia del Juzgado de Instrucci¨®n 16 de Sevilla, despu¨¦s de recibirla desde el juzgado de Alaya, confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJA). El juez decano sevillano hab¨ªa decidido que Alaya aglutinara las causas dado que exist¨ªa acuerdo entre los juzgados, pero esta decisi¨®n queda ahora anulada por el auto de la Audiencia. Aunque el recurso de la fiscal¨ªa ante la Audiencia no contraven¨ªa la decisi¨®n del decano, esta s¨ª ha quedado invalidada.

Eso s¨ª, la consecuencia es un nuevo orden en el mapa de causas que afectan a UGT, y donde Alaya acumula menos pesquisas. Garc¨ªa V¨¦lez investigar¨¢ los gastos de las facturas falsas y Alaya las empresas vinculadas a Lanzas y sus lazos con el sindicato. La magistrada puede derivar estas diligencias a Garc¨ªa V¨¦lez, pero ser¨ªa harto improbable dados los precedentes, que demuestran el af¨¢n de Alaya por sumar nuevas causas a pesar del atasco que sufre su juzgado.

Mientras, la instructora mantiene la rama de la investigaci¨®n troncal de los ERE que indaga las comisiones de las dos centrales UGT y CC OO percibidas en cada expediente, fijadas entre el 0,5 y el 2,5%. Alaya ha destacado en un auto la ¡°participaci¨®n lucrativa¡± de los sindicatos en el ¡°gran negocio¡± de las prejubilaciones subvencionadas por la Junta, ¡°sin m¨¢s contraprestaci¨®n que el cumplimiento de sus obligaciones o cometidos sindicales¡±, inform¨® Europa Press.

Estas pesquisas se traducir¨¢n en un goteo de imputaciones de sindicalistas que estuvieron implicados en las negociaciones de todos los ERE. La Guardia Civil analiza paso a paso cada expediente subvencionado por la Junta, y la investigaci¨®n apenas abarca por ahora una d¨¦cima parte del total.

La decisi¨®n de la Audiencia de apartar a Alaya del grueso de la investigaci¨®n que afecta al sindicato ha supuesto un alivio para algunos exdirigentes de UGT, dados los precedentes de las operaciones policiales dirigidas por la instructora, que han implicado encarcelamientos provisionales de los implicados. La secretaria general, Carmen Castilla, opt¨® por la prudencia: ¡°Conf¨ªo en la justicia y las irregularidades, si las hay, ser¨¢n identificadas en cualquier caso y desde cualquier juzgado. Da igual¡±. En teor¨ªa la investigaci¨®n de la Guardia Civil no deber¨ªa alterarse en funci¨®n del juez que la dirija, pero la interpretaci¨®n del Derecho Penal que se haga sobre las medidas preventivas, que puede suponer la c¨¢rcel [o no] para los sindicalistas, tiene un peso fundamental para los acusados y para el prestigio del sindicato, ya muy da?ado.