?Por qu¨¦ compran mal los gobiernos?

Cuando los espa?oles hemos aprendido que nuestra extracci¨®n social no era la opulencia, los ajustes del gasto e inversi¨®n p¨²blica, y el fuego impositivo, nos invitan a dudar, tambi¨¦n, de la eficiencia con la que se utiliza cada euro por parte de las Administraciones P¨²blicas. ?Gestionan bien sus compras los gobiernos? Confiando que la judicatura dar¨¢ buena cuenta de los operadores del mercado del 3%, los que no lo son, tienen serias dificultades para satisfacer eficientemente la demanda de bienes y servicios p¨²blicos. Son muchos los obst¨¢culos a los que se enfrentan, m¨¢s all¨¢ de sus capacidades profesionales.

La Ley de Contratos del Estado de marzo de 2011 pretende garantizar la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos, la no discriminaci¨®n e igualdad de trato entre los candidatos, la salvaguarda de la libre competencia y la selecci¨®n de la oferta econ¨®micamente m¨¢s ventajosa. Si, desde una perspectiva auton¨®mica, cada consejer¨ªa es un centro de compras, con m¨²ltiples unidades administrativas interviniendo en cada proceso, el resultado es una carencia de criterio mercadol¨®gico en la toma de decisiones. Cuando se multiplica este dibujo a nivel del Consell, el ¨¢rbol decisional deviene en un calidoscopio. Alg¨²n president tomar¨¢ la decisi¨®n de nombrar un consejero de Servicios Comunes con responsabilidad de gestionar, entre otras cosas, un verdadero marketplace que asesore y centralice los procesos compras de la Generalitat, manteniendo el presupuesto y la decisi¨®n de su utilizaci¨®n en cada consejer¨ªa. Me refiero, l¨®gicamente, a mucho m¨¢s que los contratos de suministros, telecomunicaciones o medicamentos hospitalarios. Si diferenciamos la gesti¨®n de la compra, de la decisi¨®n de qu¨¦ comprar, en base a qu¨¦ presupuesto, a sus condicionantes t¨¦cnicos y administrativos y a la selecci¨®n del adjudicatario, la mayor¨ªa de los concursos podr¨ªan ser incluidos en esta ¡°maquinaria de procesos¡±. La transparencia de las compras mejorar¨ªa notablemente y los ahorros administrativos ser¨ªan constatables.

Una decisi¨®n pertinente en cualquier proceso de compra es si producimos nosotros o si acudimos al mercado competitivo. Comprendo que las mal llamadas privatizaciones constituya una potente arma en el debate pol¨ªtico, pero el verdadero problema estriba en la ignorancia de la informaci¨®n necesaria para poder comparar los costes de producir en la Administraci¨®n respecto a su provisi¨®n ex¨®gena. La Generalitat se rige contablemente por el Plan General de la Contabilidad P¨²blica de abril de 2010 que es de aplicaci¨®n obligatoria para las entidades integrantes del sector p¨²blico administrativo estatal y, aunque el plan presume de incluir informaci¨®n de costes por actividades e indicadores presupuestarios, financieros y de gesti¨®n, lo cierto es que dista de ser una Contabilidad Anal¨ªtica que permita conocer el coste de las variables representativas de los procesos, tanto desde un punto de vista org¨¢nico como funcional.

As¨ª las cosas, y partiendo de la base de que todo lo que se financia con fondos del presupuesto p¨²blico es, por su naturaleza, p¨²blico, los gobiernos no tienen criterios s¨®lidos para justificar econ¨®micamente una externalizaci¨®n, o gesti¨®n indirecta de un servicio, frente a la alternativa de ser producido o prestado por empleados p¨²blicos. Esta ignorancia supone munici¨®n de alto calibre para los antiprivatizadores, quienes, por cierto, y por id¨¦nticas razones, se mueven en el mismo mundo de vacuidad. Debate cuyos damnificados son los contribuyentes y los funcionarios con mayor capacidad profesional. La externalizaci¨®n puede ser conveniente para el contribuyente, pero hay que justificarla con datos, aplicar m¨¦tricas econ¨®micas y de nivel de servicio, nombrar inspectores de reconocido prestigio profesional que velen por el cumplimiento de los t¨¦rminos de la adjudicaci¨®n. Resulta parad¨®jico que la externalizaci¨®n sea, en ocasiones, la ¨²nica fuente de contabilidad de costes fehaciente que tiene la Administraci¨®n: sabemos, o deber¨ªamos saber, cu¨¢nto nos cuesta un servicio a trav¨¦s de su precio de licitaci¨®n.

Parece, por tanto, incuestionable la necesidad de reformar aspectos esenciales de las Administraciones P¨²blicas y para ello es preciso disponer de un modelo de Administraci¨®n a la que orientar el cambio, lo que, en paralelo, exige tambi¨¦n tener un modelo de la gobernanza del Ejecutivo. Gobernar mediante departamentos estancos, en los que cada responsable pol¨ªtico evacua semanalmente su gesti¨®n pol¨ªtica en la mesa del Consell, o del consejo de ministros, resulta tan limitado que no es de extra?ar que sus necesidades de una Administraci¨®n centrada en la legalidad y el servicio al ciudadano sean raqu¨ªticas. La Reforma de las Administraciones P¨²blicas impulsada por el CORA (Comisi¨®n para la Reforma de las Administraciones P¨²blicas) supone la reedici¨®n del G¨¦nesis, sin tomarse los siete d¨ªas preceptivos y sin posibilidad de poder ver la obra realizada en el s¨¦ptimo. Disponer de un cat¨¢logo enciclop¨¦dico de medidas reformistas, pretendiendo iniciar todas al mismo tiempo, sin horizonte temporal ni dotaci¨®n presupuestaria, sin alterar aspectos fundamentales de la funci¨®n p¨²blica y sin disponer de un modelo actualizado de gobernanza del Ejecutivo, y de la Administraci¨®n que le da soporte, tan s¨®lo supone un ejercicio loable de enciclopedismo administrativo. En este sector, y en cualquier circunstancia, comenzar con tanto simult¨¢neamente supone acabar con muy poco, muy pronto. Quiz¨¢s hubiese sido m¨¢s realista, y a¨²n urgente, comenzar con la tecnificaci¨®n de la Justicia y poner en funcionamiento, de una vez, el acervo de reformas legisladas pendientes de aplicar.

Es curioso, pero ninguna de la propuestas de resoluci¨®n presentadas en el reciente debate del Estado de la Naci¨®n hace referencia a estos temas. Los grandes partidos que gobiernan, o han gobernado, parecen c¨®modos manteniendo el status quo, y los emergentes, amables y cari?osos parecen ausentes ante la necesidad.

Jos¨¦ Emilio Cervera es economista (jecervera@jecervera.com)