El fiscal no ve delito en las adjudicaciones a Bag¨®, pero s¨ª numerosas irregularidades

Ramon Bag¨®, el hombre que durante 20 a?os se manej¨® como nadie con un pie en el sector p¨²blico y otro en el privado, va a librarse de las consecuencias de un proceso penal. La Fiscal¨ªa de Barcelona ha archivado la investigaci¨®n que, hace un a?o, abri¨® para dirimir si hubo delito en las adjudicaciones que dos organismos p¨²blicos concedieron al grupo de empresas Serhs, controlado por Bag¨®, que al mismo tiempo ejerc¨ªa como alto cargo p¨²blico en el Consorcio de Salud y Social (CSC) de Catalu?a.

En su decreto de archivo, el fiscal afea la flagrante incompatibilidad de los cargos que ostent¨® Bag¨® y el uso de contactos pol¨ªticos para favorecer sus intereses. Concluye, sin embargo, que la investigaci¨®n no ha podido pasar de la ¡°mera sospecha¡± sobre las adjudicaciones y que, aunque estas acumulan numerosas ¡°irregularidades administrativas¡±, no hay delito.

La investigaci¨®n ¡ªpor los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y uso de informaci¨®n privilegiada¡ª parti¨® de un meticuloso informe de la Oficina Antifraude de Catalu?a (OAC), que apreci¨® conductas delictivas en las relaciones entre Sehrs y dos organismos p¨²blicos: Badalona Servicios Asistenciales ¡ªla empresa que gestiona el hospital municipal¡ª y el Consejo Comarcal del Maresme. Bag¨® form¨® parte de los ¨®rganos directivos del CSC, organismo que gestionaba numerosos centros sociosanitarios que adjudicaban sus servicios de restauraci¨®n a las empresas de Bag¨®.

El fiscal admite que

En un a?o, el fiscal ha examinado la documentaci¨®n ¡ªel informe de la OAC ocupa unas 8.000 p¨¢ginas¡ª y ha tomado declaraci¨®n tanto a Bag¨® como a diversos testigos. Emilio S¨¢nchez Ulled subraya la ¡°frontal vulneraci¨®n de la normativa de incompatibilidades¡± en la que incurri¨® Bag¨®.

El escrito carga las tintas contra Bag¨® y contra una determinada manera de gestionar lo p¨²blico. Reprocha, por ejemplo, el uso ¡°indiscriminado de formar sociedades instrumentales¡± que tienen como objetivo ¡°liberarse de los mecanismos de control¡±. Esa pr¨¢ctica, a?ade el fiscal, ha generado ¡°evidentes contraposiciones de intereses p¨²blicos y privados¡± que han logrado pasar ¡°f¨¢cilmente desapercibidas¡±. A ello se a?ade la ¡°implantaci¨®n¡± de Bag¨® en ¡°una profunda malla de vinculaciones pol¨ªticas¡± ¡ªfue alcalde de Calella por CiU¡ª que provoca el ¡°justificado estupor ciudadano ante unos hechos de aparentes reminiscencias caciquiles¡±.

¡°Choca contra toda l¨®gica¡±, a?ade, que Bag¨® haya desempe?ado cargos en entidades p¨²blicas ligadas al CSC ¡ªentre cuyas funciones se cuenta, por ejemplo, la de asesorar en materia de contrataci¨®n¡ª y, de forma simult¨¢nea, regir junto a su familia el holding empresarial Sehrs, beneficiario de numerosas adjudicaciones. El varapalo ¨¦tico, sin embargo, no encuentra su correspondencia penal. El marco penal ¡°se rige por sus propios criterios¡±, se?ala el fiscal, por m¨¢s que comprenda la ¡°incomprensi¨®n¡± de los ciudadanos ante un marco jur¨ªdico ¡°insuficiente para vetar¡± que se produzcan este tipo de situaciones.

En 2012, EL PA?S revel¨® que las entidades del Consorcio de Salud y Social de Catalu?a ¡ªque gestiona varios hospitales y equipamientos sociosanitarios¡ª adjudicaron contratos por m¨¢s de 50 millones a Serhs desde 2002. La compa?¨ªa se dedica a la restauraci¨®n para colectividades y obtuvo importantes contratos en decenas de hospitales, centros escolares y prisiones. Las investigaciones de Antifraude y de la Fiscal¨ªa, sin embargo, se han centrado solo en dos casos concretos.

El escrito ve ¡°insuficiente¡±

Uno de ellos es el de Badalona. En 1993, Serhs se hizo con el servicio de alimentaci¨®n a pacientes del hospital municipal. El contrato se prorrog¨® sucesivamente ¡°sin respetar los principios de publicidad y concurrencia¡±; la vulneraci¨®n fue evidente a partir de 2004, cuando la ley vet¨® de forma taxativa ese tipo de pr¨¢cticas en la esfera p¨²blica. La Sindicatura de Comptes ya revel¨®, en 2009, las ¡°irregularidades administrativas evidentes¡± de esas pr¨®rrogas.

M¨¢s all¨¢, sin embargo, de esas irregularidades, ¡°no se han podido constatar¡± elementos para concluir que esos defectos de forma fueran ¡°conscientes, intencionados y debidos a motivos espurios¡±. O que obedecieran ¡°inequ¨ªvocamente a un il¨ªcito influjo¡± por parte de Bag¨®, requisito para que haya delito de tr¨¢fico de influencias. El fiscal apoya su tesis, tambi¨¦n, en el hecho de que ¡°el contrato en cuesti¨®n, por su cuant¨ªa, no presenta particular relevancia dentro del volumen de facturaci¨®n de Serhs¡±. Aunque, de nuevo, admite que es ¡°particularmente sangrante¡± que se haya prolongado el conflicto de intereses ¡°sin reacci¨®n administrativa alguna¡±.

El segundo asunto en discusi¨®n alude a las relaciones de Sehrs con el Consejo Comarcal del Maresme. En 2009, el pleno de ese organismo p¨²blico acord¨® poner en marcha dos servicios: uno de monitores de servicios educativos y otro de atenci¨®n domiciliaria. Para ello, propuso crear una sociedad mixta y abri¨® un concurso para seleccionar a ese socio privado. Solo se present¨® un conjunto de empresas de Serhs.

El caso del Maresme, recuerda el fiscal, nada tiene que ver con el CSC. Se trata de averiguar si Bag¨® presion¨® para lograr la adjudicaci¨®n. La conclusi¨®n es la misma: ¡°no ha podido ser determinada con la necesaria solidez indiciaria, m¨¢s all¨¢ de las sospechas por el evidente poder¨ªo econ¨®mico y social¡± de Bag¨® y ¡°sus relevantes vinculaciones pol¨ªticas¡±. La decisi¨®n del Consejo presenta, otra vez, ¡°evidentes irregularidades¡±, pero los testigos justificaron el tipo de contrataci¨®n por la ¡°premura¡± en poner en marcha el servicio.