El verdadero coste del oro: un nuevo proyecto minero reaviva un viejo conflicto en Rep¨²blica Dominicana
El ¨²ltimo cap¨ªtulo de la tensa relaci¨®n entre la comunidad de Cotu¨ª y la minera canadiense Barrick Gold amenaza con dejar a 653 familias desplazadas y dos enfrentamientos en menos de tres meses
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Solo hizo falta una semana de 2025 para que se reactivara un viejo conflicto en Rep¨²blica Dominicana con la minera canadiense Barrick Gold. El pasado 8 de enero, un grupo de campesinos y l¨ªderes comunitarios de la comunidad El Naranjo intent¨® detener el paso de camiones que transportaban maquinaria pesada para la construcci¨®n de un nuevo dep¨®sito de relaves en la zona de Las Tres Bocas, en la provincia de S¨¢nchez Ram¨ªrez de Rep¨²blica Dominicana. El proyecto, que promete modernizar las operaciones de Pueblo Viejo, una de las mayores minas de oro del mundo, y extender su vida ¨²til hasta 2040, para algunos vecinos de las comunidades afectados ¡°representa reubicaci¨®n forzosa, compensaciones insuficientes, riesgos ambientales y, sobre todo, una amenaza a su modo de vida¡±, de acuerdo con el l¨ªder comunitario Ram¨®n Ventura, miembro del Comit¨¦ Nuevo Renacer de Cotu¨ª.
¡°Nosotros no nos oponemos a que construyan su presa de colas, pero que nos paguen lo justo. Yo compr¨¦ estos terrenos por 148.000 pesos dominicanos (2.408 d¨®lares) y ellos est¨¢n ofreciendo 40.000 pesos (651 d¨®lares) por tarea*¡±, reclama Isidro Coronado, de 45 a?os, nacido y criado en El Naranjo, donde se originaron los recientes enfrentamientos, y quien fue herido en el pie izquierdo por perdigones en una protesta. El hombre camina con paso ligero y apoyado en muletas a su vivienda de madera sin pintar, ubicada en un terreno de 360 metros cuadrados, donde tiene sembrada agricultura de subsistencia y un corral con 60 aves.
El conflicto surge a ra¨ªz de las diferencias en el proceso de negociaci¨®n por los criterios que la empresa canadiense ha establecido para poner el precio a las tierras, propiedades y nueve productos agr¨ªcolas plantados en la zona que requiere para su expansi¨®n, as¨ª como por el n¨²mero de familias que propone reasentar y las dimensiones de las casas donde ser¨ªan reubicados los habitantes de las comunidades impactadas: El Naranjo, Higo, El Rayo, Arroyo Vuelta, Lajas y Las Tres Bocas.
Seg¨²n Juana Barcel¨®, presidenta de Barrick Gold Pueblo Viejo en la Rep¨²blica Dominicana, inicialmente se estim¨® que 850 familias necesitaban ser reubicadas, pero esta cifra se redujo a 653. En junio del a?o pasado, la empresa recibi¨® quejas de la comunidad sobre las familias que hab¨ªan sido excluidas del proceso. ¡°Revisamos casos de residentes descartados por llegar tras la fecha de corte y, tras analizar im¨¢genes satelitales, validamos algunas reclamaciones. A quienes calificaron se les asign¨® una casa, y quienes no, recibir¨¢n compensaci¨®n por sus bienes, seg¨²n la matriz establecida¡±, puntualiza.
Para la familia Manzueta, el reasentamiento supone la separaci¨®n. De ocho hermanos con 700 tareas heredadas (unas 44 hect¨¢reas), solo cuatro recibir¨¢n casas en el nuevo asentamiento. ¡°Nos llaman invasores, pero ?c¨®mo somos invasores si tenemos los t¨ªtulos de nuestras casas y tierras?¡±, cuestiona Pantaleona Manzueta, de 64 a?os.
Tanto la transnacional minera como el Ministerio de Energ¨ªa y Minas de la Rep¨²blica Dominicana han defendido la intervenci¨®n de las Fuerzas Armadas y la Polic¨ªa Nacional en El Naranjo como una medida para garantizar el libre tr¨¢nsito, como indica el art¨ªculo 46 de la Constituci¨®n dominicana. Seg¨²n ambas entidades, el operativo buscaba asegurar el acceso a un ¨¢rea donde ¡°se llevaban a cabo estudios, la cual estaba bloqueada desde hace seis meses, impidiendo el paso tanto de los equipos t¨¦cnicos como de cualquier otra persona¡±.
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El ambientalista y activista Eduardo Acevedo rechaza estas justificaciones. Explica que el art¨ªculo 46 est¨¢ subordinado al art¨ªculo 42, que protege la integridad f¨ªsica, ps¨ªquica y moral de las personas, garantiza el derecho a vivir sin violencia y obliga al Estado a defender ante cualquier amenaza que atente contra ello. ¡°En caso de conflicto entre derechos, es el Tribunal Constitucional quien debe interpretar y resolver estos casos¡±, enfatiza.
¡°El cacao es nuestro oro, es el oro de Cotu¨ª¡±
Otro punto de controversia gira en torno al precio de nueve de los 82 productos agr¨ªcolas cultivados en la regi¨®n, recogidos en las negociaciones, con especial ¨¦nfasis en el cacao, el principal rubro de la producci¨®n agr¨ªcola local y eje central de la econom¨ªa de la zona.
¡°La compensaci¨®n ofrecida incluye el valor del terreno, entre 40.000 y 44.000 pesos dominicanos (647-712 d¨®lares) por tarea, dependiendo de su ubicaci¨®n, adem¨¢s del valor de los cultivos o construcciones existentes, calculado con est¨¢ndares internacionales de la Corporaci¨®n Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en ingl¨¦s). Un terreno con 70 plantas de cacao podr¨ªa recibir entre 190.000 y 200.000 pesos (aproximadamente 3,200 d¨®lares)¡±, detalla Barcel¨®, quien lleva vinculada a Barrick Gold Pueblo Viejo desde 2003, primero como consultora legal, luego como directora del ¨¢rea jur¨ªdica en 2009, y finalmente como presidenta desde 2018.
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Pero el ambientalista independiente Acevedo cuestiona la elecci¨®n del est¨¢ndar IFC citado por Barrick Gold, argumentando que ¨¦ste favorece m¨¢s a las empresas que a las comunidades impactadas. En su lugar, propone adoptar los Est¨¢ndares Ambientales y Sociales (EAS) del Banco Mundial, que considera m¨¢s adecuados para casos de grandes transnacionales como las mineras. ¡°Los EAS no solo abordan los precios de mercado, sino que tambi¨¦n incluyen factores cr¨ªticos como las cosechas perdidas y el lucro cesante, fundamentales en reubicaciones involuntarias¡±, destaca.
Para Rumaldo Rosario, de 80 a?os, propietario de 50 tareas (algo m¨¢s de 3 hect¨¢reas) plantadas de cacao org¨¢nico, que exporta a la Uni¨®n Europea, ¡°el precio que ofrecen por un ¨¢rbol de cacao no es justo¡±. ¡°Para poder exportar a Europa tenemos que cumplir est¨¢ndares muy exigentes que nos eleva el precio de la producci¨®n¡±. El cacao es nuestro oro, es el oro de Cotu¨ª¡±, exclama indignado y explica: ¡°Una planta de cacao puede dar entre 15 y 30 mazorcas, que maduran cada 15 d¨ªas. En cada cosecha se llena una cubeta de 20 kilos. Si el kilo se paga a un promedio de 240 pesos dominicanos (3,91 d¨®lares), cada planta deber¨ªa valer unos 4.800 pesos (78,12 d¨®lares). Pero ellos quieren pagar solo 2.000 pesos (32,61 d¨®lares)¡± .
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?Desarrollo o desastre ambiental?
Barrick Gold adquiri¨® los derechos del proyecto Pueblo Viejo, ubicado en Cotu¨ª, en 2006, tras comprar la participaci¨®n de Placer Dome, la empresa que inici¨® las operaciones en la mina. Sin embargo, no fue hasta 2013 que comenz¨® a operar, luego de a?os de ajustes al Contrato Especial de Arrendamiento Minero (CEAM), firmado originalmente en 2002. El contrato ha sido renegociado dos veces debido a cr¨ªticas por los bajos beneficios que obten¨ªa el pa¨ªs. En 2013, bajo el Gobierno del entonces presidente Danilo Medina, se enmend¨® el acuerdo para aumentar los ingresos estatales del 3% al 5%, revirtiendo un esquema inicial en el que Barrick recib¨ªa el 97% de las ganancias.
En 2022, el presidente Luis Abinader emiti¨® un decreto que declar¨® de utilidad p¨²blica terrenos en las provincias S¨¢nchez Ram¨ªrez y Monse?or Noel, cediendo 31 millones de metros cuadrados para la expansi¨®n de las operaciones de Barrick Gold. Esta medida ha generado cr¨ªticas de sectores preocupados por los posibles impactos ambientales y la violaci¨®n a los derechos de las comunidades locales.
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El contrato entre Barrick Gold y el Estado dominicano tiene una enmienda que establece que el Estado asume, a su costo, la responsabilidad de reparar los da?os ambientales previos. Para el bi¨®logo e investigador Luis Carvajal, el contrato transfiere al Estado toda responsabilidad civil, penal y ambiental derivada de las operaciones de la minera, liber¨¢ndola de cualquier compromiso, incluso tras el cierre de sus actividades. Esto, puntualiza, ¡°no solo representa una estafa econ¨®mica, sino tambi¨¦n una amenaza para las comunidades locales y el medio ambiente, al priorizar los intereses privados por encima del bienestar colectivo y la sostenibilidad del pa¨ªs¡±.
Steven H. Emerman, consultor internacional en miner¨ªa, advierte, adem¨¢s, sobre los riesgos ¡°catastr¨®ficos¡± que podr¨ªa generar la construcci¨®n de una presa de colas por parte de Barrick Gold Pueblo Viejo. Seg¨²n un informe que present¨® en 2023, cada kilo de oro extra¨ªdo dejar¨ªa tres millones de kilos de desechos t¨®xicos. Como soluci¨®n, propone utilizar dep¨®sitos en tajos abiertos para almacenar los residuos, una pr¨¢ctica que Barrick Gold ya emplea en otras operaciones y que considera ¡°m¨¢s segura¡±.
Pero la presidenta de Barrick Gold Pueblo Viejo considera la construcci¨®n de la nueva presa de colas necesaria, siempre que se realice de manera responsable. Y lamenta que Emerman nunca consult¨® directamente a la empresa extractora para hacer su estudio y que su propuesta de usar los tajos como dep¨®sito de colas implicar¨ªa detener las operaciones y cerrar la mina, lo que tendr¨ªa graves consecuencias econ¨®micas y sociales, como la p¨¦rdida de casi 3.000 empleos e ingresos fiscales de 3.527 millones desde 2012 a la actualidad.
Mientras Rep¨²blica Dominicana se debate entre el desarrollo econ¨®mico y la conservaci¨®n ambiental, el agricultor Juan Abreu, que naci¨® y creci¨® en El Rayo, lamenta que su producci¨®n ha bajado debido a la contaminaci¨®n ocasionada por la mina. Al hombre, que vive rodeado de 90 tareas plantadas de cacao (5,6 hect¨¢reas) y siembra agricultura de subsistencia en las 125 tareas (m¨¢s dde 7,8 hect¨¢reas) que hered¨® junto a sus nueve hermanos, solo le separan del dep¨®sito de relaves un muro y el arroyo El Naranjo, que asegura que se ha vuelto ocre por los residuos de la mina. ¡°Antes mis plantas produc¨ªan hasta 30 mazorcas, ahora no llegan ni a la mitad. Se secan en cuanto brotan¡±, denuncia. Y rechaza cualquier plan para ser reubicado en otro lugar. ¡°?De aqu¨ª no me saca nadie para meterme en una caja de concreto!¡±, exclama.
Por ahora, las negociaciones han avanzado con el compromiso de revisar las normas sobre el reasentamiento de los campesinos de Cotu¨ª. Sin embargo, las comunidades siguen mostrando escepticismo y realizaron otra protesta pac¨ªfica multitudinaria contra la minera el pasado 22 de enero. Exigen acciones concretas que garanticen sus derechos y el cuidado ambiental. La tensi¨®n persiste mientras el proyecto avanza, dejando abierta la interrogante sobre el verdadero costo del oro para la regi¨®n y su gente.
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