Alaya impone una fianza de 29,5 millones a la exministra Magdalena ?lvarez
La juez de los ERE responsabiliza a la exconsejera de las ayudas irregulares hasta 2003
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, responsabiliza a Magdalena ?lvarez, exconsejera de Econom¨ªa, exministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por las ayudas concedidas entre 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2003 con cargo a la partida de la Junta de Andaluc¨ªa investigada por la magistrada y que considera origen de las irregularidades en los expedientes de regulaci¨®n de empleo. Por esta raz¨®n ha impuesto a ?lvarez una fianza civil de 29.568.129 euros, nueve meses despu¨¦s de su imputaci¨®n en el caso. Tambi¨¦n fija la responsabilidad de su exviceconsejero Jos¨¦ Salgueiro en 22 millones y la del secretario general y coordinador de presupuestos Antonio Estepa en ocho millones.
La dureza de este auto de Alaya no tiene precedentes en los tres a?os de investigaci¨®n, ya que incluye una frase que avanza una supuesta condena para reforzar la carga incriminatoria que le achaca a ?lvarez y sus dos antiguos subordinados, un paso in¨¦dito en la prosa de la juez. "Cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan", reza el auto de ayer.
La exministra socialista recuerda que ha recurrido a la Audiencia de Sevilla el ¨²ltimo auto por el que result¨® imputada, y que podr¨ªa anular las acusaciones de la magistrada. "Estoy a la espera del auto de la Audiencia y recurrir¨¦ la fianza", avanz¨® desde Luxemburgo.?
Con la fianza civil, Alaya estima que Magdalena ?lvarez es responsable del sistema de ayudas, que la juez considera ilegal y creado para evitar los controles de la Intervenci¨®n General. ?lvarez fue consejera andaluza de Econom¨ªa desde 1994 hasta 2004, pero su responsabilidad se limitar¨ªa a tres de los 11 a?os que investiga la magistrada (2000-2010) y durante los que se concedieron ayudas.
La juez imputa a ?lvarez por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, cargos que la exministra ya neg¨® el pasado 8 de octubre a la magistrada, ante quien defendi¨® que no conoci¨® los ¡°reparos¡± de la Intervenci¨®n General de la Junta andaluza sobre el procedimiento de concesi¨®n de ayudas.
D¨ªas antes, la Audiencia de Sevilla hab¨ªa anulado la primera imputaci¨®n de la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Hacienda, Magdalena ?lvarez, al considerar que la acusaci¨®n no estaba suficientemente argumentada.
Los efectos de una medida econ¨®mica y cautelar gravosa
2.500 euros en fianzas
Los jueces imponen en un proceso penal las fianzas de responsabilidad civil en consonancia con los delitos que se imputan a los acusados, como garant¨ªa de que, si son condenados, podr¨¢n responder a las obligaciones pecuniarias que se les impongan. Los dos delitos que Mercedes Alaya imputa a Magdalena ?lvarez (la prevaricaci¨®n, recogida en el art¨ªculo 404 del C¨®digo Penal, y la malversaci¨®n del 432) no implican penas de multa. Por ello, la juez fija la fianza sobre la base supuestamente malversada (177 millones), que calcula ¡°grosso modo¡± tal como se?ala en el auto. Despu¨¦s aplica a esa cifra el porcentaje del que es responsable ?lvarez (22 millones). Y a ello le suma un tercio, que es lo que marca la ley.
La fijaci¨®n de una fianza es una medida cautelar para evitar que, durante el tiempo que dure la instrucci¨®n, los acusados puedan vender sus bienes o lograr beneficios con ellos. Por eso la juez se?ala un plazo de un d¨ªa para que se deposite y, de no hacerlo, reclama a los imputados un listado de propiedades embargables. Si son inmuebles, estos han de tener el doble de valor de la fianza requerida. Si son valores, han de sumar una cuarta m¨¢s del met¨¢lico reclamado.
De no contar con bienes suficientes, el juez procede al embargo de las cuentas, que conlleva tambi¨¦n el del sueldo.
Las fianzas civiles m¨¢s altas impuestas por la juez Mercedes Alaya para los responsables pol¨ªticos del fondo y los due?os de las consultoras que pagaron los ERE, ascienden ya a m¨¢s de 2.500 millones. Hasta ahora, la m¨¢s alta ha sido la impuesta al exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fern¨¢ndez, al que reclam¨® 807 millones. A la de Fern¨¢ndez se sumaron las fianzas del exdirector de Trabajo Javier Guerrero (686 millones) y el exviceconsejero Agust¨ªn Barber¨¢ (490 millones). Los tres responsables de la consultora Vitalia (Eduardo Pascual, Mar¨ªa Vaqu¨¦ y Antonio Albarrac¨ªn) sumaron fianzas por 111 millones cada uno, mientras que el due?o de la consultora Uniter, Jos¨¦ Gonz¨¢lez Mata, afront¨® una fianza de 99 millones. Por ¨²ltimo, uno de los supuestos cerebros de la trama que permiti¨® la inclusi¨®n de los intrusos en los expedientes, Juan Lanzas, soporta una fianza de 38 millones.
Por ahora, el Juzgado de Instrucci¨®n 6 de Sevilla ha embargado a Fern¨¢ndez tres viviendas, sus cuentas bancarias y un garaje con trastero, adem¨¢s de una indemnizaci¨®n por despido de 31.400 euros. Asimismo, Alaya ha localizado cuatro inmuebles de Guerrero, y 32 casas entre Lanzas y Albarrac¨ªn.
La petici¨®n de fianza de Alaya se produce pese a que ni la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ni la Junta de Andaluc¨ªa pidieron medidas reales contra ella. La acusaci¨®n ejercida por el PP dej¨® que la juez determine la fianza real y la organizaci¨®n Manos Limpias pidi¨® 125 millones m¨¢s el tercio legal por responsabilidad civil.
Alaya considera a la exministra ¡°una de las promotoras, en connivencia con otros¡± del sistema de pagos de los ERE: las transferencias de financiaci¨®n, un procedimiento de concesi¨®n de ayudas con cargo a una partida presupuestaria que, seg¨²n la magistrada, carec¨ªa de control y favorec¨ªa su entrega discrecional. Esta partida lleg¨® a sumar 721 millones, de los que la investigaci¨®n considera que se defraudaron fondos p¨²blicos por unos 136 millones.
Empleo era responsable del uso del fondo, por lo que tambi¨¦n est¨¢n imputados los exconsejeros Antonio Fern¨¢ndez y su antecesor y diputado Jos¨¦ Antonio Viera. No obstante, la juez atribuye a? ?lvarez haber eludido ¡°los f¨¦rreos requisitos legales de tramitaci¨®n y fiscalizaci¨®n¡± establecidos para las subvenciones ¡°puesta de acuerdo con otros (...) y a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca¡±. Del mismo modo, tambi¨¦n atribuye a la exministra haber autorizado siete modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones y otras cinco por 32 millones.
En la rama pol¨ªtica-financiera del caso, la juez ha se?alado en sus autos a los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, as¨ª como a cinco exconsejeros, todos ellos aforados, como responsables del dise?o del fondo de los ERE. Alaya debe enviar esta parte de la causa al Tribunal Supremo, pero a pesar de los reparos de la Audiencia, la juez maneja sus tiempos y sigue tomando declaraci¨®n a los 20 ex altos cargos de la Junta imputados para afinar sus tesis incriminatorias antes del env¨ªo parcial del caso al alto tribunal.
La exministra, aunque defendi¨® que deber¨ªa haberse usado la figura administrativa de la encomienda de gesti¨®n para las ayudas, defendi¨® las transferencias de financiaci¨®n -¡°pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y espec¨ªfico como son las subvenciones¡±, argument¨®- y se desvincul¨® de las ayudas que otorg¨® Empleo y que consider¨® mal gestionadas. "Desconoc¨ªa que, por parte de la Junta, se financiaran pagos de p¨®lizas. En ning¨²n momento tuve informaci¨®n de los hechos que se est¨¢n investigando porque no tuve acceso desde el punto de vista temporal. Es evidente porque me march¨¦ en 2004 [de la Consejer¨ªa de Hacienda]. Yo no aprobaba los presupuestos sino que los aprobaba el Parlamento¡±, declar¨® ante la juez en octubre.
Sin embargo, Alaya insiste en que la consejera pudo haber ¡°dado instrucciones¡± o ¡°conocer, al menos¡± que se alteraba el presupuesto para modificar la partida de la que sal¨ªan las ayudas, algo que la exministra neg¨®.?
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