Feij¨®o corrige al Gobierno y deja a los alcaldes prestar servicios sociales

La Xunta intenta legislar contra reloj para contrarrestar los efectos de la ley de Racionalizaci¨®n y Sostenibilidad de la Administraci¨®n Local impulsada por el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, que entr¨® en vigor el pasado 31 de diciembre. El departamento de Vicepresidencia, que dirige Alfonso Rueda, ultima un anteproyecto de ley en colaboraci¨®n con la Federaci¨®n Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para devolver a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes las competencias en pol¨ªtica social que les arrebat¨® la norma del Gobierno central y evitar as¨ª un caos en la prestaci¨®n de los servicios sociales a partir de mediados de 2015, cuando expira el plazo impuesto por el ministerio para recentralizar las competencias.

?El propio enunciado del anteproyecto de ley ¡°de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la ley 27/2013¡± evidencia su intento por solventar el escenario abierto por la ley de Montoro, que ha provocado el rechazo de alcaldes y concejales de todos los partidos, incluido el PP. La exposici¨®n de motivos explica que el texto trata de ¡°evitar que la inexistencia de una normativa de desarrollo produzca resultados indeseables o disfuncionalidades en el funcionamiento de los servicios p¨²blicos que perjudiquen a los ciudadanos¡±.

La redacci¨®n de la futura norma ¡ªa la que ha tenido acceso EL PA?S¡ª invoca el Estatuto de Autonom¨ªa para recordar que, seg¨²n su art¨ªculo 27, Galicia ¡°tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de r¨¦gimen local¡± y que la tutela efectiva sobre los entes locales debe ¡°respetar la autonom¨ªa que le reconocen los art¨ªculos 140 y 142 de la Constituci¨®n¡±.

El texto lo est¨¢n negociando el PP y el PSOE dentro de la Fegamp ¡ªel BNG ha presentado un recurso ante el Constitucional y se desmarca de las negociaciones¡ª con el reci¨¦n nombrado director general de Administraci¨®n Local, Alberto Pazos, que ha participado en varias reuniones junto a t¨¦cnicos de Vicepresidencia. Aunque el acuerdo no est¨¢ cerrado, la filosof¨ªa de ambos partidos pasa por dejar las cosas como est¨¢n y que los ayuntamientos, como instituci¨®n m¨¢s cercana al ciudadano, puedan seguir ofreciendo prestaciones sociales. Son muchos los juristas que pronostican que con la ley Montoro en la mano, los secretarios e interventores municipales deber¨¢n oponerse a autorizar partidas de gasto para pol¨ªtica social. Eso es lo que intenta corregir el anteproyecto que faculta a la Xunta para ceder competencias a los ayuntamientos siempre que no implique ¡°incurrir en duplicidades ni aumente el coste para las administraciones p¨²blicas¡±.

De entrada, el borrador de Vicepresidencia argumenta que ¡°los servicios complementarios que ven¨ªan realizando otras administraciones (distintas de la auton¨®mica) en base al art¨ªculo 28 ya derogado [...] no puede ahora sin m¨¢s desconocerse sin que peligre esa prestaci¨®n de servicios p¨²blicos, muchas veces esencial para el ciudadano¡±. En ocho art¨ªculos establece las condiciones para que la Xunta transfiera competencias a los ayuntamientos siempre mediante una memoria econ¨®mica y con la ¡°suficiente dotaci¨®n presupuestaria¡±. Pero es una disposici¨®n adicional, la cuarta, la que implica una enmienda a la totalidad de la ley Montoro: ¡°Las competencias que debe asumir la Comunidad Aut¨®noma de Galicia en materia de educaci¨®n, salud y servicios sociales continuar¨¢n siendo prestadas por los municipios mientras no se den las condiciones previstas para su traspaso en la normativa b¨¢sica y el establecimiento de un nuevo sistema de financiaci¨®n aut¨®nomico y de las haciendas locales¡±.