Un polvor¨ªn en los Ayuntamientos

El mismo martes 11 de marzo en que medio millar de marineros del cerco convirtieron el centro de Santiago en una batalla de piedras, sillas y botellas contra los antidisturbios que les devolvieron disparos de pelotas de goma, una concentraci¨®n de medio centenar de alcaldes forceje¨® tambi¨¦n con la polic¨ªa a las puertas del Parlamento gallego. La foto no encontr¨® hueco en las portadas, copadas esos d¨ªas por barricadas de contenedores ardiendo y porrazos a los manifestantes. Pero aquella ma?ana los agentes llegaron incluso a identificar a los regidores socialistas de Becerre¨¢ y A Fonsagrada cuando intentaban desplegar una pancarta contra el canon de Sogama ante la verja de la instituci¨®n. Los empujones que intercambiaron con polic¨ªas algunos veteranos de la vida municipal, con trienios en la alcald¨ªa, resumen la desesperaci¨®n que impera en los Ayuntamientos gallegos. A la pol¨¦mica tasa del agua impuesta por la Xunta el a?o pasado sucedi¨® la ley Montoro que vac¨ªa de competencias a los de menos de 20.000 habitantes. Y el incremento de un 34% impuesto unilateralmente por el Gobierno gallego en el recibo de Sogama para contrarrestar la retirada de las primas del Ministerio de Industria por producir energ¨ªa ha sido el mazazo definitivo.

Casi un centenar de alcaldes ¡ªpr¨¢cticamente todos los que no son del PP¡ª mantienen desde hace semanas reuniones al margen de la Federaci¨®n Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para forzar ¡°la retirada del tasazo¡±. Se han manifestado ante las sedes del Parlamento y la Xunta, donde amenazan con encerrarse. Y avisan de que no van a pagar m¨¢s que el precio revisado con el IPC. El resto, hasta completar el recibo que pasa Sogama, lo depositar¨¢n en el juzgado para que decidan los tribunales si tiene raz¨®n la empresa p¨²blica o los Gobiernos municipales. Los alcaldes consultados, de las siglas que sean, abominan del nuevo recibo. P¨²blicamente, los del PP lo critican con la boca peque?a pero en cuanto se apagan las grabadoras echan sapos y culebras contra la decisi¨®n de Sogama.

En medio, la Fegamp, que preside el regidor de Ferrol, Jos¨¦ Manuel Rey Varela, del PP, improvisa pa?os calientes. En su d¨ªa aprob¨® una declaraci¨®n institucional que rechazaba el encarecimiento del nuevo canon ¡ªvigente ya desde enero¡ª pero cuando los regidores socialistas y nacionalistas forzaron una votaci¨®n (la primera del mandato en una instituci¨®n que presume de adoptar las decisiones por unanimidad) para recurrirlo en el juzgado, la mayor¨ªa del PP ech¨® abajo la propuesta. Rey Varela explica que prepara un estudio para analizar con la Xunta el mapa de residuos en este nuevo contexto pero que entretanto tocar¨¢ pagar. En su caso ha decidido trasladar el coste a los vecinos, un euro por hogar y mes, para evitar el agujero que har¨ªa a su maltrecho presupuesto cargar 400.000 euros m¨¢s por el tratamiento de la basura. En Santiago, se encarece en 600.000 euros. En Ribeira, una villa media donde tambi¨¦n manda el PP con el hist¨®rico Manuel Ruiz Rivas, son 150.000 m¨¢s que hasta ahora.

Socialistas y nacionalistas plantan batalla a la subida en todos los campos, incluida la calle. Intentan obligar a la Conseller¨ªa de Medio Ambiente y a Sogama a compartir el incremento de la factura. Pero la Xunta reitera que es innegociable y alerta sobre el de la quiebra del modelo. ¡°No descarto que el Gobierno se siente a negociar porque nos van a tener en la calle¡±, avisa el alcalde de O Barco de Valdeorras, el socialista Alfredo Garc¨ªa, vicepresidente de la Fegamp. En la pelea hay casi un centenar de alcaldes (los que no son del PP) y est¨¢n todos los partidos. Francisco Garc¨ªa, el de Allariz ¡ªestandarte de la pol¨ªtica local del BNG¡ª y n¨²mero tres en la Fegamp vaticina ¡°tiempos convulsos¡± si no se aceptan las reclamaciones de los Ayuntamientos. Uno de los veteranos del PP admite en privado que ¡°defender estas siglas¡± desde el consistorio ¡°se est¨¢ poniendo imposible porque el partido solo da malas noticias a sus alcaldes y concejales¡±. Asegura que mientras socialistas y nacionalistas salen con la pancarta ellos se lamentan en los despachos, tambi¨¦n con escaso ¨¦xito. El conflicto va para largo y se dirimir¨¢ en los juzgados.

Y no es el ¨²nico frente abierto para el municipalismo. La ley que ha dise?ado el Ministerio de Hacienda para reformar las administraciones locales ha encontrado un ins¨®lito consenso entre los partidos gallegos: todos en contra. Como la Xunta, que despu¨¦s de formular en vano decenas de alegaciones a los primeros borradores del Gobierno central, improvisa ahora una norma gallega que enmendar¨¢ a la estatal. En la exposici¨®n de motivos argumenta que Galicia tiene seg¨²n su Estatuto de Autonom¨ªa ¡°competencias plenas sobre r¨¦gimen local¡±. Lo dice el art¨ªculo 27, el mismo que invoca el BNG para plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Montoro. El PSOE ya se ha posicionado, primero contra la norma estatal y ahora contra la gallega, aunque algunos de sus regidores admiten en privado que esta ¨²ltima puede servir de parche para amortiguar ¡°el desaguisado del Gobierno¡±.

Con el texto de Hacienda en la mano, secretarios e interventores municipales lo tienen crudo para autorizar cualquier gasto en servicios sociales que planteen los Ayuntamientos, la primera instituci¨®n a la que llaman los ciudadanos en plena espiral de crisis y recortes. Y eso en medio del clima de pavor generalizado ¡ªdesatado por los sumarios que han destapado una red de esc¨¢ndalos en una docena de Ayuntamientos con tel¨¦fonos pinchados, donde jueces y fiscales analizan con lupa cada papel que se firma¡ª es una bomba de relojer¨ªa a un a?o y pocos meses de las pr¨®ximas elecciones locales. La aplicaci¨®n escalonada de la ley estatal aplaza la entrada en vigor de sus medidas m¨¢s pol¨¦micas a despu¨¦s de las municipales de 2015 pero el desconcierto y la indignaci¨®n cunden entre los alcaldes. Un ejemplo: si hasta hace nada recib¨ªan instrucciones de la Xunta para crear consorcios ¡ªy compartir servicios y costes¡ª ahora esas entidades est¨¢n amenazadas por la ley estatal.

El Gobierno gallego ya no oculta su malestar con las decisiones de Madrid e intenta devolver con una norma propia ¡ªque debe tramitar el Parlamento¡ª los servicios sociales a los gobiernos locales y de paso sosegar en v¨ªsperas electorales el ¨¢nimo de unos alcaldes que hace un par de a?os ya ensayaron una sublevaci¨®n contra el plan de fusiones municipales impulsado por la Xunta. Aunque entonces se pronosticaron varias, los regidores se resisten a mover los marcos en sus feudos y solo Cesuras y Oza se han integrado en una uni¨®n, recurrida por el PSOE, que pende a¨²n de los tribunales.

Alcaldes y ediles recuerdan adem¨¢s que en estos ¨²ltimos a?os los Ayuntamientos fueron las ¨²nicas instituciones que redujeron deuda, aun cuando part¨ªan de una situaci¨®n m¨¢s saneada que las comunidades aut¨®nomas y el Gobierno central y de que el actual sistema de financiaci¨®n solo les entrega 13 c¨¦ntimos por cada euro que reparte.