Alaya y las defensas pulen el terreno de batalla sobre el dise?o del fondo

El nivel de complejidad t¨¦cnica que atraviesa el caso ERE echa para atr¨¢s a muchos lectores. Sin embargo, es indudable que su trascendencia aumenta a cada paso que la juez Mercedes Alaya acomete. Despu¨¦s de tres a?os, la magistrada ha se?alado a dos expresidentes y cinco exconsejeros de la Junta, imputado a 20 altos cargos y otras 124 personas entre empresarios, sindicalistas, abogados e intrusos que comieron de la tarta de los ERE sin estar invitados. Y como las preguntas para comprender tantas conductas dudosas, irregulares o ilegales se acumulan, son necesarias respuestas que aclaren tal embrollo.

Estos meses Alaya est¨¢ centrada en el dise?o y la financiaci¨®n del fondo, aunque sin descuidar las medidas e interrogatorios de algunos intrusos y sindicalistas. Y su tesis pasa por que la c¨²pula del Gobierno andaluz se confabul¨® para establecer un sistema que permitiera dar subvenciones al margen de los controles de la Intervenci¨®n General. Es decir, tras las pegas de los interventores a ciertas ayudas millonarias, el Ejecutivo decidi¨® que la mejor manera de evitarlas deb¨ªa pasar por un sistema nuevo cuyo control previo fuera imposible, seg¨²n Alaya.

La Junta ha negado la mayor y responde que las pruebas de ese contubernio para saltarse la fiscalizaci¨®n previa son inexistentes. Pero sobre todo se apoya ¡ªjunto a algunas defensas¡ª en que el sistema empleado se inclu¨ªa cada a?o en la Ley de Presupuestos, aprobada por el Parlamento, lo que la convert¨ªa en ley e imposibilitaba su ilegalidad.

El meollo de la argumentaci¨®n de Alaya es el uso de las transferencias de financiaci¨®n, ya que se destinaron para dar subvenciones a empresas en vez de para cubrir las p¨¦rdidas de la agencia Idea [antes IFA], el destino que establece la ley. El problema, como siempre, es que en Derecho todo es interpretable y el combate jur¨ªdico se resolver¨¢ en el Tribunal Supremo porque apenas se ha aclarado el campo de batalla. Alaya debe a¨²n depurar sus tesis, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n decantarse sobre el dise?o del fondo, y las acusaciones y defensas perfilar sus matices.

Seg¨²n Alaya, la Junta traz¨® este dise?o a espaldas del Parlamento, que desconoc¨ªa la letra peque?a de este uso de las transferencias de financiaci¨®n. A¨²n as¨ª, recientemente ha pedido investigar si los diputados que formaron la Comisi¨®n de Econom¨ªa y Hacienda debatieron sobre el fondo de los ERE, para aclarar el alcance de su conocimiento.

Esta iniciativa surgi¨® tras plantear una defensa el conocimiento generalizado del fondo. Su idea era sencilla: es imposible que el procedimiento para los ERE se gestara en secreto si a?o tras a?o lo conocieron el Parlamento, la C¨¢mara de Cuentas, la Intervenci¨®n y numerosos altos cargos en las consejer¨ªas de Empleo y Econom¨ªa y Hacienda.

La juez desech¨® la mayor¨ªa de las diligencias de ese escrito, pero rescat¨® las deliberaciones de los diputados de la Comisi¨®n de Hacienda, para cerciorarse de que no hab¨ªan debatido sobre el fondo de los ERE. Suficiente para generar pol¨¦mica al investigar al Parlamento, a pesar de que la juez hab¨ªa aclarado que no consideraba a los diputados que aprobaban las Leyes de Presupuestos conocedores del sistema de pago de los ERE.

?Est¨¢ cerca el final de la investigaci¨®n? Alaya ha enviado mensajes contradictorios sobre que el fin ¡°est¨¢ cerca¡± y que la causa es ¡°inescindible¡±, por lo que las ramas de la financiaci¨®n y ejecuci¨®n del fondo deben permanecer juntas. Sin embargo, esto supondr¨ªa que la remisi¨®n al Supremo [y soluci¨®n para los aforados] puede eternizarse y as¨ª reforzar el riesgo de dilaciones indebidas.