Plan-Protocolo: un mal t¨¢ndem para el J¨²car, L¡¯Albufera y La Ribera

Tal como alertamos desde X¨²quer Viu durante los ¨²ltimos meses, la redacci¨®n definitiva del Plan Hidrol¨®gico de Cuenca de la Demarcaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car, conocida a mediados de marzo, deja la puerta abierta de par en par a una segunda toma de aguas por trasvase J¨²car-Vinalop¨®, aguas arriba del Azud de la Marquesa, para facilitar a la Junta Central de Usuarios del Vinalop¨®, Alacant¨ª y el Consorcio de la Marina Baja la especulaci¨®n con el agua del J¨²car. El protocolo de colaboraci¨®n firmado recientemente por la Generalitat y el ministerio muestra que apuestan por contentar al lobby del agua alicantino frente la necesidad de garantizar la recuperaci¨®n del J¨²car y el desarrollo de La Ribera.

En primer lugar, el plan de cuenca, aprobado por el Consejo Nacional del Agua el 26 de marzo, habla de "recursos excedentes" que se determinar¨¢n con posterioridad a la aprobaci¨®n del plan, pero incluye como tales todos los ahorros de agua generados por la modernizaci¨®n de los regad¨ªos de La Ribera. En segundo lugar, establece que se destinar¨¢n como m¨ªnimo 12 hm3/a?o de recursos h¨ªdricos no regulados de los afluentes del J¨²car aguas abajo de Tous al trasvase. En tercer lugar, el destino de las aguas trasvasadas es paliar la sobreexplotaci¨®n de los acu¨ªferos y el d¨¦ficit de abastecimiento del Vinalop¨®, Alacant¨ª y Marina Baja. Con estos antecedentes resulta evidente que se deja el terreno preparado para el planteamiento de una segunda toma de aguas del trasvase en Antella o en Cortes de Pall¨¢s, ya que el principal inter¨¦s de la Junta Central del Vinalop¨® siempre ha estado en que se trasvasara agua para el abastecimiento de poblaci¨®n, de modo que los usuarios dom¨¦sticos subvencionan el coste del agua a los regantes y se facilite, de paso, la recalificaci¨®n de terrenos de cara a un nuevo ciclo de especulaci¨®n urban¨ªstica en los pr¨®ximos a?os.

La indefinici¨®n en el plan de lo que se entiende por "recursos excedentes" les permite negociar de tapadillo con la Generalitat y la Confederaci¨®n m¨¢ximas garant¨ªas de disponibilidad de agua, y no necesariamente al final del r¨ªo, en el Azud de la Marquesa. Esos excedentes se pueden definir en cualquier punto del sistema de regulaci¨®n del r¨ªo J¨²car y compensarlos aguas abajo por recursos no regulados que utilizar¨ªan los regantes de La Ribera, que tienen sus tomas de agua en la cuenca baja del r¨ªo. Los grandes perdedores -como siempre- ser¨¢n el r¨ªo y los ciudadanos ribere?os que continuaremos asumiendo mayor deterioro ambiental y vulnerabilidad ante las sequ¨ªas.

El hecho de destinar "los ahorros generados por la modernizaci¨®n de los regad¨ªos tradicionales de la Ribera" directamente a garantizar agua para el trasvase implica que se reducir¨¢n a¨²n m¨¢s las aportaciones de agua del J¨²car que todav¨ªa recibe L'Albufera de Valencia. Como es sabido, este lago se ha alimentado hist¨®ricamente de agua dulce proveniente de los retornos de riego de los regad¨ªos tradicionales de La Ribera, principalmente, de los de la Acequia Real, principal ¨¢rea de implantaci¨®n de la modernizaci¨®n del regad¨ªo. Una parte sustancial del incremento de eficiencia en el riego proviene de reducir significativamente los retornos de riego, lo que ha dado lugar a mermas acusadas de entradas de agua lago de L'Albufera que se agudizar¨¢n en el futuro. Por tanto, una parte de esos ahorros, tan cacareados por las Administraciones para justificar las inversiones p¨²blicas en dichos proyectos, en realidad son caudales con funciones ambientales, que se deber¨ªan continuar aportando en cualquier caso si se quiere cumplir con la legislaci¨®n vigente (europea y estatal) para evitar el deterioro adicional de este ecosistema protegido. Pero la redacci¨®n aprobada de la normativa del plan de vuenca que entrar¨¢ en vigor de forma inminente no garantiza dichas aportaciones, pues no define ni el origen ni la calidad del caudal ecol¨®gico establecido por el lago, sino que reserva ¨ªntegramente los vol¨²menes de agua liberados por la modernizaci¨®n de los regad¨ªos de La Ribera para enviarlos al Vinalop¨®.

Adem¨¢s, recuperar la redacci¨®n hecha por el plan de cuenca de 1998 respecto del destino de las aguas trasvasadas a trav¨¦s de la conducci¨®n J¨²car-Vinalop¨® implica que se quieren colgar del J¨²car nuevas demandas de abastecimiento a poblaci¨®n que, como es sabido, tienen prioridad m¨¢xima y, por lo tanto, requieren la m¨¢xima garant¨ªa de suministro. Ello implica que, en la pr¨¢ctica, la gesti¨®n de la cuenca cedente deber¨¢ garantizar la satisfacci¨®n de esas demandas por delante de los regad¨ªos tradicionales del J¨²car, e incluso, por delante de los caudales ecol¨®gicos del r¨ªo en situaciones de sequ¨ªa. Al mismo tiempo, se niega una concesi¨®n directa de agua del r¨ªo a los ayuntamientos de la Ribera del J¨²car afectados por la contaminaci¨®n de las aguas subterr¨¢neas con nitratos y pesticidas, y se les obliga a comprar el agua del J¨²car a los regantes.

Conviene recordar tambi¨¦n que la sentencia firme del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 ya anul¨® los art¨ªculos del plan de cuenca de 1998 referidos al trasvase, pues al incluir como destinos del mismo al Vinalop¨® -cuenca intercomunitaria- junto con L¡¯Alacant¨ª y la Marina Baja -cuencas internas valencianas- esta infraestructura deber¨ªa haberse planteado en el marco del Plan Hidrol¨®gico Nacional. La raz¨®n para ello es que la Generalitat ostenta competencias exclusivas sobre las cuencas internas valencianas -aunque se resiste a practicarlas- , y el Estado no tiene competencias para planificar los usos del agua o las infraestructuras hidr¨¢ulicas en ellas, pues ya son competencia de otra Administraci¨®n. As¨ª, el planteamiento del trasvase en el nuevo plan vuelve a incumplir esa sentencia.

A pesar de estos hechos plasmados en la normativa del plan, la presidenta Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car, durante el ¨²ltimo Consejo de Agua de la Demarcaci¨®n que dio el visto bueno al plan -con la oposici¨®n de las organizaciones ecologistas, entre otros-, se afanaba en decir que no hay ning¨²n tipo de segunda toma de aguas prevista en el plan y que la construcci¨®n de esa infraestructura no se contemplaba en su programa de medidas. Ni falta que hac¨ªa. Basta dejar la puerta abierta para concretarlo en el pr¨®ximo ciclo de planificaci¨®n para el per¨ªodo 2015 hasta 2021, cuya elaboraci¨®n ya est¨¢ en marcha.

Con total opacidad y haciendo un claro menosprecio de los mecanismos de participaci¨®n p¨²blica y transparencia y del m¨ªnimo respeto exigible, el ministro Arias Ca?ete y el consejero Ciscar firmaron d¨ªas despu¨¦s un protocolo que pone negro sobre blanco las intenciones de las dos Administraciones en relaci¨®n con el trasvase J¨²car-Vinalop¨®, de espaldas a la participaci¨®n p¨²blica que exige la Directiva Marco del Agua en relaci¨®n con la elaboraci¨®n de la pol¨ªtica del agua.

As¨ª, ambas Administraciones consideran que la toma del Azud de la Marquesa no es m¨¢s que una "soluci¨®n provisional" y proponen estudiar esta interconexi¨®n "considerando las infraestructuras existentes, planteadas o que pudieran plantearse". Es decir, se est¨¢ abriendo la puerta clar¨ªsimamente a una segunda toma de aguas que pudiera incluirse en la revisi¨®n de este plan de cuenca, que ya est¨¢ iniciada y que culminar¨¢ ¨Cprevisiblemente- en 2015.

Por otra parte, en el protocolo se hace referencia a la posibilidad de reactivar las actuaciones contempladas en el convenio entre los usuarios de la conducci¨®n J¨²car-Vinalop¨® y Aguas del J¨²car, SA, de fecha 13 de julio de 2001, es decir, el trasvase desde Cortes de Pall¨¢s. Y, adem¨¢s, este protocolo plantea darle a la Junta Central del Vinalop¨® la capacidad de proponer el r¨¦gimen de trasvases y la gesti¨®n t¨¦cnica y econ¨®mica de la distribuci¨®n de caudales que llegan a la balsa de San Diego, de manera que tendr¨ªan las manos libres para especular con el agua del J¨²car.

Cabe recordar que el citado convenio -que fundamenta estatutariamente la constituci¨®n de esa Junta Central- fue anulado por acuerdo de 29 de julio de 2005 del consejo de administraci¨®n de Aguas del J¨²car, SA ante su incumplimiento por parte de los futuros usuarios del trasvase al no pagar la parte correspondiente de las inversiones (75 millones de euros) por la construcci¨®n de la conducci¨®n desde Cortes, desde el inicio de las obras en 2003. Resulta dudoso, al menos, que jur¨ªdicamente esta organizaci¨®n pueda ostentar las atribuciones legales y desarrollar funciones de gesti¨®n en calidad de usuarios de esta infraestructura, cuando el convenio que les daba ese car¨¢cter hace casi 10 a?os que se anul¨® y, por tanto, ha desaparecido el hecho que fundamenta su constituci¨®n tal como se recog¨ªa en sus estatutos.

Conforme se ha planteado el trasvase J¨²car-Vinalop¨® en el nuevo plan de cuenca y en combinaci¨®n con el citado protocolo, tanto el ministerio como la Generalitat han reabierto el conflicto en torno a dicho trasvase y hacen evidente la amenaza sobre el r¨ªo de una segunda toma de aguas, frente a la que ya nos hemos expresado reiteradamente contrarios desde X¨²quer Viu, multitud de Ayuntamientos, los regantes de La Ribera y el conjunto de la sociedad ribere?a.

Este t¨¢ndem plan-protocolo pone de manifiesto el desprecio de las autoridades competentes por la recuperaci¨®n de nuestro r¨ªo y por los intereses leg¨ªtimos de los ribere?os, al tiempo que abunda en la din¨¢mica perversa de intentar comprar votos con promesas de ¡°tra¨ªda de aguas¡± que luego se demuestra que solo se sostienen en el papel.

Graciela Ferrer es secretaria de X¨²quer Viu