El juez de G¨¹rtel inquiere si una treintena de imputados tuvieron cargos en el PP

El juez instructor del caso G¨¹rtel en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, Jos¨¦ Ceres, ha pedido al PP valenciano que certifique si 29 personas, entre exconsejeros, altos y medios cargos de la Generalitat, funcionarios y empleados p¨²blicos ocuparon cargos en el partido entre 2004 y 2009. Todos ellos est¨¢n imputados por haber adjudicados contratos a dedos a la trama corrupta de Francisco Correa.

El magistrado rastrea si los implicados han tenido mando en el partido no solo en la direcci¨®n regional, sino tambi¨¦n en las provinciales y locales. Y explica que el requerimiento a la formaci¨®n se produce como consecuencia de "algunas preguntas y menciones realizadas en diversas declaraciones a la posible pertenencia de algunos declarantes al PP".

La medida conecta la pieza separada en la que se investiga la adjudicaci¨®n irregular de contratos por parte del Gobierno del expresidente valenciano Francisco Camps con otras dos piezas de la misma causa en las que el juez indaga la financiaci¨®n ilegal del PP.

A lo largo de la investigaci¨®n, como ha recordado el juez en otras resoluciones, ha surgido la relaci¨®n entre las empresas de la red, que se encargaban en exclusiva del montaje de actos electorales del PP valenciano, la formaci¨®n pol¨ªtica y los cargos y funcionarios implicados en la contrataci¨®n.

Los cabecillas de G¨¹rtel est¨¢n imputados tanto por haber recibido contratos supuestamente ama?ados y haber sobornado a cargos p¨²blicos como por haber participado en la financiaci¨®n ilegal del partido. Hasta ahora, sin embargo, unos y otros hechos se hab¨ªan mantenido en contenedores estancos. Algo que cambia con la providencia dictada ahora.

El magistrado pide a los populares que certifiquen v¨ªa fax, en un plazo de cinco d¨ªas, si un total de 29 personas tuvieron alg¨²n cargo org¨¢nico o formaron parte de alguna comisi¨®n en el partido (regional, provincial y local). Si integraron alg¨²n comit¨¦ de campa?a de naturaleza electoral; o si fueron miembros en representaci¨®n del partido en la respectiva diputaci¨®n provincial, ayuntamiento o en las Cortes Valencianas entre 2004 a 2009.

Esos son los a?os a los que se extiende la investigaci¨®n abierta por la supuesta adjudicaci¨®n a dedo de contratos, que ser¨ªa constitutiva de los delitos de malversaci¨®n, prevaricaci¨®n y, en algunos casos, de falsedad documental.

Sobre alguno de los citados a declarar no pesa ya la imputaci¨®n, y la mayor parte de ellos han abandonado los cargos p¨²blicos, aunque aquellos que ten¨ªan plaza en la plantilla de la Generalitat o en sus empresas p¨²blica los mantienen.

Respecto a los 18 ex altos cargos, el magistrado pide informaci¨®n sobre Juan Miguel Bellver, ex director general de la empresa p¨²blica Vaersa; Mar¨ªa Auxiliadora Hern¨¢ndez Mi?ana, ex secretaria auton¨®mica de Educaci¨®n; Dora Ibars, ex directora general de Promoci¨®n Institucional de la Generalitat; y Arantxa Vall¨¦s, ex responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estrat¨¦gica y Promocional de la Comunitat.

Requiere tambi¨¦n informaci¨®n sobre Vicente Farn¨®s, exdirector de Castell¨® Cultural; Silvia Caballer, ex directora general del Libro; Rafael Peset, exsubsecretario de la Consejer¨ªa de Sanidad; Alfonso Bataller, alcalde de Castell¨®n y exsubsecretario de Sanidad; Jos¨¦ Cl¨¦rigues, exdirector de Farmacia y Productos Sanitarios; Mar¨ªa Luisa Carrera, exdirectora de Asistencia Sanitaria; y Pilar Ripoll, ex directora general de Calidad y Atenci¨®n al Paciente.

El juez pregunta, adem¨¢s, por los exconsejeros de Sanidad Luis Rosado y Manuel Cervera; los ex secretarios auton¨®micos de Deportes David Serra (que sigue siendo diputado en las Cortes Valencianas y tambi¨¦n est¨¢ imputado por la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP) y Niurka Montalvo; Alicia de Miguel, exdiputada y exconsejera de Bienestar Social; Enrique Navarro Alejandro, ex secretario auton¨®mico de Familia y Solidaridad; y Clara Abell¨¢n, ex directora general en Bienestar Social.

Junto a ellos, el juez pide informaci¨®n al PP sobre dos altos cargos del Consell que siguen ocupando sus puestos pese a estar imputados: Carmen D¨ªaz, gerente de la Fundaci¨®n La Luz de las Im¨¢genes; e Inmaculada Garc¨ªa Pardo, directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat.

Ceres se interesa igualmente por Paula de Cubas, ex asesora de prensa de diversos departamentos de la Generalitat; Jos¨¦ Mar¨ªa Vidal, quien ocup¨® diferentes cargos en la Administraci¨®n y tambi¨¦n trabaj¨® para Orange Market; Ar¨¢nzazu Gil, exsecretaria de Farn¨®s; Joaqu¨ªn Fernando Tom¨¢s Font de Mora, exasesor jur¨ªdico de Vaersa o Enrique Bort, exjefe de gabinete t¨¦cnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoci¨®n Industrial Valenciana (Sepiva). Tambi¨¦n cita a Ignacio Ferrer (de la subsecretar¨ªa de la Consejer¨ªa de Sanidad); Patria Callaghan (jefa de secci¨®n de Calidad Ambiental de la Consejer¨ªa de Territorio), y a Emilia Llorca.