El Gobierno busca que los ciudadanos puedan proponer decretos y ¨®rdenes

El Gobierno intentar¨¢ garantizar por ley que los ciudadanos puedan presentar propuestas de normativa -decretos y ¨®rdenes- que el propio Ejecutivo tramite y ponga en marcha, una iniciativa conocida como iniciativa reglamentaria popular, similar a la iniciativa legislativa popular que se puede impulsar en los legislativos para promover leyes. Es una de las ideas m¨¢s novedosas que incluye el anteproyecto de Ley de Administraci¨®n P¨²blica, que incluye tambi¨¦n medidas de transparencia de la administraci¨®n como la publicaci¨®n en Internet de los nombramientos, ceses, complementos retributivos e indemnizaciones a altos cargos, as¨ª como otras cuestiones como el n¨²mero de liberados sindicales, el n¨²mero de horas y su coste para la administraci¨®n.

El consejero de Administraci¨®n P¨²blica, Josu Erkoreka, ha avanzado algunos detalles del anteproyecto de ley, que en los pr¨®ximos d¨ªas saltar¨¢ a su fase de consulta p¨²blica para la ciudadan¨ªa y se remitir¨¢ a los otros dos niveles institucionales as¨ª como a los sindicatos y la patronal. El anteproyecto no se convertir¨¢ en proyecto de ley -paso previo a su tramitaci¨®n parlamentaria- hasta mediados de este a?o. El Gobierno ha tratado esta cuesti¨®n en su consejo semanal, aunque no ha facilitado el documento completo.

Erkoreka ha se?alado que las iniciativas normativas de la ciudadan¨ªa estar¨¢n delimitadas por un n¨²mero de firmas concreto, al igual que ocurre con iniciativas legislativas populares -en Euskadi hay una en marcha, para prohibir el fracking, que pasa ahora por su fase de recogida de 30.000 firmas para proseguir su tramitaci¨®n-, aunque en el caso de las propuestas normativas hacia el Gobierno la cifra ser¨¢ inferior. El consejero ha delimitado el terreno. Primero, ha resaltado que las propuestas tendr¨¢n que estar enmarcadas en la legalidad y que, como el Ejecutivo no legisla, el margen de maniobra ser¨¢ m¨¢s "delimitado".

En el caso de las iniciativas que cumplan con la legalidad, tampoco ha garantizado que salgan adelante: "si se plantea una cuesti¨®n que puede ser claramente contraargumentada o ser comprometida, sin consensos suficientes, podr¨ªa apartarse; tampoco un Parlamento est¨¢ obligado a cumplir escrupulosamente con las ILP". En todo caso, ha asegurado que el Ejecutivo "tendr¨¢ que explicar por qu¨¦ se aparta de esa propuesta". "Es parte del juego ordinario", ha zanjado.

Ni las diputaciones ni los ayuntamientos deber¨¢n cumplir con la futura ley en caso de que sea aprobada.