Mas responde al Congreso acelerando la ley electoral y la de consultas
La Generalitat quiere crear una autoridad que supervise los comicios catalanes
El rechazo del Congreso a que el Parlamento catal¨¢n pueda convocar un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n formaba parte de la hoja de ruta de los partidos soberanistas. Los nacionalistas ten¨ªan tan interiorizado el no del Congreso que en los ¨²ltimos d¨ªas ya han comenzado a mover ficha en el plan alternativo para intentar celebrar la consulta de autodeterminaci¨®n el 9 de noviembre. El plan en el que trabaja el Gobierno de Mas es aprobar la ley catalana de consultas a la vuelta de las vacaciones de verano. La ponencia de la ley se reactivar¨¢ tras las vacaciones de Semana Santa como respuesta al no del Congreso. El objetivo de Mas y de su socio de Esquerra es dejar claro que, pese al rechazo de la C¨¢mara, el proceso sigue.
Para dar cobertura a la consulta, Converg¨¨ncia i Uni¨® ha decidido acelerar tambi¨¦n una medida pendiente en Catalu?a desde hace casi 35 a?os: la ley electoral catalana. Este texto es b¨¢sico para que los pr¨®ximos comicios, sean una consulta o unas elecciones en clave de plebiscito sobre la independencia, pasen a ser supervisados por una autoridad electoral catalana y no por la Junta Electoral Central, como se ha venido haciendo hasta ahora.
Los partidos catalanes se han mostrado hist¨®ricamente incapaces de dotarse de una ley electoral propia, pese a que podr¨ªan haberlo hecho desde 1979. La competencia sobre la ley electoral es exclusiva de Catalu?a, o sea que en este caso los nacionalistas no pueden culpar de esta carencia a la Administraci¨®n central. Los comicios catalanes se han venido regulando desde la llegada de la democracia por una disposici¨®n transitoria del Estatuto de 1979, y Catalu?a es la ¨²nica comunidad que no dispone de norma propia.
Los partidos catalanes se han mostrado hist¨®ricamente incapaces de dotarse de una ley electoral propia, pese a que podr¨ªan haberlo hecho desde 1979
Seg¨²n el Estatuto de 2006, la ley debe aprobarse con una mayor¨ªa de dos tercios de la C¨¢mara y, aunque se podr¨ªa hacer sin la concurrencia del Partit dels Socialistes, Converg¨¨ncia i Uni¨® ha comunicado los ¨²ltimos d¨ªas al PSC que no la piensa sacar adelante sin su voto. Adem¨¢s, ambos partidos han acercado posiciones para que el sistema sea m¨¢s proporcional, abierto y que respete la realidad territorial, algo con lo que tambi¨¦n est¨¢ de acuerdo Esquerra Republicana.
Las fuentes consultadas de la direcci¨®n del PSC consideran que ahora comienzan a darse las condiciones para el acuerdo y que este podr¨ªa avanzar dentro de un par de semanas, cuando se re¨²na la ponencia que elabora la ley para ponerse a trabajar en la ¨²ltima propuesta. Antes no se descartan nuevos contactos entre Artur Mas y el l¨ªder del PSC, Pere Navarro.
Los nacionalistas est¨¢n presionando para sacar adelante esta ley, convencidos de que, en el caso de que puedan convocar el refer¨¦ndum mediante la ley catalana de consultas, necesitar¨¢n una autoridad electoral que valide los votos y controle la campa?a. Est¨¢n convencidos de que la Junta Electoral Central no se lo pondr¨¢ f¨¢cil y por eso quieren un organismo propio.
Al mismo tiempo que impulsan la ley electoral, han decidido reactivar la elaboraci¨®n de la ley de consultas, que se encuentra ya pr¨¢cticamente lista. La norma es importante porque la Generalitat quiere usarla como amparo legal para convocar el refer¨¦ndum independentista: a diferencia de la aprobada en 2010, las consultas no requerir¨ªan del permiso del Gobierno central porque no ser¨ªan refrendarias. El Parlamento auton¨®mico demorar¨¢ hasta septiembre su aprobaci¨®n para que coincida con la convocatoria de la consulta soberanista, en un intento de evitar la impugnaci¨®n del texto legal por parte del Gobierno. El PP, por su parte, considera que podr¨¢ impugnar ambas cosas a la vez. Con todo, Mas lograr¨ªa una ventaja pol¨ªtica que intentar¨ªa aprovechar en caso de tener que convocar elecciones posteriormente.
Una norma insuficiente
Catalu?a tiene vigente la ley de consultas populares por v¨ªa de refer¨¦ndum, aprobada en 2010 e impulsada por el Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV). Sin embargo, esta no sirve para satisfacer la actual pretensi¨®n de los nacionalistas catalanes, ya que exige la autorizaci¨®n del Estado para convocar la votaci¨®n. Pese a ello, Artur Mas la ha esgrimido como una de las v¨ªas posibles.
La norma fue recurrida por el entonces presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, ante el Tribunal Constitucional, que decidi¨® su suspensi¨®n durante cinco meses y que, en junio de 2011, decidi¨® levantar el veto. Tras esta decisi¨®n, el Constitucional no ha sentenciado sobre la ley y, seg¨²n fuentes del tribunal, ¡°de momento¡± no tiene previsto hacerlo.
El texto de la ley se?ala que el objeto de las consultas ser¨¢n ¡°cuestiones pol¨ªticas de especial trascendencia para la ciudadan¨ªa¡±. Adem¨¢s de exigir la autorizaci¨®n del Gobierno central, la norma indica que la aprobaci¨®n de la propuesta de consulta popular ¡°requiere el voto favorable de la mayor¨ªa absoluta de los diputados¡±.
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