Marbella recupera decenas de fincas e ingresa dos millones por sentencias
El Ayuntamiento espera percibir otros 1,7 millones por la venta de un edificio
El Ayuntamiento de Marbella se embolsar¨¢ en breve 1,7 millones por la venta de un inmueble ubicado en Murcia de Juan Antonio Roca, principal condenado del caso Malaya. El dinero que se recaude con esta operaci¨®n, que debe recibir el visto bueno del tribunal que juzg¨® la trama de corrupci¨®n, ir¨¢ previsiblemente a las arcas municipales gracias al acuerdo promovido por el propio exasesor de Urbanismo marbell¨ª para hacer frente a la parte de responsabilidad civil que le corresponde del caso Saqueo 1,enjuiciado en la Audiencia Nacional y en el que est¨¢ condenado en firme a seis a?os y 10 meses de prisi¨®n. El objetivo del pacto es sacar al mercado patrimonio ¡ªconsiderado l¨ªcito por los jueces y en un limbo legal¡ª, venderlo e indemnizar al Consistorio con 8,12 millones.
Este movimiento ha recibido el respaldo de la fiscal¨ªa y del Ayuntamiento de Marbella y fue autorizado recientemente por la Audiencia de M¨¢laga. Ata?e al patrimonio de Roca que no est¨¢ afectado por el comiso que se decreta en la sentencia del caso Malaya (el 36% de su fortuna), que no es firme, y faculta al administrador judicial a seleccionar los bienes y hacer las gestiones necesarias para enajenarlos. Roca solicit¨® que se fijen ¡°precios competitivos¡± y que las transacciones se realicen con ¡°la m¨¢xima celeridad temporal¡±, petici¨®n que asumi¨® el tribunal de Malaya.
El acuerdo, fiel reflejo del encaje de bolillos en el terreno jur¨ªdico que rodea a los casos judiciales de la era del gilismo en Marbella (de ¡°peculiaridad¡± lo tacha el tribunal), es independiente de la pretensi¨®n del Ayuntamiento de que parte de los bienes y multas del caso Malaya (especialmente estas ¨²ltimas, que ascienden a 580 millones) se destinen a abonar la deuda municipal con la Seguridad Social y Hacienda, algo que acuerda la sentencia y que ha sido recurrido por la fiscal¨ªa ante el Tribunal Supremo porque entiende que la ley no lo permite.
Con la oferta que existe sobre el inmueble de Murcia, el Consistorio marbell¨ª dar¨¢ un salto destacado y pr¨¢cticamente duplicar¨¢ los cerca de dos millones que ha logrado ingresar hasta ahora por los procedimientos judiciales centrados en el expolio de las arcas entre 1991 y 2006. El trabajo de los servicios jur¨ªdicos municipales es arduo, pero los avances se producen con goteo por la lentitud de la Justicia y los recursos dispares a los que se agarran los implicados, como por ejemplo declararse insolventes.
Marbella tiene sentencias a favor con indemnizaciones que superan los 300 millones en el ¨¢mbito penal y del Tribunal de Cuentas (por alcance contable). La m¨¢s destacada en los ¨²ltimos meses ha sido la cantidad prevista en el fallo del caso Saqueo 2, de unos 40 millones, aunque est¨¢ pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo. Las resoluciones firmes suman algo m¨¢s de 100 millones y el Ayuntamiento tiene retenidas decenas de propiedades entre fincas, parcelas, locales comerciales y plazas de garaje de m¨¢s de una veintena de excargos del GIL. Existen embargos preventivos sobre bienes suntuosos como un avi¨®n y un helic¨®ptero.
En la pr¨¢ctica, las arcas municipales han ingresado 1,89 millones de 13 personas, entre ellas, el exalcalde Juli¨¢n Mu?oz (27.101 euros), Juan Antonio Roca (600.000 euros) y el expresidente del Sevilla Jos¨¦ Mar¨ªa del Nido, que ha abonado 350.000 euros de los 2,7 millones que debe pagar al Consistorio por la responsabilidad civil fijada en el caso Minutas. Su exmujer, tambi¨¦n condenada en este procedimiento, ha satisfecho 50.000 euros.
La madeja judicial derivada de los a?os de gesti¨®n del GIL parece infinita, aunque una de las prioridades que se marc¨® el PP al llegar a la alcald¨ªa en 2007 fue recuperar los fondos p¨²blicos expoliados. Las fuentes consultadas cifran en alrededor de 300 los procedimientos penales y quedan vivas unas cinco causas por alcance contable, del medio centenar que se abrieron inicialmente. En el ¨¢mbito contencioso-administrativo existen unos 1.000 pleitos, de los 400 est¨¢n vinculados al Plan General.
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