Separatismo social

O, quiz¨¢ mejor, segregaci¨®n urbana. Es la que se observa cuando ciudadanos con rentas bajas y ciudadanos con rentas altas se concentran por separado en distintos municipios de una zona o en barrios distintos de un mismo municipio. El fen¨®meno no es nuevo. Responde a las exigencias de una econom¨ªa de mercado: quienes dispongan de pocos recursos solo podr¨¢n acceder a viviendas de bajo precio. Y este menor precio responder¨¢ a las condiciones de la zona donde se ubica: peor calidad urban¨ªstica y ambiental, peor transporte, menor dotaci¨®n en servicios colectivos, etc.

?La din¨¢mica de una econom¨ªa de mercado tender¨¢ a la degradaci¨®n de dichas condiciones, a la devaluaci¨®n de las viviendas de la zona y, por tanto, al arrastre forzoso hacia dichas ¨¢reas de quienes no pueden permitirse otras opciones de mayor coste. Sin intervenciones ajenas a las leyes del mercado que contrarresten esta din¨¢mica, el resultado final est¨¢ garantizado: la acumulaci¨®n de la pobreza en determinadas ¨¢reas territoriales y, como contrapunto, la consolidaci¨®n de las rentas m¨¢s altas en otras. La desigualdad entre personas queda fijada en el territorio como separatismo o segregaci¨®n social.

Lo que s¨ª ha conseguido la crisis ha sido intensificar la diferencia, abriendo una brecha m¨¢s amplia entre zonas

Lo que se ha observado en otros pa¨ªses ha sido ahora objeto de an¨¢lisis en Catalu?a. Un interesante estudio estudio realizado por ge¨®grafos, polit¨®logos, economistas y soci¨®logos de la UAB y financiado por la Obra Social de La Caixa (http://barrisicrisi.wordpress.com/) ha ratificado con amplio soporte emp¨ªrico lo que no se escapa a un observador atento a la realidad social. Como toda sociedad altamente urbanizada, Catalu?a presenta elevados ¨ªndices de segregaci¨®n territorial cuando se miden indicadores socioecon¨®micos relacionados con la renta. Dicha segregaci¨®n aparece adem¨¢s, no como fen¨®meno instalado ¨²nicamente en ¨¢reas metropolitanas, sino en amplias zonas del territorio. Finalmente y de modo llamativo, se constata que dicha concentraci¨®n se acelera m¨¢s en las zonas de renta alta que en las de renta baja, constituyendo n¨²cleos m¨¢s homog¨¦neos y aislados en la c¨²spide de la pir¨¢mide econ¨®mica que en su mucho m¨¢s extensa base.

?Hay que achacar a la crisis esta configuraci¨®n social del territorio? La faceta inmobiliaria de la crisis parece probarlo. Pero los datos examinados por el estudio mencionado van desde 2001 a 2012. Anteceden, por tanto, a la crisis y permiten constatar que el fen¨®meno no nace con ella o como uno de sus efectos. Estamos ante un fen¨®meno estructural y, por tanto, previo al desastre que arranca en 2007-08. Es algo sustantivo en situaciones en las que suelo y vivienda son mercanc¨ªas. Lo que s¨ª ha conseguido la crisis ha sido intensificar la diferencia, abriendo una brecha m¨¢s amplia entre zonas seg¨²n revelan los indicadores seleccionados. Est¨¢ claro, pues, que el crecimiento de las desigualdades patrimoniales y de rentas que nuestras sociedades acusan desde el estallido de la crisis se ha proyectado y reforzado sobre el territorio.

Los datos del estudio obligan a plantearse algunas cuestiones de contenido pol¨ªtico. ?Qu¨¦ consecuencias acarrea la existencia de zonas extensas donde se acumula la poblaci¨®n con baja capacidad econ¨®mica? Se trata de poblaci¨®n con posibilidades reducidas de superar una situaci¨®n que pasa de ser un desgraciado episodio pasajero a convertirse en estado permanente de marginaci¨®n. Lo que nos dicen experiencias de otros pa¨ªses es que la condensaci¨®n espacial de estas condiciones negativas suele disminuir la iniciativa social, incrementa la desafecci¨®n pol¨ªtica y alimenta brotes espor¨¢dicos de revuelta sin objetivo coherente. Una perspectiva nada estimulante cuando es necesario un mayor compromiso ciudadano para resolver tantos problemas individuales que son en realidad problemas colectivos.

Se trata de poblaci¨®n con posibilidades reducidas de superar una situaci¨®n que pasa de ser un desgraciado episodio pasajero a convertirse en estado permanente de marginaci¨®n

?Caben intervenciones p¨²blicas para corregir el rumbo? No son ciertamente las que llevaron desregular la pol¨ªtica urban¨ªstica o a estimular la desaprensiva actividad financiera que gener¨® la gran burbuja inmobiliaria. Tampoco lo son las que ¡ªcon el pretexto de las ¡°reformas¡± para el ¡°adelgazamiento del sector p¨²blico¡±¡ª han ido disminuyendo la dotaci¨®n en equipamientos y pol¨ªticas sociales, educativas o sanitarias. Al igual que en otras cuestiones, el denostado Gobierno del presidente Maragall tom¨® la iniciativa en este asunto y consigui¨® la aprobaci¨®n de la Llei 2/2004, de millora de barris, ¨¤rees urbanes i viles, a la que se dedicaron m¨¢s de seiscientos millones de euros. Apuntaba a frenar esta deriva hacia la segregaci¨®n territorial, compensando con presencia p¨²blica lo que la especulaci¨®n mercantil tend¨ªa a degradar. Por desgracia, cuesta percibir se?ales de que nuestros gobiernos actuales ¡ªen la UE, en Espa?a o en Catalu?a¡ª tengan entre sus prioridades combatir este creciente apartheid social y sus negativos resultados. Si no lo hacen, el precio futuro de esta omisi¨®n tendr¨¢ efectos funestos para la cohesi¨®n y el orden democr¨¢tico de nuestras sociedades.

Josep M. Vall¨¨s es profesor em¨¦rito de Ciencia Pol¨ªtica (UAB)