Un juez impide que los alcaldes financien a una entidad soberanista

La justicia ha dado un varapalo a la Asociaci¨®n de Municipios por la Independencia (AMI) que dirige el alcalde por CiU de Vic, Josep Mar¨ªa Vila d'Abadal. El Juzgado Contencioso-administrativo n¨²mero 1 de Girona ha dictado una sentencia en la que anula el acuerdo del Consistorio de Garriguella (Alt Empord¨¤), tambi¨¦n gobernado por CiU, para pagar una cuota anual de 75 euros a la entidad. El juez sostiene que los Ayuntamientos no pueden destinar fondos p¨²blicos a intereses y proyectos que exceden al ¨¢mbito de sus competencias. Esta es la primera sentencia que se emite en el conflicto que mantiene la Delegaci¨®n del Gobierno en Catalu?a y los 692 Consistorios, 38 consejos comarcales y dos diputaciones adheridas a la AMI.

La sentencia descansa en la Ley de Bases de R¨¦gimen Local, que detalla las competencias municipales. Considera que el Ayuntamiento afectado ha hecho una lectura equivocada de la Constituci¨®n cuando define que los municipios gozar¨¢n de "autonom¨ªa para la gesti¨®n de sus respectivos intereses". "Resulta claro que la autonom¨ªa hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonom¨ªa no es soberan¨ªa. En ning¨²n caso el principio de autonom¨ªa puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de este donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art¨ªculo 2 de la Constituci¨®n", se?ala el texto en alusi¨®n al ep¨ªgrafe que apela a la "indivisible" unidad de Espa?a.

La entidad, cuya legalidad no cuestionan los Abogados del Estado ni el juez, se financia con los fondos de los municipios, que transfieren una cuota proporcional a su poblaci¨®n. Garriguella (900 habitantes), es uno de los m¨¢s peque?os, pero Vic, por ejemplo, destina 3.600. Llanos de Luna, delegada del Gobierno, ha ordenado cursar otros 34 recursos contra Ayuntamientos adheridos y la lista crecer¨¢ en cuanto examine las actas de los Plenos que autorizaron el pago.

La sentencia de Garriguella se inscribe en la batalla jur¨ªdica que la delegada mantiene con los Ayuntamientos secesionistas. En total, han cursado 270 procedimientos: 35 contra la AMI; 80 por la denominada guerra de banderas; un centenar contra los que han declarado la "soberan¨ªa fiscal" (traspasan sus tributos a la Generalitat) y 60 que se definen como territorio "libre y soberano".

El juez tambi¨¦n acepta la impugnaci¨®n del Abogado del Estado que denunciaba que el Ayuntamiento no hab¨ªa consignado la partida para la AMI en sus Presupuestos. En sus fundamentos, el magistrado apela a una sentencia del Supremo, que consider¨® nulo un acuerdo de un Ayuntamiento vasco de donar fondos a la entidad municipalista Udalbitza. De igual modo, cita la resoluci¨®n que conden¨® que los Ayuntamientos de Girona y Figueres organizaran trenes para acudir a la Diada de 2012 porque no beneficiaban a los vecinos en su conjunto.

La AMI asegur¨® que no tiene constancia de la sentencia y prefiri¨® aplazar cualquier valoraci¨®n. La entidad considera absurdo que la Delegaci¨®n del Gobierno intervenga en decisiones municipales al tiempo que lamenta que poner en marcha la maquinaria del Estado es mucho m¨¢s costoso que los 75 euros que fij¨® de cuota el Ayuntamiento de Garriguella.