Bruselas multa a Euskadi con 30 millones por las vacaciones fiscales

Euskadi ya sabe cu¨¢l es el precio de ningunear a la UE. El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) ha impuesto a Euskadi -oficialmente al Reino de Espa?a- una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las denominadas vacaciones fiscales vascas aprobadas por las diputaciones forales. Aunque las haciendas forales ya han recuperado el 100% de estas ayudas (alrededor de 500 millones de euros), el problema es que tardaron m¨¢s de una d¨¦cada, desde que las instituciones comunitarias pidieron a las diputaciones que las recuperaran. Las ayudas, que ya est¨¢n derogadas, se concedieron en forma de cr¨¦ditos fiscales correspondientes al 45% de las inversiones que superaban los 15 millones de euros y de exenciones fiscales temporales para reducir de manera sustancial el impuesto de sociedades a las empresas de nueva creaci¨®n durante los cuatro primeros a?os que obtuvieran beneficios. Europa penaliza con 30 millones que Euskadi mirara para otro lado cuando la normativa comunitaria obligaba a recuperar las ayudas ilegales concedidas en los a?os noventa a empresas vascas, conocidas como "vacaciones fiscales".

?El Tribunal de Justicia estima que "est¨¢ justificado condenar a Espa?a a pagar una suma a tanto alzado" ya que "el procedimiento de recuperaci¨®n de las ayudas ilegales se prolong¨® durante m¨¢s de cinco a?os despu¨¦s de que se dictara la sentencia de 2006, y que este retraso no pod¨ªa achacarse a dificultades relacionadas con la recuperaci¨®n de las ayudas". "Por otro lado, las ayudas ilegales son particularmente perjudiciales para la competencia, debido a lo elevado de su cuant¨ªa y al gran n¨²mero de beneficiarios de las mismas, raz¨®n por la cual habr¨ªa debido privarse a ¨¦stos sin demora de la ventaja de la que hab¨ªan disfrutado ilegalmente frente a sus competidores", apunta el fallo.

La CE comenz¨®

La sanci¨®n es, no obstante, menor que la que hab¨ªa propuesto la abogada general del TJUE, que ascend¨ªa a 50 millones de euros. Las subvenciones en cuesti¨®n fueron declaradas ilegales ya en 2001 y contaban con una sentencia en contra de 2006. El caso se remonta a 2001, cuando la Comisi¨®n declar¨® ilegales seis reg¨ªmenes de ayudas fiscales aprobadas por las diputaciones de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia y exigi¨® su devoluci¨®n. La Comisi¨®n Europea (CE) solicit¨® a este tribunal que impusiera a Espa?a una multa de 64.543.000 euros, es decir, 25.817,4 euros por d¨ªa transcurrido desde la sentencia en la que constataba que las ayudas eran ilegales y ped¨ªa su devoluci¨®n. Una de las abogadas generales del tribunal apoy¨® en enero imponer una sanci¨®n a Espa?a, aunque propuso una cantidad menor que la sugerida por la CE, de 50 millones. La letrada subray¨® entonces que, si los jueces aceptan finalmente esa multa, ser¨¢ la suma a tanto alzado m¨¢s elevada impuesta hasta ahora por la corte.

La abogada argument¨® que Espa?a merece la sanci¨®n porque tanto la cuant¨ªa de las ayudas ilegales como la demora en su recuperaci¨®n son considerables y porque la infracci¨®n reviste tal gravedad como para afectar al comercio entre los Estados miembros durante un largo per¨ªodo de tiempo. Aunque las recomendaciones del abogado general no tienen car¨¢cter vinculante, el Tribunal de la UE suele seguir la opini¨®n en la mayor¨ªa de los casos. La decisi¨®n del Tribunal de Justicia no ser¨¢ recurrible. Las conocidas vacaciones fiscales vascas engloban tres medidas vinculadas a la exenci¨®n del impuesto de sociedades, la reducci¨®n de la base imponible del impuesto de sociedades y al cr¨¦dito fiscal del 45 % del importe de ciertas inversiones. El primer grupo de ayudas fue objeto de un procedimiento anterior, mientras que los otros dos siguen pendientes de sentencia del Tribunal.

Se calcula que unas 300 empresas se beneficiaron de las ayudas

Se calcula que unas 300 empresas se beneficiaron de estas ayudas. La CE inici¨® un procedimiento de investigaci¨®n formal sobre este caso en 1999 a ra¨ªz de una denuncia y en 2001 lleg¨® a la conclusi¨®n de que constitu¨ªan ayudas estatales incompatibles con el mercado com¨²n, por lo que deb¨ªan ser suprimidas y los beneficiarios devolver los importes que hab¨ªan recibido. El Ejecutivo comunitario, ante la falta de respuesta de Espa?a a su petici¨®n, decidi¨® dar un paso e interponer seis recursos por incumplimiento contra el pa¨ªs en noviembre de 2003. El Tribunal de Justicia confirm¨® en 2006 que Espa?a hab¨ªa incumplido la orden de la Comisi¨®n y urgi¨® al pa¨ªs a recuperar las ayudas.

Cinco a?os despu¨¦s, la CE consider¨® que Espa?a segu¨ªa sin cumplir con esa sentencia de 2006 y present¨® el presente recurso en el que solicitaba a la m¨¢xima instancia judicial comunitaria que condenase a Espa?a al pago de una multa coercitiva y de una suma a tanto alzado. Sin embargo, en 2013 se celebr¨® una vista p¨²blica en la que la Comisi¨®n admiti¨® que, aunque tarde, Espa?a ya hab¨ªa recuperado todas las ayudas pendientes y como consecuencia retir¨® su petici¨®n de multa coercitiva, pero mantuvo el de la suma a tanto alzado. Los jueces de Luxemburgo decidir¨¢n ma?ana sobre esta cantidad a tanto alzado. Ante la posible interposici¨®n de una multa, el diputado general de Alava, Javier de Andr¨¦s (PP), propuso recientemente que el Gobierno Vasco asuma el 70 por ciento del importe, porque, argument¨®, de la misma manera que ese porcentaje de los ingresos por las 'vacaciones fiscales' le correspondieron, tambi¨¦n debe cubrir ese mismo porcentaje de la sanci¨®n.

Bizkaia defiende

A partir de ahora las instituciones van a debatir c¨®mo se reparten el pago de la multa. Gipuzkoa y ?lava creen que el Gobierno vasco deber¨ªa afrontar el pago del 70% del total ya que el 70% de los ingresos fiscales van al Gobierno. Bizkaia defiende que cada instituci¨®n se haga cargo de las cantidades que deb¨ªan recuperar en cada territorio. Seg¨²n la abogada general, la cuant¨ªa total a recuperar ascend¨ªa a 322,3 millones de euros, de los que 212,4 millones (65,89 %) se produjeron en Alava; 68,7 millones (21,31 %) en Bizkaia, y 41,2 millones (12,8 %) en Gipuzkoa. Alava se ha opuesto a esta soluci¨®n por ser la m¨¢s perjudicada, aunque tambi¨¦n la rechaza Gipuzkoa, que cree que lo primero que deben aclararse son las "responsabilidades pol¨ªticas", ya que cuando se aprobaron las "vacaciones fiscales", quien gobernada en ese territorio era el PNV.