La alcaldesa de Elche se?ala a Costa en la financiaci¨®n ilegal del PP
Una exdirectora general implica m¨¢s a la exconsejera De Miguel en G¨¹rtel
La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, ha se?alado este martes hacia Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, y David Serra, que fue el n¨²mero tres del partido, como responsables de la organizaci¨®n del acto en el que fue proclamada candidata en 2007. Una presentaci¨®n que corri¨® a cargo de Orange Market, filial valenciana de la trama G¨¹rtel, y que el juez Jos¨¦ Ceres investiga en el marco de la causa abierta por la supuesta financiaci¨®n ilegal de los populares valencianos en las elecciones municipales y auton¨®micas de ese a?o y en las generales de 2008.
Alonso, que declaraba en calidad de testigo, ha negado haber participado en la organizaci¨®n del acto, que se celebr¨® el 29 de marzo de 2007 y que la polic¨ªa ha relacionado con una factura de algo m¨¢s de 42.000 euros de Orange Market. La alcaldesa explic¨® que en aquel momento no ten¨ªa cargos org¨¢nicos en el partido y que esa jornada estuvo muy ocupada porque al acto asist¨ªan el entonces presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, y el l¨ªder nacional del partido, Mariano Rajoy.
Costa todav¨ªa no era entonces secretario general del PP, pero seg¨²n la investigaci¨®n ya se encarg¨® de aquella campa?a electoral desde la organizaci¨®n del partido. Serra, en cambio, ni siquiera formaba parte de ella.
La edil ha restado importancia a una fotograf¨ªa en la que aparece sonriente y rodeando con el brazo al jefe de Orange Market, ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, y que los socialistas hicieron p¨²blica en 2009 tras sacarla de su cuenta de Facebook. Alonso ha dicho que la foto se la iba a hacer con una tercera persona, que tambi¨¦n aparece en la imagen, y que P¨¦rez se puso a su lado.
El fiscal ha interrogado a Alonso sobre otros contratos que la trama consigui¨® en Elche a trav¨¦s de otras empresas, como Pasadena Viajes, pero la alcaldesa ha asegurado no tener conocimiento de los mismos.
Antes de Alonso ha declarado Clara Abell¨¢n, que fue directora general de la Mujer y est¨¢ imputada por haber intervenido presuntamente en dos contrataciones con la red que fueron fraccionados de forma que se les pudo adjudicar a dedo. Abell¨¢n ha apuntado en este caso hacia la exconsejera de Bienestar Social Alicia de Miguel, que dej¨® su esca?o en las Cortes Valencianas el mismo d¨ªa en que trascendi¨® su imputaci¨®n en la causa, el a?o pasado.
Seg¨²n Abell¨¢n, fueron De Miguel y su jefa de gabinete las responsables de contratar a Orange Market para organizarlos. Mietras que ella, que firm¨® las facturas, apenas habr¨ªa intervino porque ten¨ªa ¡°un pie fuera¡± de la consejer¨ªa, de la que se sent¨ªa desplazada. Otras fuentes niegan, sin embargo, que Abell¨¢n mencionara a la exconsejera en su declaraci¨®n y sostienen que la ex directora general solo se ha referido en gen¨¦rico a la consejer¨ªa.
La red, en cualquier caso, divid¨® en dos el primer contrato, acto llamado Violencia de g¨¦nero, tolerancia cero, de modo que ninguna de las facturas superase los 12.000 euros, ya que ello hubiese impedido la adjudicaci¨®n directa. E hizo lo mismo con el acto Punto final, en el que adem¨¢s una de las facturas se puso a nombre de otra empresa de la trama de Francisco Correa, Easy Concept.
El juez del caso G¨¹rtel en Valencia tiene varios frentes abiertos. Uno de ellos, en la misma pieza por fraccionamiento de contratos en la que est¨¢ implicada De Miguel, afecta al alcalde de Castell¨®n, Alfonso Bataller. El edil tambi¨¦n est¨¢ imputado por haber fraccionado presuntamente contratos en su etapa al frente de la Consejer¨ªa de Sanidad. Bataller ha presentado dos recursos de apelaci¨®n contra decisiones del magistrado instructor en los que acusa a Ceres de violar su derecho de defensa.
El alcalde de Castell¨®n, que si se cumple la promesa de Fabra de que no habr¨¢ imputados en las listas de los populares para las elecciones auton¨®micas y municipales del a?o que viene puede tener problemas para repetir como candidato, reprocha en sus escritos que el juez no le permita obtener los v¨ªdeos de algunas declaraciones judiciales. Y tambi¨¦n, que el magistrado haya excluido un testimonio, el del imputado Rafael Peset, de la documentaci¨®n que ha remitido a la Intervenci¨®n General del Estado para que elabore un nuevo informe sobre el fraccionamiento de contratos concedidos a las empresas de Correa.
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