La Audiencia de Alicante avala las escuchas policiales por el plan Rabassa

La pieza del caso Brugal relativa a la tramitaci¨®n del plan Rabassa en la ciudad de Alicante tiene un obst¨¢culo menos despu¨¦s de que la Audiencia haya desestimado el recurso del empresario Enrique Ortiz en el que ped¨ªa invalidar las escuchas policiales que le involucran en una posible modificaci¨®n del plan general urbano a su favor. Los abogados de Ortiz basaban su petici¨®n en que no hab¨ªan sido autorizadas por el juez competente.

Ya solo falta el informe policial para que el juez Juan Carlos Cer¨®n comience la instrucci¨®n de esta pieza derivada de la investigaci¨®n por el supuesto ama?o del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de Alicante. El auto de la secci¨®n tercera de la Audiencia desestima la anulaci¨®n de las escuchas policiales realizadas sobre Ortiz al tratarse de una cuesti¨®n ya resuelta en la Audiencia alicantina en un juzgado distinto.

La secci¨®n tercera de la Audiencia considera que el recurso de la defensa de Enrique Ortiz, as¨ª como la de otros afectados por la causa que se adhirieron a ¨¦l, merece la misma consideraci¨®n que se tuvo con respecto a la petici¨®n de anulaci¨®n de otras escuchas del caso Brugal, las referidas a los presuntos ama?os PGOU de la ciudad.

El asunto que tiene entre manos Cer¨®n arranc¨® con una denuncia de Esquerra Unida por tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n y cohecho en la tramitaci¨®n del plan Rabassa, zona de Alicante donde el constructor preve¨ªa construir 13.500 viviendas m¨¢s el plan parcial que albergar¨ªa un centro comercial en el que tambi¨¦n estar¨ªa la multinacional sueca Ikea.

Adem¨¢s del empresario, la formaci¨®n de izquierdas pretende la imputaci¨®n de la alcaldesa Sonia Castedo y su antecesor en el cargo, Luis D¨ªaz Alperi, as¨ª como el exgerente de Urbanismo Enrique Sanus y una t¨¦cnico del departamento, Isabel Campos.

La pieza que aborda Cer¨®n investiga las imputaciones penales en el supuesto ama?o del Plan Rabassa, una parte del PGOU alicantino cuya tramitaci¨®n ya tumb¨® el Tribunal Superior de Justicia por irregularidades en el proceso. Seg¨²n aquel fallo, el Ayuntamiento alicantino adjudic¨® al agente urbanizador un programa que no se aprob¨® hasta un a?o despu¨¦s.