Otra edil de Santiago dimite y se suma a sus siete compa?eros condenados

Un mero acto administrativo derivado de los m¨²ltiples sumarios en que est¨¢ inmerso ¡ªla decisi¨®n de pagar con dinero p¨²blico la defensa del entonces concejal Adri¨¢n Varela, imputado en la trama Pok¨¦mon¡ª ha hecho saltar por los aires al gobierno municipal de Santiago. Toda la Junta de Gobierno del PP, los siete ediles que ratificaron esa decisi¨®n el 30 de mayo de 2013, dimitieron a media tarde de ayer solo unas horas despu¨¦s de recibir una condena de inhabilitaci¨®n para ejercer cargo p¨²blico durante nueve a?os. Este mediod¨ªa otra concejala popular, imputada en el caso Pok¨¦mon pero no condenada a¨²n en ninguna causa, se uni¨® a las renuncias de sus compa?eros. La marcha de Rebeca Dom¨ªnguez, responsable de Xuventude e Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica, complica todav¨ªa m¨¢s la recomposici¨®n del gobierno local al elevar a nueve las vacantes, una cifra en la que se incluyen los siete miembros del ejecutivo dimitidos ayer y Adri¨¢n Varela, que entreg¨® el acta la semana pasada al acumular su segunda imputaci¨®n judicial. El alcalde, ?ngel Curr¨¢s, ya ha anunciado esta ma?ana que tendr¨¢ que recurrir a concejales no electos.

Los siete ediles condenados por prevaricaci¨®n anunciaron hoy que recurrir¨¢n la sentencia. Admitieron que su dimisi¨®n, que hicieron p¨²blica ayer a las ocho de la tarde tras una reuni¨®n con el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, les fue impuesta "por imperativo legal". El juez sustituto Jes¨²s Leal, que est¨¢ al frente del Juzgado de lo Penal n¨²mero 1 de Santiago, ha impuesto a los siete concejales la pena que reclamaba la fiscal¨ªa y les considera culpables de haber dictado una resoluci¨®n arbitraria a sabiendas cuando decidieron cargar a las arcas municipales la minuta del abogado de su compa?ero siguiendo a pies juntillas la petici¨®n del concejal afectado. El alcalde de la ciudad, ?ngel Curr¨¢s, que siempre ha defendido la inocencia de sus compa?eros, a los que acompa?¨® en el pesado tr¨¢mite del banquillo, que dur¨® casi seis horas el pasado 19 de mayo, asegur¨® tras conocer el fallo que lo iba a estudiar y anticip¨® una soluci¨®n ¡°en cuesti¨®n de horas¡±. El presidente de la Xunta y del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, quien tambi¨¦n ha respaldado a sus ediles en la capital gallega, se encontraba de visita institucional en Jap¨®n.

En las ¨²ltimas semanas hab¨ªa cundido el pesimismo en el partido y entre el c¨ªrculo m¨¢s pr¨®ximo al presidente Feij¨®o. Incluso la teniente alcalde, Reyes Leis, la ¨²nica edil que empez¨® la legislatura y no est¨¢ imputada por un juez, admiti¨® que se ultimaba un plan B por si la sentencia sal¨ªa cruz. El fallo de ayer es el ¨²ltimo rev¨¦s judicial que sufre el gobierno del PP en Santiago, que durante tres a?os de mandato ya hab¨ªa perdido a su anterior alcalde, Gerardo Conde Roa, condenado por fraude fiscal y a los concejales Albino V¨¢zquez Aldrey y Adri¨¢n Varela, acusados de graves delitos de corrupci¨®n en la trama Pok¨¦mon, igual que el anterior jefe de gabinete de la alcald¨ªa, ?ngel Espadas, encarcelado durante un mes por este mismo caso y actualmente en libertad condicional.

Precisamente el sumario Pok¨¦mon, que instruye la juez de Lugo Pilar de Lara e indaga sobre el presunto ama?o de contratos en distintas instituciones, est¨¢ en el origen de la inhabilitaci¨®n de la Junta de Gobierno de Santiago. La defensa de los ediles aleg¨® en el juicio celebrado hace unas semanas que todos actuaron siguiendo los informes del secretario municipal cuando aprobaron ¡ªtal y como les hab¨ªa llegado la propuesta del entonces edil Adri¨¢n Varela¡ª que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los honorarios de su letrado, el exjuez decano de Santiago Javier M¨ªguez Poza. Y defendi¨® tambi¨¦n que el acuerdo municipal adoptado aquel 30 de mayo de 2013 no conllevaba gasto alguno para el presupuesto p¨²blico sino que requer¨ªa de otro acto posterior para autorizar el pago de la minuta.

La fiscal del caso, Arancha Sanjos¨¦, aleg¨® justo lo contrario: que el gobierno local sab¨ªa, porque as¨ª constaba en el informe t¨¦cnico del secretario municipal y asesor jur¨ªdico, que la defensa del edil solo pod¨ªa costearse con dinero p¨²blico cuando se diesen los supuestos establecidos en su d¨ªa por el Tribunal Supremo. Es decir, que el imputado resultase absuelto, que la inculpaci¨®n tuviese su origen en una actuaci¨®n administrativa o de otra ¨ªndole en el cumplimiento de sus funciones como edil y que dicha intervenci¨®n no implicase desviaci¨®n de poder. En su dur¨ªsima sentencia, el juez concluye que ¡°los acusados fueron plenamente conscientes del contenido de dicho informe [del secretario] y sabedores de que en las circunstancias de su compa?ero municipal y miembro de su propio partido no concurr¨ªan los requisitos informados por la asesor¨ªa jur¨ªdica, pues conoc¨ªan perfectamente que Adri¨¢n Varela estaba imputado por varios delitos de corrupci¨®n en el marco de unas diligencias penales abiertas en su contra¡±.

La sentencia desacredita la declaraci¨®n de varios de los concejales en el juicio, donde alegaron que desconoc¨ªan o sab¨ªan vagamente por la prensa los delitos que se le atribu¨ªan a su compa?ero de Corporaci¨®n. ¡°Estas declaraciones son f¨¢cilmente refutables y poco cre¨ªbles¡±, seg¨²n el juez, ¡°primero, por la contradicci¨®n que existe entre los propios acusados, algunos de los cuales manifestaron que s¨ª ten¨ªan conocimiento de esta circunstancia y, segundo, porque es un hecho f¨¢cilmente verificable en las hemerotecas¡±. En el relato de hechos probados, el fallo sostiene que los ediles ¡°acordaron comprometer al presupuesto municipal el pago de una representaci¨®n letrada, sobre la defensa de un concejal imputado por actividades presuntamente delictivas en contra del propio ente administrativo¡±. Y recuerda que en la designaci¨®n del letrado de Varela nunca intervino la corporaci¨®n local sino que fue una elecci¨®n personal del edil imputado.

El juez tambi¨¦n sostiene que la propuesta aprobada con car¨¢cter urgente solo un par de horas despu¨¦s de que entrase por registro la petici¨®n del concejal imputado ¡°estableci¨® un v¨ªnculo obligacional entre el Ayuntamiento y el abogado designado para la representaci¨®n del concejal¡±. ¡°De dicho v¨ªnculo se podr¨ªa reclamar en un futuro la cantidad objeto de la correspondiente minuta que emitiese el letrado¡±, concluye el juez. La sentencia desbarata adem¨¢s la estrategia de la defensa de los ediles, que subray¨® que la moci¨®n aprobada inclu¨ªa una coletilla que, seg¨²n los ediles, condicionaba el pago de los honorarios del abogado a un informe posterior del interventor municipal. La defensa se basaba en la frase que figura en el acta del acuerdo: ¡°Sin perjuicio de la posterior fiscalizaci¨®n que se derive de las minutas correspondientes¡±. Pero el fallo sostiene que dicha frase pivota sobre ¡°un punto incierto y escasamente probable y que entra dentro de lo aleatorio y lo casual¡±. Y a?ade: ¡°Adoptar un acuerdo donde con car¨¢cter previo y en su origen se advierten evidentes, patentes, flagrantes y clamorosos vestigios de ilegalidad, no justifica cualquier otra circunstancia o eventualidad colateral. Esta posterior fiscalizaci¨®n que se podr¨ªa derivar de las minutas correspondientes es una circunstancia futura y contingente que en modo alguno afecta a la legalidad del acuerdo adoptado¡±.