El PP apenas dispone de recambios para suplir a los siete condenados
La oposici¨®n culpa a Feij¨®o por no atajar antes la crisis municipal
Los siete concejales de Santiago condenados ayer por prevaricaci¨®n despacharon las explicaciones sobre sus renuncias con un lac¨®nico comunicado le¨ªdo tras reunirse en con el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, en la sede del partido. Una de las dimisionarias, la hasta ahora portavoz del gobierno municipal, Mar¨ªa Pardo, flanqueada por Rueda y por el alcalde, ?ngel Curr¨¢s, ley¨® la nota en la que ella y sus compa?eros proclaman su inocencia adem¨¢s de anunciar que recurrir¨¢n el fallo judicial por considerarlo ¡°injusto¡± y ¡°desproporcionado en lo que se refiere a la pena¡±. Y ya no hubo m¨¢s explicaciones. Curr¨¢s no solo evit¨® comentar c¨®mo resolver¨¢ la enorme crisis que afronta ahora ¡ªsolo le quedan seis ediles¡ª sino que incluso dej¨® sin contestar la pregunta de si dimitir¨¢ ¨¦l mismo. Al mediod¨ªa, el alcalde hab¨ªa hecho unas breves declaraciones en el Ayuntamiento, donde reconoci¨® que la sentencia supone ¡°un golpe muy duro¡± para su gobierno, pero tampoco ofreci¨® m¨¢s pistas sobre sus planes de futuro.
?La situaci¨®n es enrevesada para el PP compostelano, cuyo grupo municipal ya estaba diezmado despu¨¦s de que otras actuaciones judiciales obligaran a dimitir al exalcalde Gerardo Conde Roa y a los concejales Albino V¨¢zquez Aldrey y Adri¨¢n Varela. De los 25 miembros de la candidatura del PP a las ¨²ltimas elecciones municipales solo quedan disponibles los ocho ¨²ltimos. Pero uno de ellos ha fallecido. Y otro est¨¢ indirectamente implicado en el caso Pok¨¦mon, cuyo sumario revela maniobras para enchufar a una hija suya en una de las contratas municipales del grupo Vendex, situado en el eje de la trama.
Entre los seis restantes figuran adem¨¢s el conselleiro de Medio Ambiente y n¨²mero tres del PP gallego, Agust¨ªn Hern¨¢ndez, y la diputada en el Congreso Marta Gonz¨¢lez. Los dos han figurado en todas las quinielas sobre posibles candidatos de futuro para los populares compostelanos, pero en las circunstancias actuales parece dif¨ªcil que accedan a tomar posesi¨®n como concejales, en especial el conselleiro Hern¨¢ndez. El PP, por tanto, se ver¨ªa abocado a recurrir a los suplentes de la lista o incluso a reclutar concejales no electos, una posibilidad que le ofrece la ley electoral.
Uno de los dos grupos de la oposici¨®n local, el BNG, exige que dimita tambi¨¦n Curr¨¢s, imputado ¨¦l mismo en dos causas judiciales. ¡°No puede seguir ni un d¨ªa m¨¢s. Est¨¢ deslegitimado y desprestigiado¡±, acus¨® el portavoz nacionalista, Rub¨¦n Cela. Tanto ¨¦l como el socialista Francisco Reyes se?alaron al presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto N¨²?ez, Feij¨®o como responsable ¨²ltimo de la situaci¨®n por no haber tomado medidas antes. ¡°La situaci¨®n de la capital de Galicia es un esperpento que prueba la podredumbre generalizada de este r¨¦gimen¡±, sentenci¨® el l¨ªder de AGE, Xos¨¦ Manuel Beiras. ¡°Esto tendr¨ªa que haberse limpiado antes a iniciativa de Feij¨®o¡±, abund¨® el l¨ªder del BNG, Xavier Vence, apreciaci¨®n en la que coincidieron otras fuerzas pol¨ªticas como UPyD y Compromiso por Galicia. Sin citar a Feij¨®o, el secretario general del PSdeG, Jos¨¦ Ram¨®n G¨®mez Besteiro, hab¨ªa instado al PP, antes de conocer las dimisiones, a no permitir que ¡°el problema se extienda¡±.
Los dem¨¢s pagan de su bolsillo
Los Ayuntamientos de Lugo, Ourense y A Coru?a, con regidores o tenientes de alcaldes imputados judicialmente, no pagan los gastos de representaci¨®n y defensa de sus cargos municipales. Los gobiernos locales de estas ciudades, a diferencia de Santiago, eludieron cargar a sus cuentas p¨²blicas las minutas de los abogados de sus miembros inmersos en procesos judiciales. Incluso en los casos en los que la ley les permite reclamar la asunci¨®n de esos gastos por tratarse de inculpaciones o procesamientos derivados de actuaciones en el ejercicio de su cargo y cometidas sin abuso, exceso, desviaci¨®n de poder o por inter¨¦s particular.
Son estos requisitos imprescindibles para que sea leg¨ªtimo, seg¨²n establece una sentencia del Tribunal Supremo del a?o 2000, que un alcalde o un edil reclame que su defensa jur¨ªdica sea pagada con fondos p¨²blicos. No es el caso del teniente de alcalde de A Coru?a, Julio Flores (PP), que paga su abogado por su imputaci¨®n por corrupci¨®n en el abultado sumario de la Operaci¨®n Pok¨¦mon.
El alcalde de Lugo, el socialista Xos¨¦ L¨®pez Orozco, tambi¨¦n implicado en esa causa, tampoco carga a las arcas municipales sus gastos de defensa. Fue su partido el que los asumi¨® por otras causas ya archivadas contra este regidor. En Ourense, el alcalde y dos de sus concejales del gobierno local ¡ªlos tres tambi¨¦n socialistas¡ª pagan igualmente de su bolsillo los abogados que los defienden de las imputaciones que le valieron denuncias de la oposici¨®n local.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
