Grau rebaja su particiaci¨®n en la fundaci¨®n investigada en el ¡®caso N¨®os¡¯

El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha entregado al juez del caso N¨®os, Jos¨¦ Castro un certificado que indica que participaba con un 17% de los votos en la toma de decisiones de la Fundaci¨®n Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) y no con un 99,55% como indica un informe del sumario.

El juez Castro ha dictado este lunes una providencia con la que da traslado a las partes personadas en el caso N¨®os de varios documentos presentados por Grau el pasado s¨¢bado, cuando declar¨® como imputado en esta causa, en relaci¨®n con varios convenios firmados entre la FTVCB, que ¨¦l preside, y el Instituto N¨®os, para organizar tres foros deportivos en Valencia.

El juez Castro cit¨® a Grau a declarar como imputado al apreciar "indicios fundados de criminalidad" en los convenios suscritos entre el instituto que presid¨ªa I?aki Urdangarin, la FTVCB y la Ciudad de las Artes y las Ciencias SA para celebrar dichas jornadas.

El magistrado se bas¨®, entre otras pruebas, en un informe de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE) sobre la naturaleza jur¨ªdica de la FTVCB, seg¨²n el cual el Ayuntamiento de Valencia financia casi la totalidad de su presupuesto, controla su gesti¨®n con el 99,55% de los votos en su patronato, y adem¨¢s los fondos que maneja la entidad son "abrumadoramente p¨²blicos".

Grau ha aportado siete documentos, entre los que figura un certificado del secretario del patronato de la FTVCB que acredita que ten¨ªa un 17% de los votos.

Otro documento aportado por el vicealcalde valenciano es una publicaci¨®n de 2004 de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado en la que ofrece un listado de las entidades integrantes del sector p¨²blico fundacional municipal y no incluye a la FTVCB.

Adem¨¢s ha entregado al juez un certificado de la intervenci¨®n general del Ayuntamiento de Valencia que acredita que todas las asignaciones presupuestarias a la FTVCB entre 1992 y 2013 se han hecho con el concepto de "transferencias a empresas privadas" o bien a "organizaciones sin fines de lucro ajenas a la administraci¨®n municipal".

Grau ha entregado tambi¨¦n un dictamen de un catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Madrid sobre la FTVCB que indica que la entidad no pertenece al sector p¨²blico, es una persona jur¨ªdica de derecho privado y que los convenios que firm¨® con N¨®os no pueden ser considerados contratos de servicios.

Por otra parte, el juez Castro ha dado por interpuesto el recurso de reforma del sindicato Manos Limpias contra su decisi¨®n de no realizar una prueba caligr¨¢fica de las firmas de I?aki Urdangarin y al infanta Cristina que figuran en las actas de la empresa Aizoon que figuran en el sumario y de rechazar consultar a los duques de Palma acerca de la autenticidad o falsedad de dichas firmas.

Manos Limpias, que ejerce la acusaci¨®n popular, ha reiterado la petici¨®n por considerar que la instrucci¨®n del caso N¨®os no puede culminar con "flecos sueltos" como las dudas sobre la autenticidad de esas firmas, porque puede tener consecuencias jur¨ªdicas en el juicio oral.

"Los imputados pudieran negar la autor¨ªa de cualesquiera de las firmas suyas existentes en las actuaciones y por lo tanto ello llevar al absurdo (...) de no poder tener por acreditados y probados determinados hechos il¨ªcitos que en tal caso pudieran quedar impunes", se?ala Manos Limpias en su escrito.

El sindicato recuerda que durante su declaraci¨®n como imputada, la infanta Cristina no contest¨® a sus preguntas, por lo que no pudo interrogarla sobre las firmas.